La comunidad mundial debe prestar más atención al constante ataque contra los derechos humanos en Colombia, en especial la desaparición forzada de la que son víctimas dos personas por día en promedio, advirtió en esta capital la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú.
Menchú encabeza una misión internacional humanitaria que el próximo fin de semana se trasladará al puerto petrolero de Barrancabermeja, ubicado a 350 kilómetros de Bogotá en el septentrional departamento de Santander, hoy sitiado por paramilitares derechistas de las Autodefensas Unidas de Colombia.
«Es repudiable que cada vez más la desaparición de personas es utilizada como mecanismo de chantaje», dijo a IPS la activista guatemalteca.
El deterioro de los derechos humanos en Colombia, en medio de un conflicto cruento y complejo que ya lleva más de medio siglo, «no es comparable con nada», añadió.
Menchú llegó el martes a Colombia, acompañada de Rose Marie Asker, coordinadora de los países andinos de la sección sueca de Amnistía Internacional, de Martha de Vázquez, de la argentina Asociación de Madres de Plaza de Mayo, y de otras personalidades.
Ese día se cumplió un año de vigencia de la ley que tipifica el delito de desaparición forzada de personas, que establece penas de prisión de entre 25 y 40 años.
Antes de la promulgación de esta norma los casos de desaparición eran juzgados como secuestro o secuestro simple, que impone castigos muy inferiores a los contemplados en la nueva ley.
«La norma no tiene la fuerza para trasformar la realidad, pero hay que tener voluntad, elementos y herramientas para modificarla», explicó a IPS Carlos Rodríguez, de la organización no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas.
Rodríguez advirtió que «el incremento de la desaparición forzada no esta directamente vinculado con la vigencia de la ley, sino con el terrible deterioro de los derechos humanos en el país».
La Fiscalía y la Procuraduría, organismos estatales acusadores, han hecho un gran esfuerzo por adelantar las investigaciones, pero a veces no cuenta con el respaldo de las fuerzas de seguridad para acceder a las zonas donde se comete el delito, explicó.
Pero la ley de desaparción forzada de personas recorrió un largo camino hasta ser aprobada.
En 1988 se presentó al Congreso el primer proyecto destinado a poner freno a esa práctica contra los derechos humanos, pero fueron necesarios 11 años para lograr su promulgación.
Tres de los seis proyectos presentados en ese lapso fueron archivados y otros dos objetados, uno por el presidente César Gaviria (1990-1994) y otro por el actual gobierno de Andrés Pastrana.
La demora en aprobar una norma específica contra la desaparición forzada de personas motivó que Colombia fuera duramente cuestionada por parte de organizaciones humanitarias internacionales.
Ahora, la visita de la delegación humanitaria tiene como «primer objetivo dar un apoyo sólido, un acompañamiento y una llamada de atención directa respecto de la situación que afrontan los familiares de las víctimas organizados en Asfaddes (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos)», explicó Menchú.
La activista añadió que «lo más importante es nuestra presencia en las áreas de mayor conflicto, para así sensibilizar a la opinión nacional e internacional sobre el fenómeno» de los desaparecidos en Colombia.
La delegación humanitaria extranjera ya visitó Medellín, en el noreste del país, y Popayán, capital del meridional departamento de Cauca, dos de las nueve sedes de Asffaddes que afrontan el mayor riesgo de ataques de paramilitares.
La oficina de Barrancabermeja, localidad de 200.000 habitantes que la misión visitará el próximo fin de semana, es una de las cuatro que la asociación de familiares de desaparecidos debió clausurar debido a las amenazas y atentados de que fueron víctimas.
Menchú narró a IPS que han recibido testimonios «espeluznantes de afiliados a Asfaddes, en su mayoría de mujeres viudas, madres, que sufren por la desaparición de un familiar y que además tienen hijas de 13 y 14 años amenazas y perseguidas».
«Se da un doble crimen, porque muchas personas son asesinadas por denunciar la desaparición de un familiar. El símbolo de la asociación se quiere destruir», apuntó Menchú.
La presidenta de Asfaddes, Gloria Galíndez, también comentó a IPS que lo más aberrante es la desaparición de miembros de la asociación, que son «personas que ya han vivido el drama de no volver a saber nada de un familiar».
Ejemplos de ello son Angel Quintero y Claudia Monsalve, de la oficina de Medellín, quienes desaparecieron el 6 de octubre del año pasado.
«Con los casos de Claudia y Angel, desafortunadamente estrenamos la ley y se implementaron los mecanismos para su aplicación», indicó Galíndez .
Paradójicamente, las responsabilidades por esas desapariciones apuntan a miembros del «Gaula», unidad militar especializada en la lucha contra los secuestros, quienes también serían los autores de intercepciones ilegales de los teléfonos en la sede de Asfaddes de Medellín.
La cantidad de desaparecidos en Colombia, en el marco del enfrentamiento armado entre fuerzas de seguridad, guerrillas izquierdistas y paramilitares, sumaban unos 4.000 hasta fines de 1999.
Sin embargo, la situación se agravó a partir del año pasado, cuando el promedio de desapariciones pasó de una a dos personas por día.
Asfaddes informó que en 2000 desaparecieron 743 personas, en especial en el marco del desplazamiento de personas de sus hogares a causa de la violencia.
Galíndez afirmó que en 70 por ciento de las desapariciones la responsabilidad recae sobre los paramilitares y «muchas veces actuando con mucha facilidad, con complacencia y tolerancia de agentes de seguridad del Estado».
El último informe de la oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas asegura que la desaparición forzada «siguió siendo una práctica reiterativa de los paramilitares con finalidades punitivas e intimidatorias».
Agrega que en zonas rurales, donde se presentaron incursiones de estos grupos derechistas, se dio «una y otra vez el caso de personas a quienes nunca volvió a verse después de ser sacadas de sus hogares o de sus lugares de trabajo «.
La misión humanitaria internacional que encabeza Menchú elaborará un informe de su visita y evaluará las medidas que el gobierno ha adoptado para proteger a los miembros de Asfaddes.
«Ojalá que el presidente Pastrana, así como se esforzó para conseguir la Copa América de fútbol, tenga también tiempo para recibir esta misión internacional y encarar personalmente el problema de la desaparición forzada, que es un crimen contra la humanidad», apuntó Rodríguez. (FIN/IPS/pl/dm/hd/01
