La entrega del ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic al tribunal internacional para crímenes de guerra en La Haya, Holanda, representa un aliento para activistas que desean el mismo destino para los genocidas de Asia.
Algunos creen que el proceso a Milosevic en La Haya es un caso de justicia selectiva impuesta por Occidente, pero todos coinciden en que se trata de un precedente importante para someter a juicio a responsables de crímenes contra la humanidad en el resto del mundo.
En Asia está en marcha la creación de un tribunal internacional auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para juzgar a ex dirigentes del Jemer Rojo, régimen maoísta que gobernó Camboya entre 1975 y 1979 y asesinó a más de un millón de personas.
La ONU también recomendó la formación de un tribunal internacional para juzgar a militares de Indonesia por su responsabilidad en la campaña de violencia alrededor del referéndum que determinó en 1999 la independencia de Timor Oriental.
Una comisión de derechos humanos en Yakarta descubrió suficiente evidencia contra oficiales militares y contra paramilitares indonesios, responsables de torturas, desplazamientos forzados, secuestros, violaciones y masacres.
Pero crece el clamor por la investigación de otros crímenes contra la humanidad en Asia, como la masacre de civiles en Bangladesh a manos del ejército paquistaní, en la guerra de independencia de 1971, hasta los asesinatos y deportaciones masivas contra las minorías étnicas por el régimen militar de Birmania.
Además, organizaciones de derechos humanos reclaman determinar ante la justicia la responsabilidad de militares y funcionarios de Estados Unidos por crímenes contra la humanidad cometidas en el marco de las intervenciones de ese país en Asia sudoriental en los años 60 y 70.
Si se investigan con seriedad los crímenes contra la humanidad, definidos de la misma forma que las atrocidades de los serbios contra los albaneses de Kosovo, muchos gobernantes y ex gobernantes de Asia podrían ser encausados, opinó un diplomático.
El Tribunal Militar Internacional en Nuremberg, creado luego de la segunda guerra mundial para juzgar a oficiales nazis, definió los crímenes contra la humanidad como «asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra poblaciones civiles antes o durante la guerra».
También incluyó a las «persecuciones políticas, raciales o religiosas cometidas en cualquier jurisdicción del tribunal, aun cuando no violen las leyes internas del país donde se cometen».
En los tribunales internacionales para Ruanda y para la antigua Yugoslavia la lista de crímenes específicos contra la humanidad aumentó, al incluir la violación y la tortura.
El estatuto del Tribunal Penal Internacional negociado en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, firmado en Roma hace tres años por 120 países, también abarca en la definición a la desaparición forzada de personas y al apartheid (segregación racial institucionalizada por razones étnicas).
«En base a estas definiciones, no hay duda de que lo que hace el ejército birmano contra las minorías étnicas encaja a la perfección en la categoría de crímenes contra la humanidad, pero se necesita evidencia firme para ir ante un tribunal», dijo un activista británico que investiga denuncias contra Birmania.
Se estima que dos millones de personas de las minorías shan, karen y karenni fueron desplazadas por la fuerza en Birmania, la mayoría por las intensas campañas armadas del ejército contra organizaciones separatistas.
Activistas de derechos humanos conocen casos de violación, asesinato, trabajo forzado, y destrucción de cosechas y viviendas, pero carecen de evidencia suficiente, aparte de la versión de testigos o víctimas, para demostrar que los crímenes son parte de una campaña sistemática del régimen militar.
Aun en el caso de Milosevic, el tribunal en La Haya tendrá una ardua tarea para demostrar de manera categórica la responsabilidad o vinculación del ex presidente con los crímenes contra la humanidad cometidos por soldados, policías y paramilitares serbias.
El tribunal responsabilizó en 1999 a Milosevic de una campaña de limpieza étnica contra la mayoría albanesa de la meridional provincia de Kosovo, pero la fiscalía se propone acusarlo también de crímenes en Croacia y en Bosnia-Herzegovina, que lograron la independencia en guerras de secesión a comienzos de los años 90.
Pero la falta de evidencia no es el único obstáculo para llevar a juicio a criminales de Asia. El principal problema es el político, ya que mucho de los acusados están todavía en el poder o bajo la protección de los gobiernos.
«Los asesinatos en masa contra supuestos comunistas en Indonesia, organizados por el gobierno en 1965, y las detenciones arbitrarias de otros cientos de miles de personas, son sin duda crímenes contra la humanidad», sostuvo Vanessa Johanson, asesora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Yakarta.
«Sin embargo, es improbable que haya una resolución legal de este caso, mientras el comunismo sigue siendo ilegal en Indonesia», añadió.
Autoridades militares de Indonesia implicadas en crímenes contra la población de Timor Oriental advirtieron sobre «un posible golpe militar» si se intenta organizar un juicio.
En Birmania, los intentos de llevar a juicio a los responsables de crímenes contra la humanidad afrontan obstáculos mayores, pues la junta militar que gobierna el país se halla cada vez más consolidada en el poder.
Pero no todas las denuncias públicas de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra o genocidio en Asia están dirigidas a los gobernantes de la región. Estados Unidos es también acusado por su papel en la guerra de Vietnam en los años 60 y 70.
Se estima que los bombardeos estadounidenses sobre Camboya a fines de los años 60 y comienzos de los 70 mataron a cerca de 600.000 civiles y obligaron al abandonar sus hogares a otros cientos de miles.
Existen documentos que prueban las masacres de civiles vietnamitas indefensos a manos de soldados estadounidenses.
La prensa estadounidense reveló días atrás que un escuadrón liderado por el hoy senador Bob Kerrey asesinó a varias mujeres, niños y ancianos vietnamitas en una aldea del Delta de Mekong. Activistas de derechos humanos pidieron que el legislador sea investigado por crímenes de guerra.
El periodista Christopher Hitchins publicó a comienzos de este año un libro titulado «Proceso a Henry Kissinger», que reúne documentación sobre la participación del ex secretario de Estado estadounidense en crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos en Chile, Grecia, Vietnam y otros países.
El juicio a Milosevic, por ser un ex jefe de Estado, demuestra que nadie está por encima de la justicia y que sólo es cuestión de tiempo para que este concepto sea aplicado a culpables de otros países más poderosos, como Estados Unidos, según activistas.
De acuerdo con esta óptica, el movimiento para establecer ante los tribunales la responsabilidad de las personas que cometieron crímenes contra la humanidad, independientemente de su posición, ganará más y más terreno en los próximos años. (FIN/IPS/ss/ral/rp/mj/ip hd/01
