El Ministerio de Justicia de Argentina recibió el pedido de extradición del juez italiano Claudio Tortora contra el ex capitán de Navío Alfredo Astiz, participante en actos de represión durante la última dictadura militar (1976-1983).
La jueza argentina María Servini será la encargada de decidir la respuesta a la solicitud de Tortora, recibida el miércoles de noche, informó el ministro de Justicia Jorge de la Rúa.
Astiz está preso desde el 2 de este mes, tras un pedido de detención preventiva dictado por la justicia italiana, que lo considera responsable de la desaparición de tres ciudadanos de ese país.
El ministro De la Rúa aseguró que aguarda la decisión de Servini, pero el gobierno reiterará, como en pedidos anteriores de extradición de represores, que la justicia argentina es la única competente para juzgar crímenes cometidos durante la dictadura, según fuentes oficiales.
Al mismo tiempo se conoció la negativa de las autoridades de Uruguay a extraditar a tres militares y un policía requeridos por el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral, que investiga la Operación Cóndor, coordinación represiva de las dictaduras militares del Cono Sur latinoamericano de los años 70.
El canciller uruguayo Didier Opertti informó que el gobierno de su país no trasladará a la justicia el pedido de detención preventiva con fines de extradición cursado por Canicoba Corral, pues una primera solicitud en ese sentido había sido desestimada por el Ministerio del Interior.
«El Estado es uno solo y una dependencia no puede decir que no y otra decir que sí», dijo Opertti.
Canicoba Corral ordenó hace dos semanas la prisión preventiva del ya encarcelado ex dictador argentino Jorge Rafael Videla, hasta hoy el único procesado en la causa por la Operación Cóndor.
El mismo juez solicitó el viernes a Chile la extradición del ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990) y a Uruguay la del ex comandante del ejército Julio César Vadora.
Aunque las medidas adoptadas por Canicoba Corral repercutieron favorablemente en organizaciones de derechos humanos, en general, no generaron demasiadas expectativas.
Evel Petrini, de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, sostuvo que «no existe disposición política» de enjuiciar a los responsables de la represión ilegal, por lo que los últimos movimientos constituyen una «farsa judicial».
«No creemos que los vayan a condenar. Las Madres no creemos en esta justicia y tampoco creemos que los mismos políticos que los perdonaron estén dispuestos a hacer algo», sostuvo.
Cristina Caiatti, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dijo a IPS que «siempre es positivo que sean perseguidos los responsables de secuestros y asesinatos», pero también manifestó una expectativa moderada en cuanto a la resolución favorable de los pedidos de extradición.
Caiatti sostuvo sus previsiones en los antecedentes de la justicia chilena y en la negativa de las autoridades uruguayas a hacer efectivas las solicitudes.
Astiz está detenido en una dependencia de la Prefectura Naval en Zárate, en la provincia de Buenos Aires.
Tortora investiga la desaparición de los italianos Angela Aieta, en 1976, y de Juan Pegoraro y de su hija embarazada, Susana, en 1977.
Según Abuelas de Plaza de Mayo, mientras estaba secuestrada Susana Pegoraro dio a luz una niña que podría ser Evelyn Vázquez, que se ha negado a someterse a un estudio genético para determinar su filiación.
Vázquez sólo accederá a efectuarse el examen si la justicia le garantiza que el resultado no será utilizado para condenar a quien ella cree que es su padre, el ex marino Policarpo Vázquez, detenido y procesado por apropiación ilegal de menor.
Sobre Astiz, conocido como «Angel Rubio» por los represores, pero también como «Angel de la Muerte», también pesan dos pedidos de captura cursados por la justicia de Suecia y la de España.
Además, fue condenado en ausencia en 1990 en Francia a cadena perpetua por el secuestro, tortura y asesinato de dos monjas ciudadanas de ese país, Alice Domon y Leonie Duquet, capturadas por represores junto con familiares de desaparecidos, entre las que figuraban integrantes de Madres de Plaza de Mayo.
Astiz se había infiltrado en un grupo de familiares, haciéndose pasar por el hermano de un desaparecido.
Argentina no entregó a Astiz a Francia, pues el ex marino había sido beneficiado, junto con otros cientos de represores ilegales, por las leyes de amnistía sancionadas en 1987.
Esas leyes fueron declaradas nulas por un juez federal, pero esa decisión aún no ha sido aplicada pues se requiere la confirmación de la Corte Suprema de Justicia.
La justicia de Suecia acusa a Astiz por el secuestro y asesinato de la joven sueca Dagmar Hagelin, baleada por el grupo de represores que dirigía el marino al confundirla con otra mujer.
Por su parte, el juez español Baltasar Garzón consideró a Astiz como uno de los responsables de numerosas desapariciones de ciudadanos españoles y sus descendientes, y, aunque solicitó con insistencia su extradición, nunca obtuvo una respuesta favorable de las autoridades argentinas.
Astiz fue procesado en 1988 y luego destituido de la Marina de guerra porque había declarado públicamente que era la persona mejor preparada de la Argentina «para asesinar a un político o a un periodista». El ex militar también se ufanó entonces de haber sido entrenado para matar, destruir y poner bombas. (FIN/IPS/va/mj/hd/01
