El opositor Partido Demócrata de Estados Unidos presentará algunos proyectos legislativos para acortar la brecha que lo separa del presidente George W. Bush y su Partido Republicano en materia de ambiente y trabajo.
Las iniciativas incluirán normas laborales y ambientales hasta ahora rechazadas por los republicanos, anunció el senador Max Baucus, presidente de la Comisión Financiera del Senado.
«Mi meta es obtener la 'vía rápida' con el mayor respaldo posible», dijo Baucus, en referencia a la ahora denominada «Autoridad de Promoción Comercial», que permite al presidente negociar acuerdos internacionales de comercio sin que el Congreso pueda modificarlos.
Baucus trabaja en las propuestas junto a los líderes demócratas de la Cámara de Representantes, entre ellos Sander Levin, de Louisiana, quien jugó un papel clave en la aprobación el año pasado de una ley que otorgó a China el estatuto de «relaciones comerciales normales».
Estos esfuerzos por alcanzar un arreglo con los republicanos son rechazados por los detractores estadounidenses del libre comercio y los países en desarrollo opuestos a la inclusión de «cláusulas sociales» en los tratados comerciales.
Entre los primeros figuran sindicatos, organizaciones ambientalistas y nacionalistas económicos, temerosos de que, para ganar el respaldo de Bush y de la mayoría del Congreso, las propuestas sobre ambiente y trabajo deban ser demasiado laxas para tener un efecto significativo.
«Estamos tratando de convencer al senador Baucus de que no adopte este enfoque», declaró Gary Hubbard, portavoz de Trabajadores del Acero Unidos, el sindicato nacional que encabezó la lucha contra la vía rápida en 1997.
Ese proyecto, impulsado por la administración de Bill Clinton (1993-2001), nunca obtuvo la mayoría parlamentaria y fue retirado de la consideración de la Cámara de Representantes antes de que pudiera someterse a votación.
Mediante la elaboración de una propuesta amplia, los demócratas esperan forzar a los líderes republicanos de la Cámara a ceder a la inclusión de normas laborales y ambientales en la ley sobre Autoridad de Promoción Comercial.
Bush está deseoso de obtener esa autoridad para iniciar una nueva ronda de conversaciones comerciales que «abran paso a una nueva era de crecimiento económico mundial», como dijo al Banco Mundial la semana pasada.
El presidente también impulsó el libre comercio y la necesidad de la vía rápida en la cumbre del Grupo de los Ocho (G-8), celebrada la semana pasada en Génova, Italia.
Sin embargo, Baucus criticó a la administración por no avanzar con suficiente rapidez en cuanto a la vía rápida.
«Hasta ahora, el compromiso de este gobierno ha sido más retórico que real», dijo el viernes.
«Aunque produjo algunos principios vagos, no realizó propuestas legislativas serias. Pese a sus promesas de compromiso constructivo, la administración no parece dispuesta a embarcarse en las duras negociaciones necesarias para convertir la vía rápida en realidad», agregó el senador.
Para fojar «una verdadera política comercial bipartidaria», dijo Baucus, el gobierno debe empezar a negociar seriamente con los demócratas para comienzos de septiembre. «Si quieren la vía rápida, deben comprender que el tiempo de asumir posturas se terminó», advirtió.
Los proyectos que los demócratas pretenden impulsar exigen a los países que celebren acuerdos comerciales con Estados Unidos «garantías» de que no debilitarán sus normas ambientales ni laborales para ganar ventaja competitiva.
Así mismo, establecen que se debe permitir a los países que restrinjan el comercio de bienes fabricados mediante trabajo esclavo o infantil, y proponen la creación de un acuerdo multilateral que incorpore cuestiones ambientales al comercio.
«No podemos redactar hoy un acuerdo comercial sin cuestiones ambientales, y lo mismo se aplica al trabajo y al mercado de trabajo», dijo Levin. «Lo que importa para la competencia doméstica importa para la competencia mundial».
Los demócratas también consideran incluir en el proyecto una disposición, aprobada en la Comisión Financiera del Senado el día 19, que renueva y fortalece un programa para otorgar fondos a trabajadores desplazados por las importaciones y los avatares de la economía mundial.
Con la nueva ley, el programa se extendería a toda una industria y los beneficios se ampliarían de 52 a 78 semanas. El actual programa vence en septiembre.
Alan Tonelson, analista comercial del Consejo Comercial e Industrial de Estados Unidos, opuesto a la vía rápida, opinó que la propuesta de inclusión de fondos para los trabajadores en el proyecto de ley procede de «moderados en busca de la aprobación de los sindicatos».
Pero es improbable que esa táctica obtenga el apoyo de la coalición sindical-ambientalista que lucha contra la Autoridad de Promoción Comercial, advirtió.
«No existen sustitutos para una política comercial que respalde a la industria manufacturera nacional. La mejor forma de capacitación de los trabajadores es el trabajo», sentenció.
La propuesta de los demócratas también incluiría disposiciones para proteger las industrias afectadas por importaciones y ampliar el papel del Congreso en el comercio mediante la eliminación de restricciones sobre la forma de debate parlamentario de los acuerdos de libre comercio. (FIN/IPS/tra-en/ts/aa/mlm/if- ip/01
