El Poder Judicial acogió en Chile una demanda de organizaciones ambientalistas, sindicales y sociales, que podría obligar al gobierno a hacer públicos los documentos de la negociación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
La presentación de la demanda judicial tiene como objetivo establecer un efectivo control ciudadano sobre los términos del acuerdo comercial que los dos países esperan poner en marcha entre 2002 y 2003, dijeron este viernes los demandantes.
Osvaldo Rosales, director general de Relaciones Económicas Internacionales de la cancillería chilena, deberá informar a más tardar el miércoles próximo a los tribunales sobre las razones del gobierno de Ricardo Lagos para declarar secretos los documentos de la negociación.
Rosales fue notificado de la demanda el miércoles, mientras se desarrollaba en Santiago la sexta ronda de conversaciones entre los equipos negociadores de Chile y de Estados Unidos, que finalizó este viernes en Santiago.
El recurso judicial se fundamenta en la Ley de Probidad Administrativa, norma promulgada hace dos años para combatir la corrupción, que reconoce el derecho de cualquier ciudadano a conocer los actos del Estado.
La ex candidata presidencial ecologista Sara Larraín, directora ejecutiva del Programa Chile Sustentable, indicó que la demanda fue presentada después de que Rosales rechazara una solicitud de los grupos ambientalistas y sindicales para conocer los borradores de la negociación con Estados Unidos.
En una escueta carta, Rosales respondió que esos documentos «son secretos», indicó Larraín.
La respuesta de Rosales indica «una interpretación errada de la ley», dijo Miguel Fredes, director del Centro Austral de Derecho Ambiental y abogado patrocinante de la demanda.
De acuerdo con la Constitución, «las discusiones de tratados son secretas solo si el propio Presidente de la República así lo declara», puntualizó Fredes.
«No creemos que el presidente Lagos haya declarado secretos los textos de la negociación con Estados Unidos, por cuanto dichos documentos circulan en manos de parlamentarios, como el senador (del cogobernante Partido Demócrata Cristiano, Alejandro) Foxley», agregó el abogado.
«Los chilenos, con excepción del sector empresarial, no sabemos lo que se está negociando (con Washington) en términos de comercio, servicios e inversión. Lo que implica que tendremos que aceptar hechos consumados», afirmó Manuel Baquedano, presidente del Instituto de Ecología Política.
«No nos oponemos al comercio, como acusan las autoridades. Lo que nos molesta es que no sabemos lo que se está negociando», señaló Alvaro Gómez, director de la Red Nacional de Acción Ecológica, una confederación de organizaciones ambientalistas y sociales.
«Sin información oportuna sobre el contenido de las propuestas de negociación, de los temas laborales y sociales, no hay participación posible de la ciudadanía», advirtió Cosme Caracciolo, presidente de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile.
Moisés Labraña, presidente de la Confederación Minera, subrayó que los sindicalistas no han sido «informados de lo que significa este tratado para las condiciones laborales en Chile».
Las exigencias de transparencia se han convertido en una constante de los reclamos de los llamados grupos «antiglobalización» respecto de los tratados de comercio.
En respuesta a estos reclamos, la tercera Cumbre de las Américas, celebrada en abril en Quebec, Canadá, acordó hacer público el borrador de la negociación del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que se constituiría a partir de 2006 con 34 países del hemisferio, excluyendo solo a Cuba.
El borrador del tratado del ALCA está disponible a partir de este mes en el sitio de la organización en Internet (http://www.ftaa- alca.org).
Organizaciones no gubernamentales de Chile y Estados Unidos hicieron pública el martes una carta que dirigieron en conjunto a los Congresos legislativos de los dos países para exigir transparencia en la negociación del tratado comercial.
En el escrito judicial presentado en Chile se argumentó que «el acceso a la información pública es la vía correcta para poder participar en democracia en negociaciones internacionales, en las cuales no se debaten solo temas de aranceles, sino también temáticas laborales, ambientales y otros tópicos que afectan a todos los ciudadanos».
«Ahora es la oportunidad de conocer qué se negocia y poner condiciones para que se resguarde el bien común y el bienestar de los chilenos. Una vez firmado el tratado no hay debate, pues al Congreso chileno solo le cabe aprobarlo o rechazarlo», señaló Larraín.
En esta sexta ronda de negociaciones, ambas partes intercambiaron las listas de productos para el libre comercio, indicando bienes y servicios que pueden ser liberados de aranceles de inmediato, así como las desgravaciones a plazo y los llamados productos sensibles, que requieren de análisis más profundos.
Pese a que en público los negociadores chilenos y estadounidenses expresaron su optimismo en que terminarán la negociación antes de fin de año, trascendió que no hubo ningún avance sobre la delicada cuestión de la legislación «antidumping» (contra la competencia desleal de precios) de Estados Unidos.
El equipo encabezado por Rosales entregó una lista de 50 criterios para atenuar el impacto de las normas estadounidenses al respecto, pero ninguno de ellos fue aceptado por los negociadores de Washington. (FIN/IPS/ggr/mj/en if/01
