Organizaciones por los derechos de los trabajadores iniciarán en Estados Unidos una acción judicial contra Coca-Cola por el asesinato y la intimidación de dirigentes sindicales en varias de sus plantas embotelladoras en Colombia.
La demanda será presentada este viernes ante un tribunal de Miami y acusa a Coca-Cola de no haber impedido que las embotelladoras colombianas contrataran a escuadrones de la muerte para reprimir a los sindicatos mediante la intimidación, la tortura e incluso el asesinato.
La acción judicial sostiene que la trasnacional de bebidas sin alcohol, con sede en Estados Unidos, también es responsable de esas violaciones a los derechos humanos, según las leyes estadounidenses.
Un portavoz de Coca-Cola, Rafael Fernández, negó que la compañía sea responsable. «Negamos toda irregularidad con respecto a los derechos humanos en Colombia o en ningún otro lado», dijo. La firma no tiene «información específica» sobre abuso alguno cometido en sus embotelladoras colombianas, agregó.
La demanda también acusa a las empresas embotelladoras, Panamco, de Miami, y Bebidas y Alimentos, una compañía propiedad de Richard Kirby y su hijo Ricard Kirby Keilland, ambos ciudadanos estadounidenses con residencia en Florida.
Entre los demandantes se encuentran el Sindicato del Acero de Estados Unidos (USW), la organización no gubernamental Fondo Internacional de Derechos Laborales (ILRF), con sede en Washington, y el colombiano Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (Sinaltrainal).
También son parte de la demanda los sobrevivientes de Isidro Segundo Gil, asesinado en 1995 por grupos paramilitares en la embotelladora de Carepa, y varios sindicalistas que habrían sufrido la violencia de los escuadrones derechistas.
En Carepa, los escuadrones de la muerte asesinaron a dos sindicalistas en abril de 1994 y luego fueron invitados por la patronal de Bebidas y Alimentos a ingresar a su planta y amenazar a otros dirigentes de Sinaltrainal si no renunciaban al sindicato o abandonaban la localidad.
En 1995, todos los altos dirigentes del sindicato abandonaron Carepa. Cuando el sindicato eligió nuevos dirigentes, Bebidas y Alimentos contrató paramilitares para sus secciones de ventas y producción.
Desde allí realizaron una campaña de intimidación que incluyó amenazas de muerte y culminó en el asesinato, dentro de la planta, de Isidro Segundo Gil, en diciembre de 1996.
En la planta de Panamco en Bucaramanga, los demandantes sostienen que cinco integrantes de la dirección del sindicato local fueron acusados falsamente en 1996 de haber instalado una bomba en la planta durante una disputa laboral.
Fueron golpeados por la policía y encarcelados en pésimas condiciones durante seis meses antes de que el fiscal regional concluyó que los cargos no tenían fundamento y ordenó su libertad.
En las plantas de Panamco en Cucata y Barrancabermeja los sindicalistas fueron obligados a pasar a la clandestinidad luego de recibir amenazas de muerte de paramilitares en 1999, en conexión con su labor sindical.
La patronal de la planta de Barrancabermeja colaboró abiertamente con los paramilitares, según la demanda.
En cada caso, el sindicato solicitó protección varias veces a Coca-Cola Colombia y a la patronal de la empresa embotelladora. «Coca-Cola no hizo nada», sostuvo Dan Kovalik, abogado del sindicato USW.
En todos estos casos, según Terry Collingsworth, el principal abogado de ILRF, las embotelladoras actuaron como agentes de Coca- Cola debido al control que la trasnacional ejerce sobre sus operaciones por el contrato de trabajo que las vincula.
«Estamos seguros de que si algunas de estas plantas comete un error al aplicar la fórmula de Coca-Cola o al entregar el producto, (Coca-Cola) estaría allí para corregirlo. Pero en los casos en que asesinan a dirigentes sindicalistas, no hacen nada», se quejó Kovalik.
Collingsworth explicó que, en un caso similar ocurrido en Guatemala hace 20 años, Coca-Cola hizo que el propietario de la embotelladora, John Trotter, vendiera su franquicia.
Trotter fue acusado de emplear escuadrones de la muerte para matar a varios sindicalistas entre 1978 y 1979. Luego de la venta, la represión en la planta cesó.
Pero en el caso de la planta de Carepa, Coca-Cola rechazó la oferta de Kirby de venderla en 1997, a pesar de las denuncias de que Kirby padre había amenazado con asesinar a dirigentes sindicalistas antes de la muerte de Gil.
«No hay duda de que Coca-Cola sabía de la represión sistemática de los derechos sindicales y se benefició de la misma en sus plantas embotelladoras en Colombia, y este caso hará que la compañía se responsabilice por sus actos», sostuvo Collingsworth.
La acción judicial busca además exponer la difícil situación que viven los sindicalistas colombianos, varios miles de los cuales han sido asesinados en los últimos 15 años.
El fenómeno despertó la preocupación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras.
«Durante muchos años existió una campaña perfectamente orquestada contra los trabajadores sindicalizados, que parece haberse agravado en los últimos meses», sostuvo Robin Kirk, de la organización de derechos humanos Human Rights Watch.
«Cada cinco dirigentes sindicales asesinados en el mundo, tres son colombianos», destacó este jueves Kovalik.
Esta semana la Cámara de Representantes de Estados Unidos considera un pedido del presidente George W.Bush para sumar 400 millones de dólares al ya aprobado Plan Colombia, que preveía ayuda militar y económica por 1.300 millones de dólares para la erradicación de los cultivos colombianos de coca, base de la fabricación de cocaína.
La solicitud de Bush encontró la inesperada resistencia del Congreso, sobre todo de los legisladores del opositor Partido Demócrata, preocupados porque los fondos sólo sirvan para agravar los abusos, en especial por parte de las fuerzas paramilitares, apoyadas en el pasado por el ejército colombiano.
Los paramilitares, responsabilizados por las organizaciones de derechos humanos de buena parte de la violencia en Colombia, actúan con frecuencia por encargo de grandes terratenientes o compañías privadas para reprimir la sindicalización de sus trabajadores.
La demanda se basa en la Ley de Reclamo de Daños a Extranjeros, una legislación estadounidense aprobada hace 200 años que permite a los extranjeros reclamar judicialmente por los daños generados por violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el exterior.
La única limitación de la ley es que los acusados deben ser juzgados en territorio estadounidense.
En los últimos 15 años esta ley se empleó con éxito en juicios contra individuos, incluso en una docena de procesos contra jefes de Estado y jerarcas militares. En cambio es escasa su aplicación en demandas contra corporaciones.
El ILRF colaboró en un proceso contra la compañía de energía eléctrica UNOCAL, con sede en California, por supuesta complicidad con el gobierno militar de Birmania en el empleo de trabajadores forzados en la construcción de un gasoducto. El caso aún está en marcha.
El mes pasado, la organización inició otra demanda contra la compañía petrolera Exxon-Mobil por su supuesto respaldo a los abusos militares en Aceh, Indonesia. (FIN/IPS/tra-en/jl/aq dc/hd if/01
