El presidente de Chile, Ricardo Lagos, defendió hoy una ley aprobada con inusitada celeridad en el Congreso, que postergó cinco días las elecciones parlamentarias de diciembre para que el oficialista PDC subsanara errores en la inscripción de sus candidatos.
La norma que desplazó los comicios del 11 al 16 de diciembre fue promulgada este miércoles por el mandatario, luego de que ambas cámaras legislativas la tramitaran el martes en apenas nueve horas.
El pequeño Partido Humanista, que no cuenta con representación parlamentaria, presentó un recurso judicial de protección para bloquear la vigencia de la ley que, a su juicio, violentó la institucionalidad a favor de un grupo, lo cual implica un atropello al principio de igualdad de todos los chilenos.
La prórroga de las elecciones fue planteada al parlamento por el gobierno como única salida legal para que el PDC (Partido Demócrata Cristiano) completara declaraciones notariales que el Registro Electoral debe exigir para inscribir candidatos a cargos de representación popular.
En los próximos comicios legislativos se renovarán los 120 sillones de la Cámara de Diputados y 18 de los 38 cargos del Senado elegidos en las urnas. De acuerdo con la fecha original del 11 de diciembre, el plazo de inscripción de candidatos vencía el 14 de este mes.
Al desplazarse la contienda para el 16 de diciembre, el plazo de inscripciones se amplió automáticamente hasta este viernes, esperándose que el jueves, el PDC presente los documentos notariales, evitando así que el Registro Electoral objete a sus postulantes.
El PDC, que obtuvo entre 20 y 23 por ciento de los votos en las últimas elecciones, es la fuerza mayoritaria de la gobernante Coalición por la Democracia, que integran también los partidos Socialista, Por la Democracia y Radical Socialdemócrata.
Lagos, un socialista moderado, dijo este miércoles en la ciudad de San Fernando, unos 200 kilómetros al sur de Santiago, que «la democracia tiene que generar las condiciones para que todos puedan votar por aquellos que son las personas de su preferencia».
«Por un error administrativo, con lo cual no quiere decir que el presidente de la República pretenda salvar la responsabilidad de los que cometieron el error, un segmento importante de chilenos que supongo iban a votar por un determinado partido se iban a ver privados de poder hacerlo», recalcó el mandatario.
Impedir la inscripción de los candidatos del PDC «era castigar a un segmento significativo de ciudadanos», insistió Lagos.
«Como presidente tenía la obligación de buscar una solución, aunque quiero decir que esa solución se hace no respecto de ese partido, sino de cualquier segmento que quiere participar», aseguró el gobernante.
La «Ley Hormazábal», como se la denominó en alusión al abogado Ricardo Hormazábal, presidente del PDC, contó con un amplio apoyo en ambas cámaras legislativas, gracias a que la opositora Unión Demócrata Independiente (UDI), de derecha, se sumó a los partidos oficialistas.
La única fuerza parlamentaria que se opuso a la ley fue el Partido Renovación Nacional, también de derecha, que se negó a legislar a favor de un grupo determinado y argumentó que esta solución profundizaría el desprestigio de la política entre los ciudadanos.
También en la coalición gubernamental se registraron apoyos a regañadientes, como el del Partido Socialista, cuyo presidente, Camilo Escalona, calificó este episodio como «un bochorno sin precedentes».
Escalona fustigó igualmente a la UDI, emplazándola a apoyar la rápida tramitación de leyes que contribuyan a completar la transición democrática, como la restitución al poder civil del control total sobre las Fuerzas Armadas y el cambio del sistema binominal para los comicios legislativos por un mecanismo de representación proporcional.
Según el sistema binominal, impuesto en las postrimerías de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), en cada circunscripción senatorial o distrito de diputados se eligen solo dos cargos, lo cual priva de representación en el parlamento a fuerzas menores, como los partidos Comunista y Humanista.
El acelerado despacho legislativo de la «Ley Hormazábal» generó una avalancha de críticas sobre un parlamento caracterizado por su lentitud en la aprobación de otras normas, como la Ley de Prensa, promulgada en junio último tras ocho años de debate en el Congreso.
La ley de instituye el divorcio lleva ya seis años de trámite y la legislación para regular la explotación y defensa de los bosques nativos está a punto de completar 10 años en las dependencias del Congreso en el puerto de Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo Martínez, socialista, dijo que el parlamento debería tener la misma prisa con que «arregló la 'chambonada' del PDC» para aprobar las reformas laborales y otras leyes a favor de las mayorías.
Las opiniones del público, recogidas en encuestas callejeras y en foros a través de los sitios en Internet de los medios de comunicación, fueron también predominantemente condenatorias para lo que se considera un «arreglín político».
Muchos jóvenes manifestaron que este tipo de situaciones confirman su escepticismo hacia los partidos y los poderes del Estado y explican el hecho de que más de un millón de chilenos mayores de 18 años no se hayan inscripto en los registros de votantes.
La prórroga de las elecciones obligó a postergar del 16 al 19 de diciembre la Prueba de Aptitud Académica, un examen que cada año deben rendir 170.000 egresados de la enseñanza media como requisito para ingresar a las universidades.
Los comerciantes manifestaron igualmente su rechazo a la «Ley Hormazábal», ya que la realización de los comicios el 16 de diciembre les obligará a cerrar sus establecimientos en una jornada de alta afluencia de público, una semana antes de las fiestas de Navidad.
Pese a las protestas, la ley que favoreció al PDC será publicada este jueves en el Diario Oficial, con lo cual entrará de inmediato en vigencia.
El recurso del Partido Humanista será difícilmente acogido por la justicia, luego de que el Tribunal Constitucional dictaminara también con gran rapidez, en la misma noche del martes, que esta nueva norma se ajusta a la institucionalidad vigente.
En los próximos días los cuerpos directivos del PDC deberán determinar si ratifican en sus cargos o si remueven a Hormazábal y al secretario general del partido, Edgardo Riveros, quienes asumieron la responsabilidad por el error en las inscripciones. (FIN/IPS/ggr/mj/ip/01
