Las autoridades municipales de Brasil obtuvieron una importante arma legal para frenar y reducir el caos acumulado en las grandes ciudades en las últimas décadas de intensa inmigración de población rural.
El Estatuto de las Ciudades, que insumió 11 años de trámite parlamentario, nació con el objetivo de promover una reforma urbana, ayudando a solucionar el déficit de vivienda, la especulación inmobiliaria y la ilegalidad de los asentamientos.
La nueva ley es clave, pues establece la gestión democrática, con amplia participación popular, incluso en la definición del presupuesto de las alcaldías, dijo a IPS Jamil Reston, superintendente de Desarrollo Urbano del no gubernamental Instituto Brasileño de Administración Municipal (IBAM).
Esa participación se hará por medio de consultas públicas, asambleas y referendos. Los municipios con más de 20.000 habitantes tendrán su plan rector, «rescatando una planificación olvidada», sin el autoritarismo anterior, pues se oirá la población, celebró Reston.
La nueva legislación, que entrará en vigencia dentro de tres meses, es además «didáctica» y crea instrumentos importantes de intervención en el territorio urbano, señaló el directivo del IBAM, organización dedicada a la promoción de los municipios.
Su origen es un anteproyecto elaborado por un grupo de técnicos «progresistas» en 1977, a pedido del gobierno militar de entonces, recordó Luiz César Queiroz, profesor del Instituto de Investigación y Planificación Urbana de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
La propuesta, con «muchas ideas ahora aprobadas», según Queiroz, no fue atendida, pero la discusión se reanudó en los años 80 con un movimiento nacional que logró incluir en la Constitución de 1988 artículos que imponían una función social para la propiedad urbana.
El Estatuto de las Ciudades es la ley que reglamenta esa determinación constitucional.
Sus tres principales objetivos son reducir la injusticia de la ocupación y el uso del suelo, establecer un proceso participativo de toma de decisiones y regularizar los asentamientos urbanos, la mitad de los cuales están fuera de la legalidad en Brasil, resumió la urbanista Raquel Rolnik, del Instituto Pólis de Sao Paulo.
El instrumento más poderoso contra la especulación inmobiliaria es el impuesto territorial progresivo, que los gobiernos municipales podrán elevar a hasta 15 por ciento del valor comercial del inmueble en caso de terrenos ociosos.
Los dueños tendrán dos años para presentar un plan de uso de la propiedad y, tras cinco años sin darle una destinación, podrá sufrir su expropiación.
Este y otros mecanismos de intervención urbanística pueden «romper la especulación y crear una ciudad más equilibrada», sin las desigualdades actuales, en que los más ricos disfrutan de más equipos urbanos implantados con la contribución de todos, observó Queiroz.
La participación ciudadana en la planificación y la gestión es mejorada por la exigencia de Estudio de Impacto de Vecindad para la aprobación de proyectos que alteran las condiciones locales, como la construcción de un gran edificio, un centro comercial o un local de espectáculos.
En ese proceso deben ser oídos representantes de la sociedad, y evaluarse y compensarse los daños económicos y sociales sufridos por los vecinos. La medida limitará, por ejemplo, la instalación de templos que abusan del uso de parlantes para atraer fieles.
Otro problema atacado por la ley es el hecho de que la mitad de las viviendas urbanas de Brasil son informales, sin propiedad reconocida.
Para legalizar la propiedad en favor de quienes moran en esas viviendas, la norma otorga la propiedad de terrenos de hasta 250 metros cuadrados, no reclamados por sus dueños formales, a quienes viven hace más de cinco años en ellos.
Pero el presidente Fernando Henrique Cardoso vetó artículos que incluían tierras del Estado en ese mecanismo, y lo justificó explicando que el texto aprobado en el Congreso legislativo permitiría la ocupación hasta de plazas y de otras áreas de uso público.
El veto provocó protestas de representantes del Foro Ncional de Reforma Urbana y urbanistas, porque la mayoría de las «favelas», como se denomina en Brasil a los barrios marginados y hacinados, ocupan tierras públicas, al igual que otros asentamientos irregulares.
El presidente prometió enviar al Congreso un proyecto «más adecuado» para la regularización de esos casos.
Queiroz duda que el Estatuto promueva una verdadera reforma urbana, pues no afronta el conjunto de los problemas que agravan la desigualdad social en las ciudades brasileñas.
La política municipal actual exige «resultados inmediatos», con fines electorales, mientras una efectiva política regulatoria urbana solo podrá corregir las distorsiones acumuladas y democratizar los servicios básicos a largo plazo, argumentó.
Además, el urbanista observó dos «grandes ausencias» en la nueva ley, la cuestión metropolitana —en los alrededores de las ciudades— y los transportes.
Los mayores problemas se concentran en las regiones metropolitanas, cuyo tratamiento exige políticas «supramunicipales», y el transporte urbano sufre en este país un grave deterioro, explicó. (FIN/IPS/mo/mj/dv/01
