Policías civiles y militares protestaron hoy en la ciudad de Sao Paulo, como ocurre en otros estados de Brasil, en reclamo de un aumento salarial de 41 por ciento, mientras entrenan a sus esposas para participar en manifestaciones.
La sucesión de huelgas policiales ya obligó el gobierno de Fernando Henrique Cardoso a recurrir a las Fuerzas Armadas para mantener el orden en el septentrional estado de Tocantins, en mayo, y este mes en el de Bahia, en el nordeste.
También se estudia un decreto para facilitar las funciones de policía por parte de los militares en esas situaciones de emergencia, anunció este martes en Brasilia el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia, general Alberto Cardoso.
En tanto, el presidente Cardoso convocó para este jueves una reunión con ministros relacionados al área de seguridad pública, para diseñar una estrategia que pueda contener el deterioro del sistema policial.
El temor de las autoridades es que se repitan los violentos incidentes ocurridos en 1997, cuando policías de 12 de los 27 estados brasileños declararon una huelga que derivó en enfrentamientos, con el saldo de una personas muerta en Minas Gerais, en el sudeste del país.
El movimiento de protesta, iniciado en mayo con la paralización en Tocantins, adoptó esta vez formas diversificadas, aunque siempre reclamando mejores salarios y condiciones de trabajo.
En Tocantins, los policías militares se acuartelaron con sus familias y resistieron las presiones de las Fuerzas Armadas, que amenazaban incluso tomar el local con despliegue de tanques y armas pesadas.
En Bahia, la policía militar (PM) y civil mantuvieron una huelga por trece días hasta el 17 de julio.
La ausencia total de fuerzas represivas en las calles dejó a Salvador, la capital de Bahia, dominada durante días por la violencia y el miedo, ante una ola de asaltos y saqueos de comercios. La cantidad de asesinatos triplicó el promedio diario.
El clima de terror llevó el gobierno provincial a pedir que las Fuerzas Armadas se encargaran de la seguridad, antes de obtener un acuerdo con los huelguistas, ofreciendo un aumento salarial de 21 por ciento frente al 35 por ciento reclamado.
En el meridional estado de Paraná son las mujeres de policías militares las que tomaron la iniciativa de movilizarse desde junio, bloqueando la entrada de los cuarteles de sus maridos, forzando así una huelga en reclamo de 38 por ciento de aumento salarial.
Mientras, la Asociación de Oficiales de Reserva de la PM, en Sao Paulo, decidió adoptar una táctica similar. Las mujeres, hijas y viudas recibirán un entrenamiento para promover actos de protestas, ocupar cuarteles y afrontar situaciones de riesgo, informó el vicepresidente de la entidad, coronel Hermes Cruz.
La manifestación este martes de efectivos de la PM y de la policía civil por las calles céntricas de Sao Paulo reclamó un aumento salarial de 41,04 por ciento y rechazó la oferta de las autoridades de sólo seis a 10 por ciento.
Los estados de Alagoas y Pernambuco, en el nordeste de Brasil, también afrontan huelgas desde hace más de una semana. Además de Sao Paulo y Pará, también el meridional estado de Río Grande del Sur sufre la amenaza de paralización de sus policías.
A pesar de que la justicia considera ilegal la protesta de la PM, por su carácter militar, es en esta fuerza de seguridad provincial donde se concentra el problema más grave.
Los salarios de los policías militares varían del equivalente a unos 150 dólares en Alagoas a cuatro veces más en Brasilia, remuneraciones todas consideradas bajas para este tipo de trabajo en condiciones dramáticas.
Los policías son obligados así a vivir en barrios pobres y «favelas» (barrios hacinados en tierras ilegales), manteniéndose clandestinos para no sufrir represalias de criminales vecinos.
En la PM de Sao Paulo se registran los más altos índices de suicidio del país, al tiempo que es elevado el consumo de drogas entre estos efectivos.
El gobierno, además de preocuparle la movilización por mejores sueldos, que rompen la disciplina y la cadena de mandos, también afronta la proliferación de asaltos, secuestros y extorsiones cometidos por miembros de la PM, en especial en Río de Janeiro.
Las PM estaduales fueron comandadas por generales del ejército durante la dictadura militar (1964-1985), alternativa que ahora volvió a ser discutida ante la ola de protestas y huelgas.
Por ahora, según el general Cardoso, se examina la posibilidad de conceder poder policial a los efectivos de las Fuerzas Armadas, para que puedan detener personas, cuando son llamados a restablecer el orden público. (FIN/IPS/mo/dm/ip/01
