La entrega del ex presidente Slobodan Milosevic al Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra para la antigua Yugoslavia implicará a la vez un alivio financiero y un gran problema político para el gobierno de Serbia, la mayor de las dos repúblicas yugoslavas.
La extradición fue resuelta para aliviar la presión de los donantes internacionales y devolver cierto brillo al gobierno reformista serbio. Pero la fuerte reacción de los ultranacionalistas presagia nuevos problemas para la República Federal de Yugoslavia, de la que también forma parte Montenegro.
Milosevic fue traslado en avión desde Belgrado hacia un destino desconocido en la tarde del jueves. El viernes, un portavoz del tribunal confirmó su llegada a un centro de detención en La Haya, Holanda, donde permanecerá mientras dure su juicio por crímenes contra la humanidad.
El tribunal con sede en La Haya responsabilizó en 1999 a Milosevic de una campaña de limpieza étnica contra los albaneses de la meridional provincia de Kosovo, pero la fiscalía se propone acusarlo también de crímenes en Croacia y Bosnia-Herzegovina.
«Es nuestra intención presentar nuevos cargos contra Milosevic y unirlos en uno solo. Se trata de los crímenes cometidos en Kosovo, Bosnia y Croacia», anunció el viernes Graham Blewitt, el segundo fiscal del tribunal internacional.
Interrogado sobre las probabilidades de que Milosevic salga libre del juicio, Blewitt respondió: «Se lo están preguntando a un fiscal: ninguna».
En Belgrado, las protestas populares fueron limitadas. Algunos partidarios de Milosevic salieron a las calles el jueves por la noche, pero en número mucho menor que las multitudes que solían apoyarlo cuando estaba en el poder.
El actual presidente, Vojislav Kostunica, calificó la extradición autorizada por el primer ministro Zoran Djindjic de «grave violación del orden constitucional nacional».
Kostunica se resistía a entregar a su predecesor con el argumento de que éste debía responder en primer lugar ante su propio pueblo. Trascendió que el presidente no fue notificado de la decisión del gobierno hasta que ya estuvo tomada.
Por otra parte, Djindjic opinó que la extradición «era necesaria porque el futuro de Serbia estaría en peligro si no cooperásemos con el Tribunal de La Haya».
«Nuestra reintegración a la comunidad internacional exige el acatamiento a las leyes internacionales», declaró.
Además, «también peligraba la conferencia de donantes en Bruselas. Habríamos sufrido una vergüenza y humillación sin precedentes si no hubiésemos respetado nuestras obligaciones internacionales», agregó el primer ministro.
La comunidad internacional e instituciones multilaterales de crédito habían advertido a Belgrado que no recibiría más fondos si no entregaba a Milosevic.
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, celebró la extradición de Milosevic como una prueba de que Belgrado procura «apartar a Yugoslavia de su trágico pasado y conducirla hacia un futuro mejor».
Djindjic aseguró que su decisión está de acuerdo con el artículo 135 de la Constitución de Serbia, que la autoriza a actuar unilateralmente si considera que una decisión federal es contraria a sus intereses.
Los intereses de Serbia fueron amenazados el jueves, afirmó, cuando la Corte Constitucional de Yugoslavia decidió suspender un decreto del gobierno federal que autorizaba la extradición y anunció que tomaría una decisión final sobre la validez constitucional del decreto el 12 de julio.
Los abogados de Milosevic habían argumentado que la Constitución prohíbe la extradición de ciudadanos yugoslavos.
Pero la Corte Constitucional de Yugoslavia está integrada por jueces designados por Milosevic durante su presidencia.
«Es la misma corte que convalidó el fraude electoral de Milosevic en septiembre», cuando se proclamó vencedor de las elecciones aunque Kostunica había obtenido la mayoría de los votos, recordó Djindjic.
Un masivo levantamiento popular obligó a Milosevic a ceder el poder a Kostunica el 5 de octubre.
La extradición del ex presidente expuso profundas divisiones en los círculos políticos y generó una indignada reacción del ultranacionalista Partido Radical Serbio de Vojislav Seselj y del Partido Socialista de Serbia, al que pertenecía Milosevic.
«Esto es un intento de destrucción del nombre, el honor y la dignidad de Serbia», declaró el Partido Radical Serbio.
Por su parte, el Partido Socialista prometió organizar manifestaciones de protesta contra el gobierno de Djindjic.
Zoran Lutovac, analista del Instituto de Ciencias Sociales, opinó que la decisión del gobierno de Serbia era «la única posible».
«Este gobierno obtuvo una victoria abrumadora en las elecciones tras prometer reformas profundas, el fin del aislamiento y la cooperación con la comunidad internacional, que incluye el respeto a las leyes internacionales», observó Lutovac.
«Djindjic no tenía opción. Si quería reformas, debía extraditar a Milosevic, o de lo contrario renunciar», dijo el analista a IPS.
Sin embargo, agregó, «esto no significa que no haya una crisis en el gobierno federal, y probablemente nuevas elecciones».
El gobierno de Serbia está integrado totalmente por miembros de la Oposición Democrática de Serbia (DOS), pero el gobierno federal de Yugoslavia tiene siete miembros del montenegrino Partido Socialista del Pueblo (SNP), siete del DOS y dos del Grupo 17 Plus, formado por economistas aliados del DOS.
El SNP, alguna vez aliado del partido de Milosevic, acusó el jueves a Djindjic de destruir la república federal mediante actos unilaterales y amenazó con retirarse del gobierno de coalición.
«Este es el último clavo en el ataúd de la federación yugoslavia», dijo a la prensa Dragan Koprivica, del SNP. «Nuestro partido tendrá que considerar si permanece en el gobierno», amenazó.
Serbia tiene 7,5 millones de habitantes, mientras Montenegro tiene 650.000. (FIN/IPS/tra-en/vpz/aa/mlm/ip/01
