«Se le orinaron encima (los policías), casi lo ahogan. De un rodillazo le quebraron la espina dorsal». «En 1975 lo detuvieron militares y hasta ahora no sabemos su paradero». Estos son dos relatos de los muchos que resurgen ahora sobre la llamada guerra sucia de México en los años 70 y 80.
Los testimonios de asesinatos, desapariciones y torturas forman parte de las acusaciones contra gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Hubo en la época señalada alrededor de 600 personas detenidas-desaparecidas.
Si la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cumple su promesa, los mexicanos recibirán en octubre, por primera vez, un informe sobre el destino sufrido por 482 personas, en su mayoría activistas de partidos de izquierda y guerrilleros.
Las atrocidades atribuidas a los gobiernos de Luis Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982) comenzaron a ser denunciados públicamente luego de que el PRI perdiera las elecciones, el año pasado.
Se trata de la otra cara de aquellos gobiernos que en su momento reivindicaron su condición de «revolucionarios», defendieron a Cuba en foros internacionales, hablaron en favor de la autodeterminación de los pueblos y acogieron a miles de perseguidos políticos y guerrilleros de otros países.
Las personas detenidas-desparecidas en México hasta fines de la década del 80 suman más de 600, según diversos investigadores, pero la atención se concentra ahora en 482 casos, sobre los que hay registro en los otrora impenetrables archivos oficiales.
El presidente Vicente Fox, el primero que no pertenece al PRI en las últimas siete décadas, no decide aún si creará una Comisión de la Verdad para exhumar el pasado, como lo prometió en su campaña electoral.
Sin embargo, aceptó ya abrir parcialmente los archivos del servicio de inteligencia política para que sean examinados por la CNDH, un organismo que tiene financiamiento estatal pero actúa de manera independiente.
El director de la CNDH, José Luis Soberanes, prometió entregar un informe «serio y profesional» sobre los detenidos-desparecidos, pero advirtió que el gobierno decidirá si se debe crear una fiscalía o comisión para deslindar responsabilidades y ahondar en las investigaciones.
Soberanes indicó que en los archivos oficiales hay mucha «paja» y que no están allí todas las repuestas, pero admitió que con el cruce de información de familiares y documentos del ejército, se podrá inferir el destino de las personas desaparecidas.
Distintas investigaciones coinciden en que la denominada guerra sucia comenzó en México en 1965, luego que un grupo armado asaltara un cuartel en el septentrional estado de Chihuahua, para protestar por el despojo de tierras y la represión perpetrada por ganaderos y hacendados contra campesinos.
Tras la matanza en 1968 de un número aún indeterminado de estudiantes, que demandaban reformas democráticas en la plaza capitalina de Tlatelolco, los intentos por activar guerrillas aumentaron, pero también los actos represivos de parte del gobierno.
El PRI gobernó México por 71 años sin interrupción. Sus brazos llegaron a controlar casi todas las organizaciones sociales y gremiales y los medios de comunicación. También llegó a cooptar grupos de ex guerrilleros tanto locales como extranjeros.
Los investigadores indican que la represión se desató con mayor fuerza luego de ese movimiento estudiantil de 1968.
El entonces presidente Gustavo Días Ordaz (1964-1970) sostenía que el movimiento social que cuestionaba el sistema político era parte de un complot de grupos de extrema izquierda marxista que pretendían tomar el poder, señaló el historiador Enrique Krauze.
En México, inspirados por el triunfo en 1959 de la guerrilla de Fidel Castro en Cuba, se formaron a fines de la década del 60 movimientos insurgentes con fuerte presencia rural, como el Partido de los Pobres, que comandó el profesor Lucio Cabañas, y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, dirigida por el también profesor Genaro Vázquez.
Luego vinieron otros grupos menos poderosos y esencialmente urbanos, como el Frente Urbano Zapatista, Unión del Pueblo, Comité Estudiantil Revolucionario de Monterrey, Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, la Liga 23 de Septiembre y el Frente de Liberación Nacional.
«El furor guerrillero de los años 70 trajo consigo el aumento de la beligerancia y la barbarie de los aparatos de control del Estado, con sus sistemas de espionaje, infiltración, brutalidad, torturas, asesinatos y desapariciones», apuntó el historiador José Agustín.
Rosario Ibarra, cuyo hijo fue detenido y desaparecido en 1975, cuando formaba parte de la Liga 23 de Septiembre, afirmó que la policía política actuaba igual que la de las dictaduras militares que asolaron América del Sur en esos años.
Los policías, para obtener información sobre su hijo, detuvieron a su esposo, «lo metieron en un tambo (recipiente) y se orinaron encima, los desgraciados. Casi lo ahogan y con un rodillazo le quebraron la espina dorsal», así lo tuvieron 72 horas, casi lo matan, relató.
México vivía en esos años el fascismo, opinó Ibarra.
A diferencia de otros países de América Latina, donde había dictaduras militares, en México gobernaba el PRI y los ojos del mundo no lo veían como un sistema político represivo, lo cual diluyó el asunto de las denuncias sobre desaparecidos, comentó Krauze.
Además, México fue el único país de América Latina que no rompió relaciones diplomáticas con Cuba, cuando ese país se declaró socialista, y fue uno de los que más apoyo brindó al grupo de Países no Alienados y a las propuestas por un nuevo orden económico mundial.
Alberto Híjar, profesor universitario de filosofía, detenido y torturado en aquellos años por promover entre sus alumnos teorías políticas contestatarias, apuntó que los años 70 «fueron tiempos de una represión muy violenta dirigida contra jóvenes, que sólo tenían posiciones políticas distintas».
El gobierno de Cuba, que apoyó la formación de guerrillas en varios países de América Latina, asegura que jamás lo hizo en México, en atención a la lealtad y el respeto que mostraron los gobiernos del PRI frente a la revolución de la isla.
Sin embargo, el cubano Daniel Alarcón, alias Benigno, quien acompañó al guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara en sus luchas revolucionarias en Africa y Bolivia, afirmó que en Cuba se entrenaron varios grupos de mexicanos entre 1971 y 1972 y también en 1982.
Las evidencias parecen demostrar que fue el mismo gobierno de Castro el que informaba a México de esos movimientos, en un doble juego que facilitaba a los gobiernos del PRI infiltrar con rapidez a los grupos insurgentes, expresan algunos observadores.
Ahora, tras décadas de controlar el poder político, el pasado oscuro del PRI emerge con denuncias renovadas y pedidos de castigo contra los represores, mientras investigaciones como la encarada por la CDNH prometen sacar «la primera foto panorámica de la guerra sucia» en los años 70 y 80. (FIN/IPS/dc/dm/hd/01
