Emilia García, de 72 años, todavía no pierde las esperanzas de encontrar a su hijo Fernando, un joven sindicalista que desapareció hace 17 años, al igual que otras 45.000 personas en Guatemala, el país con mayor cantidad de desaparecidos en América Latina.
«Cuando matan a una persona una la llora y la sepulta, pero cuando la 'desaparecen' una queda con un luto abierto para toda la vida», dice con tristeza García, una maestra de escuela.
En el marco de la violencia política que se desató en Guatemala tras el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbens, en 1954, y hasta 1993 fueron desaparecidas
Más 45.000 personas desaparecieron en Guatemala a causa de la violencia política de los regímenes que siguieron al derrocamiento de Jacobo Arbenz en 1954 y que se acentuó a fines de los años 70.
En diciembre se cumplirán cinco años de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a 36 años de conflicto armado interno, un aniversario que los activistas de derechos humanos aprovecharán una vez más para pedir justicia y tratar de conocer el destino de los desaparecidos.
«Lo que queremos es que se investigue a las autoridades de ese entonces y que se las juzgue», clama García, quien tras la desaparición de su hijo se convirtió en una vigorosa activista en defensa de los derechos humanos y hoy es subcoordinadora del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).
La dirigente del GAM, una de las organizaciones humanitarias con mayor actividad en el país, recuerda que durante los años de guerra civil las autoridades difamaban a los desaparecidos y difundían historias ficticias sobre su paradero.
«Inventaban que los desaparecidos se habían escapado porque estaban hartos de su familia o que habían huido a Estados Unidos o que habían sido reclutados por Cuba», añadió.
Además del GAM, organizaciones como la Fundación Rigoberta Menchú y la Fundación Myrna Mack se han unido en la lucha a favor de las personas desaparecidas.
Las organizaciones no gubernamentales creen que la cantidad de desaparecidos podría ascender hasta 50.000 y, de ellos, ya se tienen documentados cerca de un centenar de casos correspondientes a niños.
El obispo católico Juan José Gerardi responsabilizó al ejército de la mayoría de estas desapariciones y de la muerte de 200.000 personas en los más de 30 años de conflicto armado, en su informe «Guatemala, nunca más, entregado el 24 de abril de 1998, dos días antes de que fuera asesinado.
Un tribunal condenó este mes a 30 años de prisión a tres militares y un sacerdote por el asesinato de Gerardi.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala, establecida por la Organización de las Naciones Unidas, recomendó en 1999 la creación de un organismo para investigar las desapariciones y solicitó al gobierno y al ejército que investigara el destino de las víctimas.
«Pero no ha pasado nada, estamos estancados», aseguró a IPS Nery Villatoro, portavoz de la Fundación Rigoberta Menchú, de la premio Nobel de la Paz.
Villatoro dice que, tanto en la cuestión de los desaparecidos como en otras áreas de importancia estipuladas en los acuerdos de paz, existen pocos avances y en algunos casos hasta retrocesos.
«La verdad no sustituye a la justicia, y ahora que conocemos la verdad de que sí hubo desapariciones es necesario aplicar la justicia», reclamó el activista.
El caso de los desaparecidos volvió a cobrar fuerza en la agenda política de Guatemala a partir del 21 de junio, cuando se celebró el Día Nacional contra la Desaparición Forzada.
El 21 de junio es un día simbólico en Guatemala y, aunque no está incluido en el calendario de celebraciones oficiales, es conmemorado por organizaciones de la sociedad civil. Esa fecha recuerda el secuestro en 1980 de 27 dirigentes de la Central Nacional de Trabajadores (CNT).
Las organizaciones de derechos humanos aseguran que los sindicalistas fueron torturados y posteriormente asesinados, sin que aún se conozca el lugar donde fueron enterrados sus cuerpos.
La práctica de la desaparición forzada de personas comenzó en Guatemala en los años 60, pero fue a fines de la década del 70 cuando adquirió su mayor dimensión.
La mayoría de las víctimas fueron estudiantes, obreros y campesinos, quienes, según las denuncias, eran conducidos a cárceles clandestinas, cuarteles, bases o destacamentos militares en distintas partes del país, donde eran interrogados, torturados y posteriormente asesinados.
«Hasta el momento, ninguno de los gobiernos civiles de Guatemala ha tenido la voluntad política de resolver el problema de los desaparecidos», señaló a IPS Hellen Mack, directora de la organización no gubernamental Myrna Mack.
Hellen Mack, cuyo grupo lleva el nombre de su hermana asesinada en septiembre de 1990, comentó que el quinto aniversario de la firma de los acuerdos de paz debería servir para lograr avances concretos en las investigaciones y el esclarecimiento del paradero de las víctimas.
«Mientras siga esta impunidad, Guatemala no tendrá un estado de derecho real. Esto no será una democracia completa», opinó.
La activista narró a IPS la manera en que fue asesinada Myrna, una antropóloga que trabajaba para la Iglesia Católica con grupos de la resistencia a la dictadura y de personas desplazadas de sus hogares por el conflicto armado interno
Según Hellen Mack, su hermana fue muerta a puñaladas a manos de miembros del estado mayor de las fuerzas de seguridad de la Presidencia, a quienes tiene identificados y acusó ante los tribunales. Sin embargo, los responsables del asesinato no están en prisión, precisó.
«Los familiares de los desaparecidos o de víctimas de la guerra aún hoy tenemos que lidiar con una gran frustración, porque sabemos que todavía el ejército maneja la transición e impone el ritmo de (la investigación sobre violaciones de) los derechos humanos», indicó.
Diversos organizaciones no gubernamentales han alertado a la comunidad internacional sobre las difíciles condiciones humanitarias que todavía sufre Guatemala.
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) presentó esta semana su sexto informe anual, en el que denuncia las condiciones de precariedad que afronta el país en asuntos de seguridad ciudadana, economía y en el acceso a los servicios públicos.
El estudio de Minugua indicó que la fuga este mes de 78 presos peligrosos de una cárcel de máxima seguridad aumentó la incertidumbre de los guatemaltecos.
Aunque la práctica de la desaparición forzada prácticamente desapareció en Guatemala durante la década del 90, algunos activistas están alarmados ante un nuevo caso registrado el año.
Se trata de la profesora universitaria Mayra Gutiérrez, quien desapareció en abril de 2000 luego de asistir a su trabajo, sin dejar rastro alguno ni aviso a sus familiares. (FIN/IPS/nms/dm/hd/01
