La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó terminar con la detención de miles de inmigrantes que cumplieron condenas pero siguen privados de la libertad por tiempo indefinido, a la espera de su deportación.
En 1996, en el marco de una oleada nacional de hostilidad contra los inmigrantes, una ley encargó al Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés) la deportación de extranjeros condenados por ciertos delitos, sin derecho a apelación de sus sentencias en tribunales federales.
Entre esos delitos están la mayoría de los relacionados con el narcotráfico.
La ley de 1996 también permite al INS mantener presos a los llamados «criminales extranjeros» después de que cumplen sus condenas y hasta que sean deportados, y el Poder Ejecutivo la ha aplicado incluso a inmigrantes legales con permiso de residencia permanente en el país.
Muchos inmigrantes condenados provienen de países que han dejado de existir, o de otros que se niegan a recibirlos como deportados, porque no tienen relaciones diplomáticas o tratados de extradición con Estados Unidos.
En esos casos, la detención posterior al cumplimiento de las condenas se había prolongado por tiempo indefinido.
La semana pasada, dos fallos de la Corte Suprema desautorizaron la interpretación de la ley de 1996 realizada por el Poder Ejecutivo.
El primero de esos fallos, anunciado el lunes pasado, estableció que los residentes legales condenados que han cumplido su sentencia tienen derecho a que el Poder Judicial reconsidere su deportación.
Ese veredicto sentó un precedente que puede afectar el desenlace de más de 15.000 casos pendientes.
El segundo fallo, del jueves, indicó que el INS sólo puede mantener detenidos a extranjeros deportables durante seis meses después del cumplimiento de sus condenas, prorrogables sólo cuando el organismo convenza a una corte de que esas personas serán deportados «en un futuro previsible»
Ambos veredictos fueron adoptados por cinco votos contra cuatro, y eso destaca el delicado equilibrio de posiciones ideológicas entre integrantes de la Corte Suprema, que podría volcarse hacia la derecha si es necesario cubrir una vacante durante el mandato del actual presidente, George W. Bush.
El presidente de la corte, William Rehnquist, ha adoptado en forma reiterada posiciones derechistas, al igual que otros dos integrantes del organismo, Antonin Scalia y Clarence Thomas. Los tres se opusieron a los fallos sobre inmigrantes.
El INS informó que estudiaba ambos veredictos y sus consecuencias para las actividades que realiza ese servicio.
Los fallos «fueron una victoria del principio que establece límites constitucionales a la forma en que el gobierno trata a los inmigrantes», comentó el abogado Seth Stodder, del Comité de Abogados por los Derechos Humanos, quien presentó escritos en ambos casos nombre de esa organización.
Los inmigrantes «no pueden ser detenidos por tiempo indefinido, ni privados del derecho de recurrir a cortes federales. En pocas palabras, el gobierno debe jugar limpio con ellos», añadió.
Antes de que se aprobara la ley de 1996, los «criminales extranjeros» que habían cumplido condenas de hasta cinco años de cárcel podían pedir a la justicia que anulara sus deportaciones.
Casi la mitad de esas peticiones habían sido aceptadas, con base en consideraciones sobre la rehabilitación de los condenados, su dedicación a actividades provechosas, sus vínculos familiares o los problemas que afrontarían otras personas si se produjera la deportación.
La Corte Suprema emitió su fallo del jueves para dilucidar la contradicción entre dos cortes federales, sobre apelaciones presentadas antes de la ley de 1996 en casos similares.
El primero de ellos es el de Kestutis Zadvydas, hijo de lituanos, quien nació en un campo de refugiados en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial y reside en Estados Unidos desde 1956, pero nunca pidió la ciudadanía del país.
En 1992, Zadvydas fue condenado por delitos relacionados con el narcotráfico, y luego pasó dos años en prisión antes de ser entregado al INS para su deportación, que no es aceptada por Alemania ni por Lituania. En consecuencia, permanece detenido siete años después del cumplimiento de su condena.
El segundo caso fue el de Kim Ho Ma, hijo de camboyanos y nacido en un campo para refugiados en Tailandia, quien se trasladó a Estados Unidos junto con su familia.
Ma se integró a una pandilla de jóvenes delincuentes que cometió un homicidio, y fue condenado a dos años de cárcel en 1996, cuando tenía 17 años de edad.
El gobierno de Camboya reconoce su ciudadanía, pero se negó a recibirlo como deportado tras el cumplimiento de esa sentencia, porque no tiene acuerdos de repatriación con Estados Unidos.
En 1999, una corte federal de apelaciones consideró que la detención de Zadvydas por tiempo indefinido era constitucional, y otra dictaminó que la de Ma violaba las normas del debido proceso, ya que era posible que nunca fuera deportado.
La Corte Suprema decidió que cualquier interpretación de la ley que permita la detención por tiempo indefinido «plantea graves dudas sobre su constitucionalidad», señaló Stephen Breyer, integrante de la mayoría que adoptó esa posición.
Los extranjeros deportables deben ser liberados seis meses después del cumplimiento de sus condenas, bajo supervisión del INS si se considera necesario, cuando el gobierno no pueda demostrar que existe una probabilidad significativa de que otro país acepte recibirlos pronto.
Más de 3.000 inmigrantes que han cumplido sus condenas pero permanecen detenidos por el INS pueden beneficiarse del fallo de la Corte Suprema.
El veredicto reafirmó con fuerza que «el derecho constitucional a la libertad rige para ciudadanos y no ciudadanos», alegó el abogado de Ma, Jayashri Srikantiah, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. (FIN/IPS/tra-eng/jl/aa/mp/hd ip/01
