El ministro colombiano de Ambiente, Juan Myer, sostuvo que la fumigación de cultivos de coca no causa «mayor daño», aunque la organización ambientalista Acción Ecológica aseguró que ha afectado la salud de más de 6.000 personas en la frontera entre Ecuador y Colombia.
«Los efectos de las fumigaciones se evidencian en los 36 síntomas de enfermedades presentes en las comunidades del cordón fronterizo», aseguró el miércoles Adolfo Maldonado, médico español que participó en una investigación auspiciada por Acción Ecológica.
La totalidad de los residentes en Ecuador a menos de cinco kilómetros de la frontera colombiana presentan síntomas de afecciones por la fumigación. A una distancia de 10 kilómetros, la proporción se reduce a 89 por ciento.
Los afectados en la frontera ecuatoriana serían cerca de 2.000, mientras que en Colombia superarían los 4.000.
El informe busca desmentir a Myer, quien afirmó el martes que el glifosato, el herbicida utilizado en las fumigaciones, no causa mayores problemas a la salud humana ni al ambiente.
Según el ministro colombiano, sólo 15 por ciento del glifosato utilizado en Colombia se aplica en la erradicación de cultivos de coca. El resto, dijo, se emplea para eliminar hierbas en las plantaciones de caña de azúcar, entre otras.
La investigación de Acción Ecologista incluye un análisis de las sustancias utilizadas en la fumigación de cultivos de coca y los efectos que producen en la salud de los pobladores de la provincia amazónica ecuatoriana de Sucumbíos, fronteriza con Colombia.
El herbicida utilizado contiene Roundup Ultra, un producto de la transnacional química Monsanto cuyo ingrediente activo es el glifosato, al que se agrega Cosmo-Flux 411F. Ambas sustancias son altamente tóxicos, según los activistas.
Lucía Gallardo, coordinadora del área de biodiversidad de Acción Ecológica, aseguró que el Roundup Ultra contiene 26 por ciento de glifosato en lugar del uno por ciento recomendado cuando se usa como herbicida.
«Ese porcentaje es sumamente peligroso para la salud, pero lo más grave es la utilización del Cosmo-Flux, que está clasificado como extremadamente tóxico por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos», dijo Gallardo a IPS.
El Ministerio de Ambiente de Ecuador formó una comisión con representantes de las carteras de Salud, Defensa y Relaciones Exteriores para analizar los problemas surgidos en la frontera norte.
La comisión recurrirá a la Organización Panamericana de Salud para realizar su estudio, y de los resultados dependerá la decisión que adopte el gobierno respecto de las fumigaciones, informó la ministra de Ambiente, Lourdes Luque.
Sin embargo, Luque aseguró que en la frontera ecuatoriana no se han presentado daños a causa de las fumigaciones y calificó a Acción Ecológica de «extremista».
Por su parte, Gallardo defendió la investigación, que «confirma lo que pobladores y autoridades fronterizas ya habían denunciado», y consideró que la ministra muestra «una actitud ciega ante una realidad tan evidente».
«Sería importante que la ministra visitara las zonas afectadas y no hablara solamente desde su escritorio, porque su actitud y la del ministro colombiano van contra los principios que dicen defender», agregó Gallardo.
Las declaraciones de Myer y Luque fueron realizadas durante la Reunión Andina de Autoridades del Ambiente, realizada el lunes y martes en Quito, a la que asistieron también el viceministro ambiental de Venezuela, Alejandro Hitcher, y los embajadores de Perú y Bolivia en Ecuador.
Los países andinos son poseedores de 25 por ciento de la biodiversidad del planeta y comparten un destino común sustentado en el patrimonio natural que tienen que proteger, dijo Luque.
La Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso legislativo ecuatoriano pidió a las universidades Politécnica Nacional y Central un estudio en la zona fronteriza sobre los efectos de las fumigaciones.
El presidente de la comisión, Hugo Moreno, consideró indispensable determinar la existencia de daños ocasionados por los productos químicos empleados en la fumigación en los seres humanos, vegetales y animales.
«En caso de comprobarse las afecciones, hay que exigir a través del gobierno nacional las correspondientes indemnizaciones a favor de los agricultores y campesinos», dijo. (FIN/IPS/kl/mj/en/01
