El Grupo de los 77 (G-77) y China tuvieron un papel clave en el acuerdo en Bonn sobre las normas para ratificar el Protocolo de Kyoto sobre cambio climático, una solución que fue apoyada por 179 votos y sólo tuvo el rechazo de Estados Unidos.
Así, los países en desarrollo parecieron recuperar el terreno perdido en La Haya, donde en noviembre se inició y suspendió la sexta sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La sesión fue reanudada el 16 de este mes en Bonn y en la madrugada del lunes 23 se logró el acuerdo.
De particular importancia fue el papel del presidente del G-77, Baher Asadi, embajador de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El ministro de Ambiente de Alemania, Juergen Trittin, elogió a «los miembros del G-77 y China y a su presidente por el papel constructivo que tuvieron en las negociaciones de Bonn». El G-77 está conformado por 133 países y es la mayor coalición del mundo en desarrollo en la ONU.
El ministro holandés de Ambiente, Jan Pronk, presidente de la conferencia, otorgó el crédito a Asadi por haber conducido a los negociadores hacia la solución del lunes 23.
Por su parte, Asadi describió el acuerdo como «el triunfo del multilateralismo y la cooperación sobre el unilateralismo», en clara referencia al presidente de Estados Unidos George W. Bush, quien se retiró del protocolo de Kyoto en marzo por considerarlo «defectuoso» y perjudicial para la economía de su país.
El Protocolo de Kyoto, aprobado en 1997 en la ciudad japonesa del mismo nombre, establece objetivos para la reducción de los gases invernadero.
Estos gases, entre los que se destaca el dióxido de carbono, producido por la combustión de petróleo, carbón y gas, capturan las radiaciones solares en la atmósfera y elevan las temperaturas promedio modificando el clima mundial.
Ese cambio se manifiesta en perturbaciones del régimen de lluvias y en el derretimiento de los hielos polares, lo cual eleva el nivel de los mares.
Según «la evidencia científica, el cambio climático es el problema socioeconómico y ambiental más grave de la humanidad en el siglo XXI», declaró el director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Klaus Toepfer.
El Protocolo de Kyoto lleva la firma de 84 países, pero sólo lo han ratificado 35, en su mayoría del Sur en desarrollo. La decisión adoptada el lunes 23 en Bonn puede lograr que antes de finalizar el 2002 esté en condiciones de comenzar a ser aplicado.
La moción aprobada el lunes 23 confirmó que la entrada en vigor del Protocolo requiere la ratificación legislativa de al menos 55 países que sumen un mínimo de 55 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono del Norte industrial, según las mediciones efectuadas 1990.
El Protocolo de Kyoto contempla, para el caso de los países industrializados, la disminución en cinco por ciento entre 2008 y 2012 de las emisiones registradas en 1990.
Estados Unidos produce 36 por ciento de los gases invernadero de los países desarrollados, y 25 por ciento del total mundial, por lo que la decisión de la Unión Europea (UE) y de Japón de ratificar el Protocolo resulta decisiva para su puesta en marcha.
Por insistencia del G-77 y China, los miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático acordaron crear un fondo especial para detener el cambio climático y otro para ayudar a los países pobres a adaptarse a su impacto, obtener tecnologías limpias y limitar la emisión de gases de invernadero.
Además, se establecerá un Fondo de Adaptación del Protocolo de Kyoto para financiar proyectos y programas específicos de adaptación.
Aunque no se especificó la cantidad de dinero necesaria para los tres fondos, la UE y otros países donantes les manifestaron su apoyo y anunciaron su disposición a aportar 410 millones de dólares antes de 2005 y revisar el nivel de apoyo en 2008.
La declaración de los donantes dice que éstos están «decididos a lanzar una operación rápida y eficaz» de los fondos y del llamado «mecanismo de desarrollo limpio.».
Este mecanismo tiende a estimular a los países industrializados a invertir en proyectos ambientalmente saludables en países en desarrollo, otorgándoles créditos por las emisiones de gases de invernadero ahorradas mediante esos proyectos.
A la vez, los países industrializados pueden contabilizar esos créditos como parte de la reducción de sus propias emisiones.
Las normas especifican que los proyectos relacionados con eficiencia de energía, fuentes renovables de energía y «sumideros» de carbono ameritan créditos en el marco del mecanismo de desarrollo limpio, y que los países ricos deben abstenerse de recurrir a la energía nuclear.
Los delegados establecieron también una junta ejecutiva para supervisar el mecanismo.
Otras normas acordadas se refieren al régimen internacional de intercambio de emisiones, que permite a los países industrializados comerciar créditos de emisiones entre sí, y el régimen de Implementación Conjunta, por el cual los países ricos de la OCDE pueden invertir en proyectos en países con economías en transición.
El acuerdo de Bonn enfatiza que los tres mecanismos mencionados deben ser complementarios de las medidas domésticas y que éstas deben ser un elemento vital del esfuerzo de cada parte.
El Protocolo también incluye un mecanismo de ejecución. Una Comisión de Ejecución supervisará la aplicación del acuerdo.
Por cada tonelada de gas que un país emita sobre su límite, deberá reducir 1,3 toneladas adicionales durante el segundo período de compromisos del protocolo, que comienza en 2013.
Una vez que el Protocolo entre en vigor, se desarrollarán otros mecanismos y procedimientos de ejecución. (FIN/IPS/tra-en/raj/aa/mlm/en/01
