Desde Bolivia hasta Suriname, líderes indígenas amazónicos organizan movilizaciones contra proyectos petrolíferos y mineros, y se preparan para investigar el impacto en sus comunidades de la eventual aplicación del Protocolo de Kyoto sobre Cambio Climático de 1997.
Dirigentes comunitarios y activistas de nueve países de la cuenca amazónica (Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana y Suriname) discutieron sobre las nuevas campañas ambientales, durante una conferencia en Washington, organizada la última semana de junio por la no gubernamental Alianza Amazónica.
En Bolivia, Brasil y Ecuador, la principal batalla será librada contra empresas que pretenden construir nuevos oleoductos y gasoductos en bosques húmedos de gran diversidad biológica.
«Las compañías petroleras manipulan a los pobladores de aldeas aisladas, a los que ofrecen baratijas a cambio de su aval para explotar riquezas naturales», advirtió Adolfo Shacay, representante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE).
El grupo está redactando un conjunto de reglas para la interacción de las empresas con las comunidades y organizaciones de la región.
El gobierno ecuatoriano autorizó en junio a un consorcio internacional la construcción de un oleoducto de crudo pesado de 500 kilómetros de longitud, desde la región selvática oriental hacia los puertos del océano Pacífico.
El proyecto, de 1.100 millones de dólares, será primordial para duplicar la producción petrolera y recuperar la economía nacional, según las autoridades.
Pero las perforaciones y la extracción de petróleo afectarán uno de los últimos reductos selváticos aislados del país, donde habitan varios pueblos nativos, advirtieron científicos, ambientalistas y comunidades radicadas en la ruta del oleoducto.
«Toda la explotación petrolera nueva está prevista en territorios indígenas y reservas naturales», aseguró Luis Yanza, presidente del Comité para la Defensa de la Amazonia de Ecuador.
Mientras, activistas de Guayana Francesa y Suriname organizan movilizaciones contra la contaminación con mercurio causada por la extracción de oro.
En diciembre, varias comunidades de Guayana Francesa, un departamento de ultramar de Francia, se querellaron contra el gobierno de Jacques Chirac por su inacción ante el desconocimiento de leyes ambientales en la actividad minera.
El mercurio, que se utiliza para extraer el oro de la roca, cuando es arrojado a ríos y arroyos «mata a los peces, el principal alimento de los pueblos wayana y emerillon», señaló Jocelyn Thérèse, de la Federación de Organizaciones Amerindias de Guayana Francesa.
El gobierno de Francia debía investigar la denuncia de contaminación y preparar un informe, pero no hizo nada, observó Thérèse. La federación colabora con las autoridades y la indagatoria judicial comenzará pronto, dijo.
Las comunidades maroons (cimarrones), de Suriname, se enfrentan a problemas similares, debido a la minería de oro en pequeña escala, sostuvo Martin Misiedjan, abogado del Programa de Pueblos de la Selva de Suriname.
El mercurio ha envenenado de tal forma zonas remotas de bosque húmedo que los maroons deben comprar el agua para beber.
Los participantes en la conferencia de Washington también anunciaron que se proponen investigar los efectos en sus sistemas de vida de la posible aplicación del Protocolo de Kyoto.
Ese tratado internacional, que aún no ha sido ratificado, determina que los países industrializados deben reducir para 2012 sus emisiones de gases generados por la combustión de petróleo, gas y carbón al volumen de 1990.
La puesta en marcha del tratado podría tener tanto efectos positivos como negativos sobre los pueblos indígenas y las comunidades locales, advirtió Johnson Cerda, vicedirector de Alianza Amazónica.
El Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto contempla inversiones de los países industrializados en el mundo en desarrollo para disminuir los gases de efecto invernadero.
Emplazados en la Amazonia, esos proyectos tendrían impacto en el agua, los suelos y los bosques. Por tanto, «los pueblos indígenas y otros pobladores locales deberían ser incluidos en el proceso de implementación del protocolo», arguyó Cerdá.
Los líderes enviarán delegados a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático, que se realizará en Bonn entre el 17 y el 27 de este mes. (FIN/TA/tra-en/dk/dc/en pr/01) (www.tierramerica.net
