Las propuestas del organismo ejecutivo de la Unión Europea para regular el ingreso a los 15 países del bloque de alimentos elaborados con organismos genéticamente modificados (OGM) son insuficientes, según ambientalistas.
La Comisión Europea planteó la semana pasada levantar la moratoria impuesta en 1998 a la introducción de nuevos cultivos de OGM, también llamados transgénicos, y establecer una serie de medidas de control y etiquetado que consideró «las más estrictas del mundo».
Esas medidas incluyen un proceso centralizado de aprobación del uso de OGM en la producción de alimentos y raciones, y un sistema de detallados procedimientos de detección y publicidad de su incidencia en la cadena alimentaria, desde las granjas hasta los comercios de venta al por menor.
Eso implicaría que la leche de vacas alimentadas con productos transgénicos, o los huevos de gallinas que consumen ese tipo de ración, lleven etiquetas con la frase: «Este producto no contiene OGM, pero es derivado de ellos».
El público tendría información completa y confiable para decidir si consume productos derivados de transgénicos, y «seguridad de que cualquier OGM que ingiera ha sido evaluado en forma estricta» para proteger a la gente, dijo el comisario de sanidad alimentaria de la Unión Europea, David Byrne.
La iniciativa de la Comisión Europea entrará en vigencia si es aprobada por el Consejo de Ministros, integrado por un representante de cada uno de los 15 Estados miembros del bloque, y por el Parlamento Europeo.
Las nuevas normas se aplicarían a los OGM que cuenten con informes favorables de evaluación de riesgo por parte de la Comisión Científica de la Unión Europea, sin necesidad de una aprobación final de ministerios u otras autoridades de los Estados miembros.
En los últimos años, científicos, políticos y organizaciones no gubernamentales (ONG) han criticado con frecuencia a la Comisión Científica por sus opiniones favorables a los transgénicos.
La ONG ambientalista Greenpeace elogió la idea de etiquetar en forma más estricta y alertar sobre la incidencia de OGM en la producción de aceites, almidones y raciones, que son la mayor parte de las importaciones derivadas de transgénicos realizadas por el bloque europeo.
Sin embargo, sostuvo que existe una «peligrosa grieta» en las nuevas regulaciones, en cuyo marco sería posible que los transgénicos causen contaminación o polinización cruzada de otros cultivos.
Esa grieta es el criterio de no exigir autorización ni etiquetado de productos con presencia de OGM menor de uno por ciento, aunque se trate de productos no autorizados.
La Comisión arguyó que es imposible lograr «tolerancia cero» a la contaminación de semillas causada por OGM no autorizados, pero Greenpeace sostiene que esa conclusión se basó más en consideraciones políticas y comerciales que en criterios científicos.
Las normas propuestas son una concesión a la industria de la biotecnología, a la cual se otorgaría «permiso para contaminar», en perjuicio de los ciudadanos europeos, opinó la ONG Amigos de la Tierra.
«En el futuro, esas firmas podrán alegar que la contaminación con OGM que produzcan es 'accidental', y eso bastará para que eludan su responsabilidad», dijo Gill Lacroix, coordinador de biotecnología de la filial europea de Amigos de la Tierra, con sede en Bruselas.
«Contaminarán nuestra agricultura y nuestros alimentos, y esa contaminación se perpetuará a sí misma», aseguró.
Las industrias biotecnológicas convencieron a la Comisión de que propusiera normas «para dar cabida a la contaminación causada por OGM, en vez de actuar para impedirla», añadió.
A comienzos de los años 90, Estados Unidos fue pionero en el desarrollo y la comercialización de los OGM, que hasta ahora han sido manejados con extrema precaución por la Unión Europea.
Esas precauciones se basan en la noción de que el desarrollo muy reciente de las nuevas biotecnologías no permite conocer por completo sus eventuales consecuencias, y gran parte d3e los europeos se opone incluso a la experimentación controlada con cultivos transgénicos.
En la UE ha prevalecido la opinión de que la modificación genética de plantas, para lograr variedades inmunes a plagas o de mayor rendimiento puede escapar al control humano y causar efectos catastróficos para el ambiente y la salud.
Sin embargo, firmas europeas e internacionales que producen o desean producir variedades transgénicas de maíz, papa, tomate y otros alimentos han presionado para que el bloque apruebe esas actividades.
El Parlamento Europeo declaró en febrero que la búsqueda de competitividad en el desarrollo de tecnología exigía levantar la moratoria impuesta en 1998, y sustituirla por controles adecuados de los OGM.
«La industria no puede esperar para siempre. Debemos poner a Europa en la senda de circulación rápida de la biotecnología», opinó David Bowe, integrante del Parlamento Europeo y autor de la moción aprobada, cuyo contenido fue incorporado en gran parte a la propuesta de la Comisión, presentada el miércoles.
La tolerancia de uno por ciento fue una «respuesta equivocada» al aumento de la presión y las amenazas de represalias comerciales por parte de Washington y de firmas productoras de OGM como Monsanto, Aventis, Syngenta y DuPont, comentó Brigid Gavin, asesora política de la unidad europea de Greenpeace.
«El mercado se adaptará si la Unión Europea establece controles de seguridad claros y sin concesiones. Dejar resquicios en la regulación invita a las firmas a continuar con su actual estrategia de infiltrar OGM prohibidos y peligrosos en nuestra cadena alimentaria», sostuvo.
Las compañías productoras de transgénicos que desean ingresar a los mercados europeos introducirán en ellos cada vez más OGM no autorizados si la propuesta se aprueba, y provocarán un creciente proceso de contaminación, pronosticó. (FIN/IPS/tra- eng/bk/mn/mp/en/01)
