La justicia de Argentina procesó hoy al ex presidente Carlos Menem como supuesto jefe de una asociación ilícita para el tráfico de armas, le impuso un embargo de tres millones de dólares y transformó su arresto domiciliario en prisión preventiva.
En el mismo dictamen, el juez Jorge Urso procesó y dictó la prisión preventiva de los ya detenidos Martín Balza, ex comandante del ejército, y Antonio Erman González, ex ministro de Defensa, por considerarlos «organizadores» de la asociación ilícita.
Urso impuso a Balza un embargo por un millón de dólares, y a González, por 1,1 millones.
El ex canciller Guido Di Tella y el ex subcomandante del ejército Ricardo Gómez Sabaini fueron procesados como «miembros» de la asociación ilícita y se les dictó un embargo de 500.000 dólares a cada uno, pero su menor grado de participación en la supuesta organización les permitiría permanecer fuera de prisión.
La decisión de Urso implica que la detención de Menem, iniciada el 7 de junio, se prolongará varios meses más, al menos mientras se tramita la apelación ante la Cámara Federal (tribunal de apelaciones).
Urso dijo este miércoles que, a su entender, «está probado» que Menem tuvo la «responsabilidad conductora» en la venta ilegal de armas durante su Presidencia (1989-1999), lo cual obliga al procesamiento, como había sostenido el fiscal Carlos Stornelli.
El juez también restringió el régimen de visitas del que goza el ex presidente, arrestado en una residencia ubicada en las cercanías de Buenos Aires. El horario para los visitantes, no más de a dos por vez, será de 7 a 20 con previo registro. Además, en la casa no podrán vivir más de cuatro personas.
La orden de prisión preventiva era una medida esperada con resignación por los abogados defensores y por políticos allegados a Menem. Sin embargo, aseguraron que la decisión será apelada y que se solicitará la eliminación de las restricciones a las visitas.
«Menem no está deprimido por este procesamiento, que se preveía porque lo había pedido el fiscal, pero sí está bastante violento por estas limitaciones tan duras a su libertad domiciliaria y tan agraviantes para un ex presidente», protestó uno de sus abogados, el ex procurador general Oscar Roger.
Además de las apelaciones ante la justicia nacional, se introducirá la semana próxima un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos radicada en San José, anunció el senador Eduardo Menem, hermano del ex presidente.
Menem fue procesado como jefe de una asociación ilícita dedicada a la venta ilegal de armas y también por falsificación ideológica de documentos. La causa comenzó en 1995 con una denuncia periodística, trasladada a la justicia federal por Ricardo Monner Sanz, un abogado particular.
Monner Sanz explicó este miércoles que, al procesar a Menem, el juez Urso sigue las instrucciones de la Cámara Federal, que había ordenado investigar a los máximos responsables de las maniobras.
La primera denuncia advertía sobre el traslado de 8.000 fusiles FAL y 75 toneladas de municiones que, de acuerdo con los decretos firmados por Menem y sus ministros, se dirigían a Venezuela. Las armas desembarcaron, en realidad, en Ecuador, entonces en un conflicto fronterizo con Perú.
Argentina era garante del tratado limítrofe firmado en 1942, junto con Brasil, Chile y Estados Unidos.
Luego se supo que 6.500 toneladas de armas fueron enviadas a Croacia mientras se desarrollaban las guerras de secesión de la antigua Yugoslavia, entre 1991 y 1995, en momentos en que pesaba sobre todas las partes en pugna un embargo de material bélico impuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En este caso, las ventas eran autorizadas por decretos secretos que indicaban Panamá como destino de las armas.
Pero Urso no procesó a Menem y a sus colaboradores por la supuesta violación de los embargos, sino por la aparente existencia de una asociación ilegal integrada por funcionarios del gobierno y personas ajenas a él dedicada a obtener ganancias con el tráfico ilegal de armas.
El juez consideró que Menem conocía todos los aspectos de esas operaciones durante su gobierno, y que él mismo las autorizaba incluso cuando surgían obstáculos a ese tráfico.
Sin embargo, en estos años no hubo avances en el proceso. Pero en los últimos meses la Cámara Federal ordenó a Urso que investigue las responsabilidades «hacia arriba» —a los máximos responsables— y que los convocara a declarar como imputados.
De inmediato, uno de los procesados, el ex interventor en Fabricaciones Militares Luis Sarlenga, señaló en una declaración ante el juez a Emir Yoma, empresario y ex cuñado de Menem, como supuesto responsable de las maniobras por las que se percibían las comisiones ilegales de las ventas de armas.
Luego de la detención de Yoma, que fue procesado y está detenido en un recinto militar, Urso llamó a declarar a Menem, a Balza, al González y a Di Tella, entre otros involucrados en la causa.
Tras su declaración, González fue trasladado a una prisión común. Por su parte, Balza está detenido en una cárcel del Ejército. En cambio, Menem fue beneficiado, por tener más de 70 años, con el arresto domiciliario, luego de negarse a responder al interrogatorio del juez y se declaró inocente. (FIN/IPS/mv/mj/ip/01
