Unos 21 millones de brasileños, que habitan el interior seco y pobre del nordeste, sufren los efectos de un nuevo ciclo de sequía, que se recrudecerá a partir de septiembre, con sus secuelas de hambre y abandono.
«Ya perdimos 90 por ciento de la cosecha de frijoles y maíz, y el agua para los animales aguanta sólo dos o tres meses», resumió a Tierramérica (www.tierramerica.net) el pequeño agricultor Francisco Jacó, de Ouricuri, en el estado de Pernambuco.
Jacó, uno de los secretarios del Sindicato de Trabajadores Rurales de Ouricuri, tiene una finca de 30 hectáreas en la que vive con seis hijos y 10 nietos. Teme que se confirme el pronóstico de expertos en meteorología de «dos años más de sequía».
La etapa «más fea» de la sequía está por venir, se prolongará de septiembre a diciembre, cuando será difícil tener agua para el consumo humano, advirtió Expedito Rufino, asesor de la Confederación Nacional de Trabajadores en Agricultura (CONTAG), que actúa en Pernambuco.
El hambre causó el saqueo de comercios de varios municipios. El gobierno respondió con la creación de la llamada Comisión Sectorial de Convivencia con el Semiárido, para impulsar medidas de emergencia que alivien el sufrimiento de la población.
El presidente Fernando Henrique Cardoso anunció la asignación de 4.000 millones de reales (unos 1.700 millones de dólares) para atender a 1.000 municipios del nordeste con una serie de programas.
El ministro de Desarrollo Agrario, Raul Jungmann, coordinador de las acciones, informó sobre la creación de un seguro de medio salario mínimo mensual (39 dólares) para los 730.000 agricultores que pueden perder sus cosechas, y un subsidio equivalente a 26 dólares al mes para trabajadores rurales desempleados.
El gobierno decidió intensificar varios programas a favor de la población rural del llamado «polígono de las sequías», entre los que figuran obras de saneamiento básico y la beca-escuela, que asegura 15 reales (6,60 dólares) por cada escolar de siete a 14 años.
Además, anunció que distribuirá agua por camiones cisterna y canastas de alimentos en 1.000 municipios, y mantendrá la merienda escolar durante las vacaciones de dos semanas en julio.
Sin embargo, algunos sectores sostienen que el gobierno repite un mismo discurso para cada nueva sequía en el nordeste, y no concreta las prometidas medidas para asegurar la convivencia de la población con el clima semiárido de la región.
«Son insuficientes las medidas» anunciadas, porque sus beneficios no alcanzan ni a la mitad de los dos millones de familias afectadas. Así mismo, las sumas ofrecidas son demasiado bajas, muy inferiores a las de planes de emergencia anteriores, criticó Manuel dos Santos, presidente de la CONTAG, quien supone que los saqueos van a continuar.
Se trata de acciones «compensatorias» que contradicen la promesa de sustitución de las tradicionales «medidas asistenciales» por soluciones definitivas que hagan posible convivir con la sequía, dijo el sindicalista.
El gobierno de Cardoso perdió dos oportunidades al no realizar «las prometidas inversiones en la infraestructura hídrica de la región», después de las sequías de 1989-1993 y 1998-1999, según Santos.Las autoridades siguen las prácticas del pasado que dicen abominar, agregó.
En contraparte, hay soluciones eficaces, ya probadas por campesinos y organizaciones no gubernamentales (ONG), como las cisternas que almacenan agua de lluvia, pozos y el uso de azudes (pequeñas represas), señaló el presidente de la CONTAG.
Santos mencionó su propio ejemplo de pequeño agricultor de Serra Talhada, en el interior de Pernambuco. En 1996 construyó una «presa de Barrizal» (lodazal) que nunca se secó, porque se ubica sobre suelo impermeable, explicó.
Lo que hace falta son inversiones permanentes, coinciden los sindicalistas y los expertos como la agrónoma Silvia Picchioni, coordinadora ejecutiva de Articulación del Semiárido (ASA).
ASA es una red de cerca de 500 sindicatos rurales, ONG, iglesias y agencias internacionales de desarrollo que promueven estrategias de buena convivencia con las sequías intermitentes del nordeste.
Su acción coordinada tiene dos premisas básicas, según Picchioni: la conservación y uso sustentable de los recursos naturales y el rechazo del monopolio de la tierra y del agua.
El primer proyecto común del grupo es la construcción, en cinco años, de un millón de cisternas para almacenar agua. Su ejecución debe ser gradual, porque exige la capacitación de la población para recoger y conservar el agua en condiciones adecuadas para el consumo humano, indicó Picchioni.
El programa cuenta con aportes del gobierno, pero no es estatal, sino que lo ejecutan las organizaciones de la sociedad civil, algunas de las cuales ya distribuyeron cerca de 50.000 cisternas en el nordeste en los últimos 15 años.
El Centro Caatinga de Ouricuri, por ejemplo, desarrolla desde 1986 alternativas para que los habitantes de la región semiárida no deban emigrar ni depender de la asistencia oficial en momentos de grave sequía.
Cisternas para agua potable, «barrizales» para el ganado, pequeñas represas para la agricultura y pozos profundos, pueden asegurar la captación y el almacenamiento de agua para soportar la falta de lluvias, señaló Hermes Gonçalves Monteiro, un dirigente de Caatinga.
Técnicas agrícolas adecuadas, ganadería de caprinos y ovinos, apicultura y capacitación de jóvenes en agroecología, es decir, educación ambiental dirigida a la agricultura, son otras áreas de actuación de la ONG.
Ninguna tecnología es la solución, pero un conjunto de ellas, probadas y aprobadas por la población, permite convivir con el clima semiárido, concluyó Monteiro. (FIN/mo/en/01
