Organizaciones ambientalistas y de los derechos del consumidor protestaron hoy en la capital de Brasil contra la intención del gobierno de autorizar la siembra comercial de la soja transgénica Roundup Ready, de Monsanto.
La manifestación fue una reacción al anuncio del ministro de Agricultura, Marcus Pratini de Moraes, de que el lunes se formalizará la liberación de las semillas Roundup Ready (RR), de la empresa estadounidense Monsanto, soja que resiste a herbicidas producidas por la misma empresa.
En la misma ocasión, serán establecidas las normas para la producción de granos genéticamente modificados, agregó el ministro.
Pratini de Moraes no puede autorizar la siembre de esa semilla, «porque no tiene autoridad ni competencia para hacerlo», y se necesita la aprobación de las carteras de Salud y de Medio Ambiente, dijo a IPS Andrea Salazar, abogada del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC).
El Ministerio de Agricultura puede, como máximo, acoger el registro de la soja transgénica de Monsanto, pero no autorizar la producción que, además, está embargada por un fallo judicial que exige estudio previo de impactos ambientales, sostuvo Salazar, quien fue una de las coordinadoras del acto en Brasilia.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) afrontan una fuerte ofensiva del gobierno de Fernando Henrique Cardoso por liberar la siembra comercial de transgénicos en el país.
Brasil es el único de los tres grandes países exportadores de soja que no aprobó la producción de variedades modificadas, autorizando solamente pequeñas siembras para investigación. Las otras dos naciones, Estados Unidos y Argentina, ya las producen en gran cantidad.
Esa es una ventaja comercial de Brasil, ya que Europa, el principal mercado importador, se resiste a consumir productos modificados genéticamente.
«Si al ministro de Agricultura no le preocupa el riesgo para la salud humana, por lo menos debería atender los intereses económicos del país», arguyó Salazar, en referencia a la posibilidad de pérdida de mercados si Brasil adhiere a esa producción biotecnológica.
Sin embargo, el gobierno fue alentado a tomar ese camino por variadas opiniones.
La Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), vinculada al Ministerio de Ciencia y Tecnología, se manifestó favorable a la siembra y comercialización de transgénicos, descartando los riesgos alegados por ambientalistas.
Igual posición expresaron científicos de la Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuaria, entidad del Ministerio de Agricultura que reúne 40 centros de investigación, cuyos aportes fueron decisivos para el avance del país en productividad agrícola y que produce sus propias semillas transgénicas.
Además, una declaración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, señaló que los transgénicos pueden contribuir a la reducción del hambre en el mundo.
«Fue una opinión lamentable, sobre supuestos beneficios sin respaldo científico, que fortalecen el gobierno estadounidense y a empresas interesadas», criticó Salazar.
El gobierno de Cardoso aceleró este año las medidas que preparan el camino para una liberación de los nuevos cultivos. Un decreto del presidente Cardoso definió a la CTNBio como autoridad para evaluaciones definitivas sobre seguridad en biotecnología, buscando superar cuestionamientos de las ONG.
Otro decreto publicado el 19 de este mes estableció las reglas para el etiquetado de productos que contienen transgénicos en su composición.
Pero esa información sólo será exigida en alimentos donde esa presencia supere cuatro por ciento.
La medida, que entrará en vigor el 31 de diciembre, causó indignación entre las ONG que participan en la campaña «Por un Brasil libre de transgénicos», iniciada en 1999 y coordinada por el IDEC, la organización ambientalista internacional Greenpeace y Esplar, un centro de promoción de agricultura alternativa.
«Es una violación del Código de Defensa del Consumidor», porque en la práctica significa no exigir la información, acusó la coordinadora del IDEC, Marilena Lazzarini.
En la mayoría de los productos los ingredientes transgénicos no alcanzan a cuatro por ciento, explicó Lazzarini, al anunciar que su organización pedirá la anulación del decreto ante la Justicia.
En Europa se definió el límite en uno por ciento. Japón fue más tolerante, fijándolo en cinco por ciento.
El ministro Pratini de Moraes defendió la aplicación en Brasil del mismo índice japonés, pero celebró la opción por cuatro por ciento. Un límite más bajo encarecería la producción y los precios de alimentos en el país, argumentó.
La decisión atendió un reclamo de la industria de alimentos. Una definición del gobierno de Cardoso era indispensable, ante la proliferación de legislaciones de los estados brasileños, opinó el presidente de la Asociación empresarial del sector, Edmundo Klotz.
En algunos estados, como en el septentrional Río Grande del Sur, se aprobaron leyes prohibiendo tajantemente la siembra de transgénicos.
Los avances en la cuestión indican que el gobierno se acerca a la liberación de las siembras transgénicas, en confrontación con algunos estados, los grupos no gubernamentales y movimientos sociales, como el de los campesinos sin tierra y los agricultores familiares. (FIN/IPS/mo/en/dm/01
