Una polémica por la libertad de expresión, restringida por una decisión judicial, según afirman organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, dominó hoy la celebración en Venezuela del día del periodista.
El fallo del Tribunal Supremo de Justicia que le negó a Elías Santana, dirigente social y columnista del diario el Nacional, el derecho de replicar al presidente Hugo Chávez en su programa de radio le dio un clima particular a la celebración de este año.
Las afueras de la sede del Tribunal sirvieron este miércoles de escenario a dos grupos de manifestantes, que levantaron la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información como banderas.
Santana, del grupo social Queremos Elegir y también defensor del lector de El Nacional, presentó el 19 de octubre un recurso de amparo constitucional ante el máximo tribunal venezolano para pedir el derecho a réplica en el espacio «Aló, presidente», que Chávez tiene en Radio Nacional.
De esta manera, Santana, apelando a lo establecido en la Constitución, pretendía contestar las críticas en su contra que le realizara el mandatario en un programa emitido en agosto.
El presidente Chávez negó esta posibilidad y la dirección de la radio le ofreció otros espacios a Santana, pero éste consideró que la réplica sólo era válida si se emitía en el mismo espacio donde se hicieron las críticas en su contra.
La Constitución Bolivariana, aprobada en diciembre de 1999 tras el fuerte impulso de Chávez en el marco de su «revolución social bolivariana», establece en el artículo 58 el derecho a réplica.
La sentencia del 14 de este mes del Tribunal Supremo de Justicia señala que se le niega el derecho a réplica a Santana por ser comunicador.
El Tribunal, además, indicó en el fallo que un mayor número de columnistas de una misma tendencia de pensamiento en un diario lo transformaba en un medio parcial.
Para Eleazar Díaz Rangel, ex presidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), la decisión contiene elementos restrictivos «de la libertad de opinar y de los medios de fijar política editorial».
Díaz Rangel agregó que «también es discriminatoria con los periodistas, cuando se les niega el derecho a la réplica».
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia, sin precedentes en Venezuela al menos a ese alto nivel, se concreta en un contexto de marcada polarización y de una especie de batalla mediática entre Chávez y los principales medios informativos de Venezuela.
Carlos Correa, especialista en libertad de expresión de la organización de defensa de los derechos humanos Provea, dijo a IPS que la decisión «contribuye con un clima insano para el desarrollo pleno de la libertad de expresión en el país».
«La sentencia puede generar otras consecuencias judiciales, por ejemplo en gobiernos locales que acudan a un juez porque el diario de la ciudad tiene columnistas de cierta opinión. La sentencia puede llevar a interpretaciones que constituyan un peso sobre el derecho a la libertad de expresión», precisó Correa.
En tanto, Chávez, en el acto por el día del periodista este miércoles, nuevamente fustigó a los «dueños de los medios», a la par que defendió el honor profesional de los periodistas.
Chávez reconoció que desde que asumió el gobierno, en febrero de 1999, ha mantenido «un complejo sistema, muy complejo, de relación con los medios». Aseveró que esto «era inevitable», debido a las relaciones de la prensa, radio y televisión con «el poder económico».
Mientras, la decisión del Tribunal ha sido catalogada por distintos sectores de «mordaza» para la libertad de expresión en el país.
El presidente venezolano, en un discurso transmitido este miércoles en cadena nacional de radio y televisión, dijo en referencia a la sentencia que, «si vamos a hablar de mordaza, la gran mordaza se la aplicaron al pueblo durante tantos años».
«Ojalá que toda esa capacidad (de los medios) la usaran para cosas buenas para el país», recalcó el mandatario, quien indicó en varias oportunidades que los medios de comunicación no entienden ni reflejan adecuadamente los cambios políticos e institucionales implementados por su gobierno.
A juicio de Aram Aharonian, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera (APEX), Chávez «tiene una forma confrontacional a la que al menos nosotros no estábamos acostumbrados y nos costó habituarnos».
Aharonian aseguró a IPS que en el actual momento político venezolano «hay algo que no cuadra, ya que el presidente gana con 60 por ciento de los votos, pero tiene a toda la prensa en contra».
En tanto, la sentencia del Tribunal ha levantado una oleada de temores, críticas y expectativas sobre el futuro de la libertad de expresión.
Algunos analistas consideran que Chávez no coartará este derecho de forma abierta porque, justamente con su discurso de confrontación, y ante la ausencia de actores políticos destacados, los medios vienen a cumplir el papel opositor al régimen.
Sin embargo, en la ponencia del magistrado Jesús Cabrera, miembro del máximo tribunal de justicia, vuelve a tocar la cuestión de la necesidad de una «información veraz, oportuna e imparcial», lo cual ya estuvo en debate político en el gobierno anterior, encabezado por Rafael Caldera (1994-1999).
Joel Simon, director del Comité para la Protección del Periodista, con sede en Nueva York, le envió una carta a Chávez para manifestarle su alarma, ya que «los funcionarios venezolanos pueden usar la decisión para suprimir el periodismo independiente».
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia ha sido elevada a instancias internacionales por un grupo de organizaciones sociales. El relator para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Santiago Cantón, anunció que se pronunciará en breve.
Cantón ya había cuestionado el exaltado y constante discurso de Chávez en contra de los medios de comunicación. A juicio de analistas, este tipo de discurso podría desencadenar acciones de funcionarios de menor rango o de seguidores del presidente en contra de los periodistas.
Este miércoles, la particular celebración del día del periodista tuvo un escenario de confrontación en las afueras del Tribunal. Un grupo de periodistas y de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos manifestaban en contra de la sentencia.
A su vez, otro grupo expresaba su apoyo a la decisión del Tribunal y criticaba la labor informativa de los medios. (FIN/IPS/ac/dm/cr ip/01
