Una organización de salud reproductiva de Estados Unidos presentó una demanda contra el presidente George W. Bush por limitar el derecho a la libre expresión de los grupos extranjeros que ofrecen ese servicio a mujeres.
El Centro para la Ley y la Política Reproductivas (CRLP), de Nueva York, afirmó que su libertad de expresión y asociación fue vulnerada por la decisión de Bush de negar ayuda económica a los grupos extranjeros que ofrecen servicios de aborto o que presionan a sus gobiernos en procura de flexibilidad de las leyes contra el aborto.
«El presidente Bush me quitó mi derecho a expresarme porque apoyo una posición de la cual él discrepa: que el acceso al aborto seguro y legal es un derecho humano de las mujeres», manifestó Janet Benshoof, presidenta del CRLP.
«La norma de la 'mordaza mundial' es una censura internacional que atenta contra la justicia, la libertad y la democracia», afirmó.
La demanda presentada el miércoles con el respaldo de varios grupos defensores de los derechos humanos, como Human Rights Watch y el Comité de Abogados para los Derechos Humanos, está dirigida contra un decreto emitido por Bush el 21 de enero, en su segundo día de gobierno.
Llamado por sus enemigos «la norma de la mordaza mundial», el decreto reimpuso la «política de Ciudad de México» proclamada por el presidente Ronald Reagan en 1984 y revocada por Bill Clinton en 1993.
Esa política fue por mucho tiempo una prioridad del movimiento contra el aborto y la Derecha Cristiana de Estados Unidos, con gran fuerza en la Cámara de Representantes, dominada por el gobernante Partido Republicano.
A fines del gobierno de Clinton, esas fuerzas convirtieron la reinstauración de la llamada política de Ciudad de México en una condición para pagar los aportes atrasados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El mes pasado, lograron una débil mayoría para afirmar esa política en la cámara baja, pero se prevé que el Senado, ahora controlado por el opositor Partido Demócrata, la rechazará cuando considere el proyecto de ayuda al exterior 2002, más adelante este verano boreal.
La decisión final será el producto de negociaciones entre ambas cámaras y Bush, a menos que los tribunales rechacen el decreto impugnado.
Washington, el mayor donante bilateral para programas de población en países pobres, aporta en promedio más de 400 millones de dólares al año, en gran parte mediante la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), a organizaciones no gubernamentales (ONG) y privadas que trabajan en esa área.
Una ley de 1972 prohibió a esos grupos utilizar fondos de USAID para realizar abortos, pero la política de Ciudad de México fue más allá al negarles también los fondos si presionan a sus gobiernos a aliviar las leyes contra el aborto o recomiendan a las mujeres centros de aborto, aun si para ello usan su propio dinero.
Como resultado, unas 10 ONG extranjeras, incluida la Federación Internacional para la Paternidad Planificada, dejaron de recibir millones de dólares, pero muchas más aceptaron las condiciones impuestas para poder seguir recibiendo los fondos.
«La norma de la mordaza mundial obliga a las organizaciones de atención de la salud a realizar una elección inmoral», afirmó CRLP, que trabaja estrechamente con grupos del exterior en la promoción de los derechos reproductivos de las mujeres.
«O renuncian a recursos que necesitan desesperadamente para planificación familiar y otros servicios de salud reproductiva, o renuncian a su derecho a la libre expresión y a brindar a los pacientes información médica completa y precisa», lamentó el grupo.
Los demandantes arguyeron que las ONG afectadas corren riesgo de perder el acceso a los fondos estadounidenses si participan en debates públicos sobre derechos reproductivos y aborto, o aun si proveen información a CRLP.
«Muchas organizaciones extranjeras ya no pueden trabajar en conjunto con mi organización ni asistir a conferencias de la ONU en las que nosotros participamos, reunirse con nosotros ni brindarnos información sobre la situación de sus países», señaló Benshoof.
Como resultado, arguyó, la capacidad de CRLP de promover reformas de leyes sobre abortos en otros países o aun de alertar al público estadounidense sobre cuestiones de derechos reproductivos en el exterior está muy limitada.
Esa limitación afecta la libre expresión y asociación, garantizadas por la Constitución nacional y el derecho humanitario internacional, agregó.
«Presentamos esta demanda para dejar claro que el gobierno de Estados Unidos no puede limitar el derecho de expresión de los activistas estadounidenses que trabajan aquí o en el exterior. Los derechos consagrados en la Primera Enmienda de la Constitución no conocen fronteras», concluyó Benshoof. (FIN/IPS/tra- en/jl/aa/mlm/pr-hd/01
