El caso de Lori Berenson, una estadounidense condenada en Perú a 20 años de cárcel por colaborar con insurgentes, se sumará probablemente a la agenda del presidente electo Alejandro Toledo ante Washington.
Berenson, apresada en noviembre de 1995 en un allanamiento policial a la vivienda en Lima donde se alojaban 15 guerrilleros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), fue sentenciada el martes por la justicia civil tras anularse, en agosto pasado, el juicio militar que en 1996 la condenó a cadena perpetua.
Charles Hunter, portavoz del Departamento de Estado (cancillería) estadounidense, manifestó este miércoles, con cautela, su solidaridad con los padres de Berenson, «comprensiblemente molestos con la sentencia».
Pero la condenada «pudo enfrentar las acusaciones y presentar evidencias para defenderse», agregó Hunter. Estados Unidos, afirmó Hunter, confía en que la Corte Suprema de Justicia de Perú «analice con cuidado» la apelación, que fue solicitada de inmediato el martes por la propia Berenson.
Toledo asumirá la Presidencia el 28 de julio y se prevé que busque el respaldo del gobierno de George W. Bush para resolver los graves problemas financieros, económicos y sociales del país.
Legisladores estadounidenses escribieron cartas al presidente Alberto Fujimori (1990-2000) para solicitar la libertad de Berenson. El entonces presidente estadounidense Bill Clinton (1992- 2001) y funcionarios de su administración dialogaron sobre el asunto con Fujimori y otras figuras del gobierno peruano.
Berenson no fue juzgada por un tribunal civil público ni pudo defenderse de acuerdo con las normas judiciales internacionales, declaró en 1996 el Departamento de Estado estadounidense.
El juicio militar no fue de carácter público, pues fue conducido por «jueces sin rostro», anónimos, creados por la legislación antiterrorista de Fujimori. Además, era necesario apelar dos veces ante la justicia militar antes de que el caso pudiera derivarse al fuero civil.
Funcionarios consulares estadounidenses visitaron a Berenson todos los meses en su primer año de prisión, cuando se impidieron los contactos con familiares. Además, le suministraron alimentos, medicinas y ropa.
El abogado penalista Eduardo Romero sostuvo que «la campaña de opinión que los padres de Berenson despliegan en Estados Unidos proseguirá, y luego de agotada la fase de apelación, se orientará a procurar que ella cumpla su condena en un penal norteamericano, donde podría obtener más adelante su libertad».
«Haberla sentenciado por su colaboración y no por su presunta militancia en el MRTA parece destinado a facilitar» su eventual «canje» por peruanos presos en Estados Unidos, «pero eso deberá resolverse en conversaciones» entre los dos gobiernos, agregó el jurista peruano.
El también abogado Luis Lamas Puccio opinó que si Berenson purgara la pena en su país, «tendría que cumplir los años de prisión establecidos en la sentencia dictada por la justicia peruana, aunque podría ser derivada a penales de régimen liberal».
En agosto de 2000, el parlamentario opositor Ernesto Gamarra aseguró que la anulación del juicio militar a Berenson y la derivación de su caso al fuero civil respondió a presiones de Estados Unidos.
Según Gamarra, Fujimori pretendía así «mejorar sus relaciones con Washington, y atenuar la presión diplomática contra su gobierno» en torno de los derechos humanos y la democratización.
Según la sentencia, cuya lectura insumió casi cuatro horas, no está probada la militancia de Berenson en el MRTA pero sí su participación en los planes de la organización guerrillera para asaltar la sede del Congreso legislativo y tomar como rehenes a los parlamentarios para canjearlos por insurgentes presos.
Fracasado el proyecto, el MRTA llevó a cabo un operativo semejante en diciembre de 1996, cuando tomó la residencia del embajador de Japón, donde se realizaba una recepción diplomática, y retuvo a más de 170 rehenes.
El episodio de la residencia diplomática acabó en abril de 1997. Una fuerza de elite del ejército dio muerte a los 16 guerrilleros que ocupaban la residencia y rescató a los rehenes. Un militar y un cautivo murieron también en la operación.
«El delito de terrorismo no esta incluido entre aquellos que, según los tratados bilaterales, pueden ser objeto de canje de presos», dijo el ministro de Justicia Diego García Sayan, tras reunirse el martes con John Hamilton, embajador de Estados Unidos en Perú.
Hamilton precisó que no había ninguna conversación en curso entre los gobiernos de Perú y Estados Unidos para canjear a Berenson por el coronel de la policía retirado Manuel Aivar, prófugo de la justicia peruana y preso en Miami.
Aivar es considerado cómplice del ex asesor presidencial y ex jefe del Servicio Nacional de Inteligencia Vladimiro Montesinos, también prófugo de la justicia, acusado de montar una red de corrupción en el gobierno de Fujimori, cuya revelación precipitó la caída del presidente en noviembre.
Mientras Berenson anunciaba el martes que apelará la condena ante la Corte Suprema de Justicia, su abogado, José Sandoval, previó acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ahora, la justicia examinará la situación de otros extranjeros militantes del MRTA y condenados por tribunales militares peruanos a cadena perpetua, entre ellos el panameño Pacífico Castrillón y los chilenos Maria Concepción Pincheira, Jaime Castillo Petrozzi, Lautaro Mellado y Alejandro Astorga.
Los años 70 y 80, de gran actividad guerrillera a cargo del grupo maoísta Sendero Luminoso y del MRTA, se perciben ahora como distantes. Los principales dirigentes de ambas organizaciones siguen en la cárcel.
Algunas columnas senderistas y del MRTA surgen de la selva ocasionalmente para cerrar carreteras, asaltar poblados en busca de víveres y refugiarse de nuevo en la espesura.
La policía capturó el martes a dos hombres y una mujer del MRTA con armas de guerra, radiotransmisores y explosivos en un paraje selvático 300 kilómetros al este de Lima. La mujer es Giovanna Villa, a quien se suponía muerta en el rescate de los rehenes de la residencia del embajador japonés. (FIN/IPS/al/mj/ip hd/01
