El nuevo gobierno derechista de Italia defendió hoy su propuesta de modificación de la ley de legalización del aborto aprobada en 1978, ante la airada reacción de la oposición de centroizquierda.
La iniciativa presentada el martes por el partido Cristiano Democrático (CDU), miembro de la coalición de gobierno encabezada por Silvio Berlusconi, recordó una tentativa de derogación de la ley de aborto que fue rechazada en referendo hace 20 años y que provocó la caída de un gobierno democristiano.
El gobierno de Berlusconi, quien asumió el domingo como primer ministro, debe esperar hasta la semana próxima para obtener el voto de confianza del parlamento.
La ley en vigor permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta los primeros 90 días de gestación, y después de cumplido ese periodo sólo se autoriza en caso de malformaciones graves del feto o de peligro de vida de la madre.
La norma también establece que las madres menores de 18 años deben contar con la autorización de sus padres para que le sea practicado el aborto. En caso de la oposición de los padres, es un juez quien decide.
En 1981, la Democracia Cristiana, que era el principal partido político de Italia, logró que se convocara a un referendo para derogar la norma de legalización del aborto.
El rechazo a derogar la ley de 70 por ciento de los ciudadanos en ese referendo, cuya convocatoria fue apoyada por el neofascista Movimiento Social Italiano (MSI), provocó la caída del gobierno.
El nuevo ministro responsable de las políticas comunitarias, Rocco Buttiglione, líder del CDU, defendió este miércoles la importancia de la iniciativa para modificar la ley de aborto.
«Hemos sido llamados a interpretar la voluntad del pueblo italiano que nos ha mandado al gobierno», aseguró Buttiglione, también militante del movimiento católico conservador Comunión y Liberación.
La coalición liderada por Berlusconi, un magnate de la televisión privada, derrotó en las elecciones parlamentarias del 13 de mayo a la centroizquierda, que gobernaba hasta ahora en Italia.
Los sectores opositores a ley de legalización del aborto esta vez no se proponen derogarla, sino incorporarle cláusulas más restrictiva, que le resta libertad de decisión a las mujeres. Uno de los puntos plantea que para autorizar el aborto se debe contar con el consentimiento del padre de niño en gestación.
Sin embargo, el punto que causó mayor irritación fue el que propone dar un millón de liras mensuales (casi 500 dólares) por un año a las mujeres que decidan no abortar.
La líder del partido Radical, Emma Bonino, activista de los derechos humanos y civiles y en especial de la defensa de las mujeres, dijo que la iniciativa de entregar un millón de liras al mes le recuerda «el premio del periodo fascista para incentivar los nacimientos».
Las interrupciones voluntarias de embarazos en Italia sumaron 139.386 en 1999, equivalente a 9,9 por mil mujeres entre los 15 y los 49 años. La mayor cantidad de abortos desde que entró en vigor la ley se registró en 1982, cuando se practicaron 234.801.
El Ministerio de la Salud supone, además, que aún se realizan unos 27.000 abortos anuales en forma clandestina.
El proyecto de modificación de la ley presentado por el CDU prevé también la creación de una comisión investigadora sobre el funcionamiento de los 3.200 consultorios autorizados para practicar la interrupción de embarazos.
Estadísticas oficiales indican que sólo 25 por ciento de los pedidos de aborto son autorizados por esos consultorios, por lo cual se presume que buena parte de las mujeres rechazadas recurren luego a médicos del sector privado u otros centros de salud estatales.
En esta nueva batalla contra el aborto, el CDU cuenta también con el apoyo de la Alianza Nacional (AN), el segundo partido de la coalición de gobierno, heredero del MSI.
La ministra de Solidaridad Social del anterior gobierno de centroizquierda, Livia Turco, del partido Democrático de Izquierda, apuntó que los impulsores del proyecto tratan de «poner en discusión la libertad de las mujeres, que es el verdadero objetivo de la ley que legalizó el aborto».
Buttiglione había dicho antes de asumir el cargo ministerial que quería hacer realidad el deseo del papa Juan Pablo II.
Sin embargo, el Vaticano ha mantenido silencio sobre el nuevo proyecto de ley, aunque la organización católica Forum de las Asociaciones Familiares aplaudió la iniciativa y calificó de positivo el incentivo económico para que las mujeres no recurran al aborto.
La secretaria general del Forum, Luisa Santolini, manifestó su confianza en que el proyecto se transforme en ley en poco tiempo más, y calificó como un «óptimo inicio» la labor del nuevo gobierno. (FIN/IPS/jp/dm/hd ip/01
