Unos 50 empresarios estadounidenses asistieron a la quinta reunión de negocios Cuba-Estados Unidos, que por primera vez y pese al embargo realizó todas sus sesiones en territorio cubano.
Esos contactos anuales, que buscan explorar las posibilidades de inversión en la isla de régimen socialista, se habían efectuado hasta 2000 en el balneario mexicano de Cancún, con sólo una visita de tránsito por algunas horas a La Habana.
La agenda de trabajo de este encuentro desarrollado el jueves y el viernes incluyó conferencias de ministros y otros funcionarios cubanos y reuniones entre ejecutivos de Estados Unidos y representantes de empresas del país anfitrión.
En el listado de visitantes se apreció a empresarios del sector alimenticio, de la construcción, de tecnología e informática, de comercio, de productos farmacéuticos y del transporte, entre otros.
«Ellos (los empresarios estadounidenses) quisieran restablecer con Cuba relaciones económicas y comerciales de manera tranquila y legal», comentó Nicola Cecchi, presidente de la firma italiana Cristóbal SRL, organizadora y patrocinadora de las citas anuales.
La compañía Cristóbal SRL se hizo cargo de los gastos de los empresarios estadounidenses, fórmula que permite eludir las restricciones impuestas por el embargo que desde hace más de cuatro décadas mantiene Washington contra Cuba.
El embargo económico establece que los ciudadanos estadounidenses deben obtener una licencia del Departamento del Tesoro de su país para poder gastar su dinero en Cuba. Ese permiso sólo es otorgado periodistas, artistas, científicos, académicos y cubanoamericanos.
Además, el límite máximo de erogaciones es de 100 dólares diarios, pero el precio por una noche en alguno de los hoteles de categoría cinco estrellas de La Habana es igual o superior a esa cifra.
La cita de negocios también fue patrocinada por la firma Alamar Association, de Washington, y por el Centro de Promoción de Inversiones de Cuba.
Cecchi comentó al semanario especializado Opciones su satisfacción por los «avances en las negociaciones» y dijo que «un número cada vez mayor de personas consideran la necesidad de hacer negocios con Cuba».
También apuntó que los empresarios estadounidenses «no hablan de política ni están de acuerdo con el bloqueo».
Sin embargo, el clima más bien tenso de las relaciones cubano- estadounidenses y el endurecimiento de la política de Washington hacia La Habana parece reducir estas citas al mero ejercicio retórico, al menos por ahora.
Para Cecchi, los empresarios estadounidenses se han dado cuenta de que van perdiendo espacios con las empresas europeas y de otros países, que cada vez en mayor número se establecen con éxito en la isla, «y quieren participar también».
Datos oficiales de Cuba indican que el balance del año pasado cerró con 392 asociaciones económicas internacionales, incluidas empresas mixtas, con flujos financieros comprometidos por alrededor de 5.000 millones de dólares.
Señalan, además, que más de 60 por ciento de esas asociaciones se concertaron con posterioridad a la entrada en vigor de las leyes Torricelli (1993) y Helms-Burton (1996), lo cual es interpretado por las autoridades cubanas como un «fracaso» de los intentos de Washington de detener las inversiones extranjeras en la isla.
La ley impulsada por el hoy senador Robert Torricelli cuando integraba la Cámara de Representantes (1982-1996) desautorizaba a empresas subsidiarias de Estados Unidos en terceros países que negociaban con la isla.
En tanto, la norma elaborada por los senadores Jesse Helms y John Burton prevé sanciones para firmas de terceros países que inviertan en propiedades estadounidenses expropiadas o confiscadas por el gobierno de Fidel Castro.
Los capitales invertidos en Cuba hasta el momento proceden de 46 países y se extienden a 32 sectores económicos, entre los que se destacan el turismo, le petróleo, la minería, la industria ligera y la agricultura.
La cita de negocios Cuba-Estados Unidos de junio del año pasado se realizó en un clima de optimismo por la discusión en ese momento en el Congreso estadounidense de una legislación para permitir la venta de alimentos y medicinas a Cuba.
Sin embargo, la ley finalmente aprobada en octubre convirtió en prácticamente imposible cualquier negociación, al negar a la isla el acceso a créditos públicos o privados para efectuar sus compras, además de mantener, entre otras disposiciones, las restricciones para el transporte aéreo o marítimo.
La norma, interpretada por sectores anticastristas como una flexibilización del embargo, convirtió además en ley la prohibición a los ciudadanos estadounidenses de viajar a Cuba como turistas.
La Habana dijo entonces que, mientras no se levantaran las sanciones económicas en su conjunto, no accedería a comprar ni un grano de arroz y ni una aspirina en Estados Unidos.
La posición ha sido sostenida desde entonces, resultando infructuosos los esfuerzos de productores y congresistas estadounidenses por convencer de lo contrario al gobierno cubano.
Fuentes del sector agrícola estadounidense han comentado que desde 1962 en adelante, Cuba importó 8,5 millones de toneladas de arroz, lo cual, de no mediar el embargo, hubiera dejado ganancias por 3.100 millones de dólares a Estados Unidos.
Estados Unidos acaparó hasta 1958 alrededor de 70 por ciento de las exportaciones e importaciones cubanas.
El gobierno de Castro, tras la ruptura a comienzos de los años 60 de las relaciones diplomáticas y económicas con Washington, reorientó el comercio hacia el hoy desaparecido campo socialista europeo, liderado por la también desaparecida Unión Soviética, que llegó a concentrar 85 por ciento del intercambio. (FIN/IPS/pg/dm/if/01
