El gobierno de Estados Unidos parece haber perdido el rumbo desde que asumiera el poder George W. Bush hace seis meses, a pesar de importantes victorias legislativas referidas a la reducción de impuestos y la educación.
Las últimas encuestas revelan que una leve mayoría de ciudadanos aprueban la gestión de Bush, una cantidad muy baja para un presidente que aún no llegó al año en el poder, y que la gran mayoría confía más en el opositor Partido Demócrata que en el oficialista Republicano en asuntos importantes, como la salud.
Así mismo, una clara mayoría del público duda de los planes del gobierno que presentan riesgos ambientales, como la prospección petrolera en zonas protegidos y la promoción de la industria nuclear.
Este viernes se supo que el vicepresidente Dick Cheney sufre de arritmia cardiaca y que deberá someterse en el hospital a más exámenes y tratamiento médico por tercera vez desde las elecciones de noviembre.
Cheney es considerado por los medios de comunicación el «primer ministro» de Bush, debido al poder y a la responsabilidad sin precedentes que tiene en el gobierno. Es el vínculo clave entre al ala pro-empresarial y la populista de derecha del Partido Republicano.
Hasta que el senador James Jeffords se separó del Partido Republicano y se proclamó independiente, el voto de Cheney también era fundamental para decidir en los casos de empate en el Senado, dividido entonces entre 50 demócratas y 50 republicanos.
Al darle a los demócratas el control del Senado, Jeffords también socavó la importancia legislativa de Cheney y el control del gobierno en el Congreso.
La imagen de Bush, a la par de la de Cheney, también pierde fuerza. La mayoría de los dirigentes republicanos no ocultaban su ira con la Casa Blanca por haber alejado al senador Jeffords con sus políticas y entregado el control del Congreso a los demócratas.
Cheney y sus partidarios pretendían que, a esta altura, el Senado estuviera discutiendo su programa energético. En cambio, los demócratas y un puñado de republicanos moderados critican el estado de la atención médica y los derechos de los pacientes.
Pero la ofensiva no sólo procede de Jeffords y los demócratas. Republicanos de derecha temen que Bush pierda seguridad en campos esenciales, como la defensa nacional y la política exterior.
Un ejemplo de ese temor se evidenció este mes cuando Bush anunció que la Armada de Estados Unidos dejaría de utilizar para sus ejercicios militares a la isla de Vieques, en Puerto Rico.
Legisladores de derecha reaccionaron con ira y argumentaron que Bush actuaba igual que Bill Clinton, el anterior presidente, al sacrificar la seguridad nacional a la política.
«No puedo estar de acuerdo con una decisión políticamente motivada, que pone innecesariamente las vidas de nuestros hombres y mujeres de uniforme en riesgo. El entrenamiento militar en Vieques es vital», afirmó el senador James Inhofe.
Otros advirtieron que la frase de Bush, «Ellos no nos quieren allí», para explicar su decisión en Vieques, sienta un mal precedente para las estratégicas bases estadounidenses en el extranjero, como la japonesa de Okinawa, donde la presencia de Estados Unidos es controvertida.
Varios días después, cuando Bush mantuvo su primera reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, derechistas e incluso algunos demócratas se asombraron cuando Bush declaró que había indagado en el «alma» de Putin y lo había hallado «confiable».
«¿Son estas declaraciones de un hombre en proceso de maduración para convertirse en Líder del Mundo Libre o de alguien que ha visto muchos episodios de Barney», un programa de televisión infantil, preguntó Arianna Huffington, columnista del diario Los Angeles Times.
La política exterior y la seguridad nacional son una creciente fuente de embarazosas contradicciones para Washington.
Bush se mantiene firme, al menos retóricamente, con respecto al sistema nacional de defensa contra misiles y al recalentamiento del planeta, pero su posición al respecto se ha debilitado en el último mes.
La reducción de impuestos que él mismo propuso, asestó, sin quererlo, un golpe a las esperanzas republicanas de tener un fuerte incremento en el presupuesto de defensa, incluida la instalación del sistema nacional de defensa.
El gobierno asegura que habrán superávits fiscales durante mucho tiempo, pero éstos no parecen tan probables ahora que la economía pierde vigor y las grandes compañías anuncian miles de despidos prácticamente todos los días.
Incluso el jefe del Pentágono (Departamento de Defensa) Donald Rumsfeld reconoció que Washington no podrá hacer el tipo de inversión en armas nuevas que él desearía.
Así mismo, el tema del recalentamiento planetario recibe más atención por parte del gobierno, ahora que el propio Bush reconoció que el problema es real.
También inciden en ese sentido, la falta de entusiasmo por el amibicioso plan energético de Cheney, combinado con la intención de la Unión Europea y Japón de ratificar el Protocolo de Kyoto, que pretende limitar la emisión de gases invernadero.
Fuentes demócratas creen que Bush no puede ganar este punto. Mientras, el gobierno parece empantanado también sobre la posibilidad de que el Congreso le otorgue este año la autoridad de «vía rápida» para negociar tratados comerciales internacionales.
Con la vía rápida Bush podría negociar un tratado y el Congreso se vería obligado a rechazarlo o aceptarlo íntegramente, sin modificarlo parcialmente.
El Representante de Comercio Robert Zoellick no ha logrado en los últimos meses allanar las diferencias al respecto entre los demócratas, que exigen que la vía rápida incluya sanciones contra aquellos países que violen ciertas normas ambientales o laborales, y los republicanos, opuestos a esas sanciones.
Al mismo tiempo, Zoellick es atacado por defensores del libre comercio contrarios a su decisión de iniciar un proceso que resultaría en sanciones contra las importaciones de acero.
Así mismo, un fallo de la Organización Mundial de Comercio este mes contra una exención impositiva por 5.000 millones de dólares para los exportadores estadounidenses amenaza, según Zoellick, con el equivalente de una guerra comercial «nuclear» entre Washington y la Unión Europea, que planteó el caso.
Por último, el sorpresivo voto de la Cámara de Representantes esta semana prohibiendo a los camiones mexicanos que operen en Estados Unidos en un área mayor a los 30 kilómetros de la frontera, en una clara violación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, agregó otro obstáculo en el camino de Zoellick para conseguir el apoyo a la vía rápida. (FIN/IPS/tra-en/jl/aq/ip/01
