En su segunda ejecución en 10 días, el gobierno de Estados Unidos ejecutó a Juan Raúl Garza, un asesino convicto de padres mexicanos, a pesar de que sus abogados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvieron que no recibió un juicio justo.
Garza murió por inyección letal en Terre Haute, Indiana, en la misma prisión donde fuera ejecutado el lunes de la semana pasada Timothy McVeigh, el responsable del atentado con bomba que destruyó en 1995 un tribunal federal en Oklahoma, causando la muerte a 168 personas.
Las dos ejecuciones fueron las primeras cometidas por el gobierno federal estadounidense en los últimos 38 años. Actualmente hay 18 presos federales esperando su ejecución, frente a los 3.800 en los pabellones de la muerte de las cárceles estatales.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional, que aboga por la abolición de la pena capital, denunció la ejecución de Garza.
«Fresco de su ofensiva de relaciones públicas en Europa, el presidente (George W.) Bush… permitió que su país viole una vez más las normas internacionales de derechos humanos», señaló en referencia a las manifestaciones contra la pena de muerte celebradas en Europa durante la visita de Bush este mes.
«Al hacerlo dañó la reputación internacional de Estados Unidos y dio a sus ciudadanos menos razones para sentir confianza en la administración de la justicia en su país», agregó Amnistía.
La ejecución tuvo lugar mientras crece el debate sobre la pena capital en este país. Tradicionalmente, la mayoría de la población ha apoyado la pena de muerte, pero esa mayoría parece haber disminuido sensiblemente en los últimos 18 meses, según las últimas encuestas de opinión.
Dos de los 38 estados que permiten la pena capital han declarado una suspensión en las ejecuciones.
Aproximadamente dos tercios del electorado se oponen ahora a la pena de muerte para las personas con retardo mental, según las encuestas.
La semana pasada, el gobernador de Florida y hermano del presidente, Jeb Bush, siguió el ejemplo de 15 estados más al promulgar una ley que prohíbe ejecutar a las personas con un cociente intelectual inferior a 70.
La legislatura de Texas, que ejecutó a varias personas con retardo cuando Bush era gobernador, aprobó una ley similar la semana pasada, pero esta fue vetada por el sucesor de Bush, Rick Perry. La Corte Suprema de Estados Unidos decidirá este año si la práctica viola la constitución federal.
Junto con Japón y Kyrgyzstán, Estados Unidos es el único país donde se puede ejecutar a las personas con retardo, lo cual es una fuente de vergüenza para los diplomáticos estadounidenses en el exterior.
Nueve funcionarios retirados del servicio exterior firmaron un escrito argumentando contra la ejecución pendiente de Ernest McCarver, que sufre retardo mental.
La misma «dañaría las relaciones diplomáticas con los aliados cercanos de Estados Unidos, ofrecerá munición diplomática a los países con malos antecedentes de derechos humanos, y afectará otros intereses de la política exterior estadounidense», advirtieron.
Garza no sufría retardo, pero sus abogados sostenían que no debía haber sido condenado a muerte, debido a errores procesales en el juicio.
Hijo de trabajadores inmigrantes en la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas, Garza llegó a dirigir una organización de contrabando de marihuana. Fue condenado a muerte en 1993 por el asesinato de uno de sus socios y por ordenar la muerte de dos más.
Garza no negó su culpabilidad, pero la fiscalía, sin aportar evidencia alguna, informó al jurado que creía que el acusado había matado a cinco personas más. En consecuencia, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia se obtuvo de «manera arbitraria y caprichosa».
El jurado tampoco sabía que tenía la opción de sentenciar a Garza a cadena perpetua, sin posibilidad de liberación.
«Es menos probable que los jurados que saben que pueden mantener a un acusado en la cárcel de por vida elijan la pena capital», señaló James Orenstein, un abogado participante en un estudio del Departamento de Justicia sobre la pena de muerte.
El Congreso legislativo aprobó una ley en 1994 exigiendo que se informe a los jurados en los casos de pena de muerte que pueden optar por la cadena perpetua, pero eso fue un año después de que Garza fuera condenado.
Pero el factor más importante para cuestionar la sentencia fue la misma que persuadió al ex presidente Bill Clinton de suspender la ejecución en diciembre, cinco días antes de la fecha prevista para la ejecución de Garza.
Un estudio del Departamento de Justicia en septiembre halló que 70 por ciento de los acusados condenados a muerte eran hispanos o negros, y que casi la mitad de esos casos se decidían en unos pocos estados, entre ellos Texas.
Clinton dijo que deseaba darle al Departamento más tiempo para estudiar las «disparidades raciales y geográficas del sistema federal», antes de proceder con la ejecución.
De hecho, 85 por ciento de los condenados a muerte en la prisión de Terre Haute son negros o hispanos, mientras ambos grupos corresponden a 23 por ciento de la población en general.
Así mismo, entre 1995 y 2000, los acusados en 80 por ciento de todos los casos de pena de muerte planteados por los fiscales federales no eran blancos.
A pesar de estas cifras, el fiscal general John Ashcroft anunció el resultado de un estudio que, según él, demostraba que no existía discriminación racial o de otro tipo en los casos de pena capital federal.
Los tipos de crímenes que la ley federal sanciona con la muerte, sobre todo relacionados con el narcotráfico, son aquellos en que las minorías raciales están más representadas, agregó.
En la víspera de la ejecución de Garza, Ashcroft dijo que no halló «evidencia de discriminación racial en la condena». No obstante, abogados acusaron a Ashcroft de «hacer política» con las estadísticas.
Por ejemplo, señalaron que Ashcroft dijo que la fiscalía había solicitado la pena capital para 38 por ciento de los acusados blancos entre 1995 y 2000, pero omitió decir que la cifra comparable para los acusados de las minorías fue de 80 por ciento.
«La pregunta, aún sin responder, es si Juan Garza hubiera terminado en la cámara de inyección letal de Terre Haute de haber sido blanco», preguntó Amnistía. (FIN/IPS/tra-en/jl/aq/hd/01
