Miles de indígenas de México son víctimas y eslabón clave del narcotráfico y el uso de drogas, pero hasta ellos no llegan las campañas contra el consumo, sino sólo castigos y amenazas, advirtieron religiosos e investigadores.
El gobierno de Vicente Fox lanzó este martes una amplia campaña, esencialmente urbana, para prevenir el consumo de drogas y poner en guardia a la población ante el crimen y la violencia que rodean el narcotráfico.
La campaña comenzó en ocasión del Día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas.
Mientras, en las zonas rurales apartadas que habitan los indígenas, la problemática ligada al cultivo, uso y transporte de estupefacientes sigue sin muchos cambios.
Un estudio del Instituto Nacional Indigenista (INI) señaló que 10 de las 20 regiones de alta densidad de población indígena registran una importante concentración de cultivos ilegales de drogas.
Por su parte, la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos indica que más de un tercio de los 7.431 indígenas que cumplen prisión en el país están acusados de delitos relacionados con el narcotráfico.
La pobreza, las tierras de mala calidad, el aislamiento y la falta de recursos para el cultivo de productos legales llevan a muchos indígenas a aceptar, cuando no son obligados, su participación en el mercado de las drogas, apuntó la Comisión.
México, donde los indígenas son alrededor de 10 por ciento de una población total de 100 millones de personas, es un importante centro de tránsito de estupefacientes hacia Estados Unidos, y también de cultivos ilegales, en especial de marihuana y amapola.
«Los narcotraficantes promueven la siembra y amenazan a los indígenas. Lo sé porque lo he visto», aseguró José Luis Dibildoux, obispo de la sierra de Tarahumara, zona del norte del país habitada por nativos.
Dibildoux agregó que luego llega el ejército y detiene a los que siembran y no a quienes los obligan a hacerlo. Así, los indígenas están amenazados por ambos lados.
En Tarahumara, los cultivos de drogas son vistos como algo natural y buena parte de la cosecha se consume en el mismo lugar, dijo el prelado.
Mario Alvarado, autor del libro «Tarahumara: una tierra herida», sostuvo que más de 10 por ciento de los 300.000 habitantes de esa región se dedican a los cultivos ilícitos.
En las regiones indígenas, «la producción de estupefacientes se fomenta por medio de mecanismos que van desde la amenaza, la coerción o el ofrecimiento de grandes utilidades económicas», dicen documentos elaborados por INI.
Fuerzas del ejército inspeccionan en forma constante tras la búsqueda de plantaciones de drogas las áreas indígenas de los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en el sur del país, de Puebla, en el centro, de Veracruz, en la costa del golfo de México, y en el septentrional Chihuahua.
Esas inspecciones dejan como resultado la detención de indígenas pobres que fueron amenazados o contratados para sembrar pequeñas parcelas de drogas, mientras que los responsables de las grandes organizaciones criminales permanecen libres, explicó el grupo humanitario Agustín Pro Juárez, dependiente de la orden católica de los jesuitas.
A su vez, Adrián Avila, secretario de acción educativa de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, advirtió que en varias zonas rurales, especialmente del estado de México, vecino a la capital, el consumo de drogas se ha disparado «por la facilidad con la que se comercializan los estupefacientes».
Es necesario que el gobierno ponga atención y diseñe programas dirigidos a las zonas rurales e indígenas donde la siembra, el consumo y el tráfico son problemas crecientes, sugirió Agustín Pro Juárez.
Una investigación de la secretaría (ministerio) de Medio Ambiente reveló que los 72 municipios donde se registran altas tasas de deforestación son además zonas de cultivo de drogas.
En esos lugares, que corresponden a regiones de alta pobreza, más de 35 por ciento de la población es indígena y la mayoría se dedica y la siembra y transporte de marihuana y amapola, indicó la secretaría.
Los riesgos y la violencia relacionados con el cultivo y el uso indebido de drogas en las regiones indígenas exacerban aún más las condiciones de pobreza y marginalidad de sus habitantes, observó el INI.
El gobierno de Fox, en funciones desde diciembre, prometió que trabajará con especial énfasis para lograr que los grupos indígenas salgan de su marginación, pero no ha presentado hasta ahora ningún plan relativo a la relación nativos-narcotráfico.
Más de 96 por ciento de los 10 millones de indígenas que habitan en México viven en condiciones de pobreza, añaden los estudios oficiales. (FIN/IPS/dc/dm/ip/01
