Organizaciones de la sociedad civil criticaron el desembolso parcial esta semana de un crédito del Banco Mundial a Ecuador que está condicionado a reformas económicas y al aumento del impuesto al valor agregado (IVA).
«Las políticas que impulsa el Banco sólo agravarán la situación económica de la mayoría de la población» ecuatoriana, advirtió Steve Hellinger, de Development GAP, una organización no gubernamental (ONG) con sede en Washington que sigue de cerca las acciones del Banco Mundial.
El Banco aprobó hace un año el crédito de 150 millones de dólares para Ecuador, pero lo retuvo para obligar al gobierno ecuatoriano a acelerar su programa de ajuste estructural y aumentar en tres puntos porcentuales el IVA, pese al rechazo popular a estas medidas.
«La liberación del préstamo fue condicionada a la aprobación e implementación de una política regresiva de IVA rechazada por un amplio sector de la sociedad», observó Hellinger.
El Banco anunció el desembolso esta semana de 70 de los 150 millones de dólares para permitir a Ecuador continuar sus esfuerzos de reestructuración iniciados en 1999, tras la crisis económica que casi paralizó a ese país limítrofe con Colombia, Perú y el océano Pacífico.
La presión forzó al presidente Gustavo Noboa a una intensa campaña para superar el rechazo del parlamento al aumento del IVA.
Los legisladores se negaron en marzo a aprobar el incremento, pero Noboa intervino y logró subir el impuesto a 14 por ciento.
El aumento entró en vigencia el 1 de este mes y fue bienvenido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que dio la luz verde a otros donantes para reanudar los préstamos a Ecuador liberando parte de su propio paquete financiero de 300 millones de dólares.
Thomas Dawson, principal portavoz del FMI, destacó que el incremento del IVA «es parte importante del paquete», y aunque pueda ser impopular e impugnado judicialmente, «eso llevará algún tiempo, y las autoridades creen en la solidez de su posición jurídica».
Los movimientos sociales de Ecuador están decepcionados por la decisión unilateral del gobierno de cumplir con los dictados de las instituciones financieras multilaterales pese a las promesas de consultar a grupos de la sociedad civil antes de hacerlo.
El gobierno, que todavía no se recuperaba de las protestas en enero de sindicatos, estudiantes y grupos indígenas opuestos a las medidas de austeridad, acordó el 7 de febrero ampliar las discusiones sobre la reforma fiscal e invitó al público a formular recomendaciones para proyectos legislativos.
Los disturbios fueron desencadenados por los aumentos de precios dispuestos por el gobierno por recomendación de instituciones financieras internacionales. El boleto de los autobuses municipales subió 75 por ciento y el precio de la gasolina 25 por ciento, por ejemplo.
El gobierno calmó las protestas con la promesa de que el incremento de los combustibles se suspendería hasta fin de año, pero ahora el aumento del IVA podría caldear nuevamente los ánimos.
Aunque el diálogo entre las autoridades y ONG tuvo lugar, los grupos expresaron preocupación porque algunas de sus recomendaciones, y en particular su oposición a subir el IVA, fueron ignoradas.
«Los pobres están pagando una vez más por la mala administración financiera en Ecuador», afirmó Sarah Grusky, de la ONG Iniciativa de Desafío a la Globalización.
«Estamos en presencia de un ejemplo latinoamericano del ciclo de paquetes de rescate y condiciones más duras de las instituciones de crédito», señaló Grusky.
Añadió que, «en esencia, la mayoría de las condiciones de esos paquetes se cargan sobre las espaldas de los pobres mediante más privatizaciones, restricción de los servicios públicos y ahora el aumento del IVA», un impuesto indirecto al consumo.
«Ecuador es una bomba a punto de estallar», afirmó la activista.
Noboa es consciente de la naturaleza explosiva de los movimientos sociales que enfrenta, ya que asumió el poder el año pasado con el respaldo de las fuerzas armadas luego de que una coalición de grupos indígenas, líderes de la sociedad civil y militares forzaran a Jamil Mahuad a renunciar a la presidencia.
El gobierno de Mahuad fue el primero del mundo en incumplir el pago de bonos Brady y Eurobonos en 1999, año en que el producto interno bruto cayó siete por ciento, los precios al consumo aumentaron 60 por ciento, los salarios cayeron y la moneda nacional, el sucre, perdió dos tercios de su valor frente al dólar.
Antes de ser derrocado, Mahuad anunció que fijaría el sucre al dólar como preámbulo de la adopción de la moneda estadounidense como la moneda de curso legal en Ecuador.
Noboa continuó con la dolarización y otras reformas económicas, y en abril de 2000, el FMI lo respaldó con un crédito de contingencia de 300 millones de dólares.
El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina para el Desarrollo siguieron el ejemplo del Fondo y otorgaron en conjunto 1.700 millones de dólares en préstamos a Ecuador. (FIN/IPS/tra-en/gm/aa/mlm/if-dv/01
