Estados Unidos negocia un acuerdo comercial con Chile como operación política, para debilitar al Mercosur, aislar a Brasil e imponer en el ALCA el modelo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aseguraron hoy dirigentes ambientalistas y sindicales chilenos.
El tratado con Chile es un «globo de ensayo» del presidente estadounidense George W. Bush para la obtención de la vía rápida (fast track) de cara a la negociación del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), dijo Manuel Baquedano, presidente del Instituto de Ecología Política (IEP).
Baquedano viajará este fin de semana a Washington junto a dirigentes ambientalistas y sindicales que se reunirán con legisladores, grupos ecologistas, organizaciones ciudadanas y representantes laborales para promover el rechazo en Estados Unidos al tratado comercial con Chile.
En la delegación estará también Miguel Fredes, coordinador del Centro Austral de Derecho Ambiental, una organización no gubernamental que tiene entre sus principales líneas de acción la defensa de los bosques.
Así mismo, viajarán Moisés Labraña y Jorge Godoy, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Confederación Minera de Chile, entidad sindical que cuenta con 12 federaciones y unos 6.000 trabajadores afiliados.
El último miembro de la delegación será Cosme Caracciolo, presidente de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales, que cuenta con 30.000 miembros en todo el litoral chileno sobre el océano Pacífico.
El presidente Ricardo Lagos y el entonces mandatario estadounidense Bill Clinton anunciaron en noviembre de 2000 el inicio de negociaciones para un tratado de comercio entre Chile y Estados Unidos.
Bush está interesado en impulsar este acuerdo, que podría ser el primer paso para convertir a Chile en el cuarto miembro del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), integrado por Canadá, Estados Unidos y México.
Chile firmó en 1991 un convenio bilateral de comercio con México y en 1996 hizo lo propio con Canadá.
Bush debe iniciar en las próximas semanas contactos con las comisiones de Relaciones Exteriores y de Comercio, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, en busca de un clima favorable para solicitar la autorización de la vía rápida antes de fin de año.
La vía rápida, según la cual los legisladores aprueban o rechazan en bloque los tratados comerciales sin analizarlos ni votarlos cláusula por cláusula, es vista como el mecanismo expedito para que Bush concrete tanto acuerdos bilaterales con Chile y Singapur, como en la negociación del ALCA, que debe concluir en enero de 2005.
Baquedano señaló que el objetivo central de la misión a Estados Unidos es «hacer lobbying» (cabildeo) para que Bush no obtenga la vía rápida.
Según el presidente del IEP, en Estados Unidos hay condiciones favorables para lograr ese objetivo, pues la renuncia del senador James Jeffords al Partido Republicano posibilita el control de la cámara alta a los demócratas, que son mayoría también en la Cámara de Representantes.
Los demócratas, así como algunos republicanos, son partidarios de incluir cláusulas laborales y ambientales en los acuerdos de comercio, lo cual dificulta que cedan facultades legislativas al Poder Ejecutivo a través del «fast track».
La delegación de dirigentes sindicales y ambientalistas acordará en Washington mecanismos con organizaciones similares para llevar a cabo un seguimiento permanente de las negociaciones comerciales entre Chile y Estados Unidos.
«En sus aspectos formales, el tratado que se está negociando es repudiable, porque no se informa a la ciudadanía sobre las conversaciones», señaló Fredes.
Baquedano apuntó que el gobierno de Lagos proyecta la imagen de que en Chile hay unidad a favor del acuerdo con Estados Unidos, pero 25 por ciento de las personas consultadas para una encuesta se declararon contra del tratado.
La proporción de opositores sería mayor si los que no se pronuncian alegando desconocimiento supieran lo que se negocia y si los grupos que están en contra tuvieran mayor acceso a la prensa y mayores recursos para difundir su posición, agregó el dirigente.
Labraña dijo que Chile debe buscar acuerdos con economías equivalentes, en lugar de negociar con Estados Unidos, un país de política comercial proteccionista que impulsa la expansión de sus capitales mediante los tratados.
El dirigente sindical señaló que en el marco del TLCAN, 362 empresas canadienses pasaron a ser controladas por capitales estadounidenses entre 1998 y 2000, y que para 2002 se prevé que 50 por ciento de la economía de Canadá estará en manos de su poderoso vecino.
Sara Larraín, ex candidata presidencial y coordinadora de Chile Sustentable, advirtió que el tratado que negocian Chile y Estados Unidos es de comercio e inversiones, al igual que el TLCAN, lo cual a su juicio facilitará la penetración de los capitales estadounidenses, dejando en la indefensión a las pequeñas y medianas empresas locales.
«Chile es más imagen que poder económico», dijo Baquedano, citando a un diplomático de la Unión Europea.
En esa perspectiva, el interés de Bush en un tratado comercial con este país se explica en la medida en que Chile puede servir de «cabeza de puente» para una negociación del ALCA en que se imponga el «modelo Nafta», siglas en inglés del TLCAN.
Se trata, según los ecologistas, de debilitar otras formas de integración más armónicas entre sus miembros, como el Mercosur (Mercado Común del Sur), integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Bolivia y Chile como miembros asociados.
Brasil ha sido el gran opositor al «modelo Nafta» y Bush quiere aislarlo, aprovechando la crisis de Argentina, la posición de Uruguay cercana a Chile y, sobre todo, el tratado comercial con este país. (FIN/IPS/ggr/ff/if/01
