Las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que combaten a las guerrillas de izquierda y están acusadas de graves crímenes contra la población, respondieron al acoso del gobierno con el reemplazo de su líder Carlos Castaño por dirigentes aún más radicales.
Las AUC decidieron aceptar la renuncia de Castaño a la jefatura del grupo, presentada el 31 de mayo, y nombraron en su lugar un estado mayor de ocho miembros.
Sin embargo, mantuvieron a Castaño como «conductor y responsable político, en compañía de Ernesto Báez», según un comunicado divulgado en la red mundial de computadoras y que dio cuenta de la reunión realizada el 6 de este mes por el grupo paramilitar.
El relevo de Castaño, quien era reconocido en el país como único líder de las AUC, por un grupo de jefes que representan el sector más radical de la agrupación «no es muy alentador», señaló Alfredo Rangel, ex asesor presidencial en asuntos de seguridad.
Rangel dijo a IPS que la recomposición de la dirigencia paramilitar puede derivar en un aumento de las «acciones aisladas y un escalamiento de la violencia muy significativo, sobre todo en ciertas regiones donde el Estado esta atacándolos».
La designación de una dirección compartida de las AUC fue motivada por los golpes recibidos en los últimos meses por parte de las autoridades, como los allanamientos a hacendados y comerciantes que al parecer son su apoyo financiero y la captura de varios jefes acusados de masacrar a campesinos, añadió.
Un informe divulgado el domingo por el diario colombiano El Espectador indicó que la Fiscalía tiene en la mira a 60 empresas que habrían servido de soporte económico a las AUC en los últimos 10 años, y de las que estarían vinculadas 357 personas.
Las AUC manejaban sus finanzas a través una organización «sin fines de lucro» denominada Funpazcor (Fundación para la Paz de Córdoba), que tenía sedes en Medellín, en el noroccidente del país, y en Montería, capital del septentrional departamento de Córdoba, aseguró el documento periodístico.
Además, informó que la Fiscalía tiene archivos grabados de «comprometedoras» conversaciones telefónicas entre Castaño y dirigentes políticos, hacendados y miembros de las Fuerzas Militares de Colombia.
Rangel opinó que este accionar de los organismos de seguridad del Estado «han resentido seriamente (a las AUC) y han propiciado una división a su interior respecto de las respuestas que tendrían que darle a esa ofensiva».
Otros analistas políticos sostienen que la respuesta de Castaño a los operativos de la Fiscalía contra supuestos financiadores fue considerada muy débil por un sector de las AUC, lo cual motivó su renuncia.
El debate sobre si se debe o no luchar contra el Estado siempre estuvo presente entre los paramilitares, pero la situación se radicalizó con los allanamientos y capturas llevados a cabo por la Fiscalía el 24 de mayo en Montería, apuntaron los expertos.
Este análisis coincide con el breve mensaje de renuncia de Castaño, en el que señalaba expresamente: «Compañeros de causa, somos en las AUC amigos y respetuosos de las instituciones del Estado. Respétenlo. Renuncio irrevocablemente a mi cargo otorgado por ustedes».
Castaño había dicho el 1 de marzo de 2000 al canal privado de televisión Caracol que varias veces había sido desaprobado por la dirigencia de la organización por considerarlo «blando».
«Contra eso es que es difícil la lucha interna, pero las organizaciones tienen que tener su propio mal…es indispensable a veces», agregó Castaño en alusión a la línea blanda de la que supuestamente es partidario.
Algunos expertos creen que el marginamiento de Castaño de las operaciones militares de las AUC significa un debilitamiento de su poder, mientras otros señalan que su renuncia es parte de una estrategia para que logre el reconocimiento político del grupo y puedan negociar la paz con el gobierno de Andrés Pastrana, al igual que lo hacen las guerrillas.
El comunicado divulgado la semana pasada por las AUC en su página de Internet parece marcar un distanciamiento con el gobierno, al señalarle que «sus instituciones tienen derecho a combatir contra las AUC, pero están en la obligación de respetar nuestros derechos constitucionales».
En el documento se acusa al presidente Pastrana de tener «pactos oscuros» con las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a tal punto que esa agrupación rebelde ha presionado con divulgar «acuerdos preelectorales».
Pastrana obtuvo la mayor votación en la campaña electoral de 1998 tras haberse reunido una semana antes de los comicios con el jefe de las FARC, Manuel Marulanda, y haberse comprometido a llevar a cabo negociaciones para poner fin al conflicto armado interno.
Las AUC reiteraron en su comunicado de la semana pasada que también se oponen a las negociaciones de paz entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda fuerza insurgente después de las FARC.
Los grupos paramilitares de derecha fueron creados a comienzos de la década del 80 por hacendados y comerciantes que buscaban protegerse de las guerrillas izquierdistas, y en sus comienzos fueron apoyados por el ejército.
A fines de los años 80 estas agrupaciones desbordaron su actividad hacia los narcotraficantes y llevaron a cabo operativos contra defensores de los derechos humanos, sindicalistas y políticos de izquierda.
Las AUC dicen contar en la actualidad con 11.000 integrantes activos, mientas que los organismos de seguridad admiten que aglutinan a unos 8.000 combatientes.
Un informe divulgado la semana pasada por Amnistía Internacional, con sede en Londres, sostiene que los paramilitares son los principales violadores de los derechos humanos en Colombia, seguidos de las guerrillas.
Por su parte, estadísticas gubernamentales les atribuyeron a las AUC la muerte de 199 personas en diversas masacres en 1999 y de 529 en lo que va de este año. (FIN/IPS/yf/dm/ip hd/01
