El presidente de Chile, Ricardo Lagos, resolvió con presteza y autoridad la crisis cívico-militar originada por la renuncia del comandante de la armada, Jorge Arancibia, en un episodio que fortaleció el orden constitucional y representó un duro traspié para la derecha.
«La Armada jamás ha sido politizada y, al contrario, mi intención es que en absoluto se politice», dijo este viernes el vicealmirante Miguel Angel Vergara, quien asumirá este lunes como comandante en jefe de la armada, luego de que Lagos forzara a Arancibia a adelantar su renuncia al cargo.
El mandatario socialista resolvió en 24 horas la crisis que desató Arancibia el miércoles, cuando le presentó a Lagos su dimisión a la jefatura de la fuerza naval, pero efectiva desde el 6 de julio, cuatro meses antes del término en noviembre de su periodo de cuatro años.
Arancibia renunció porque el principal partido de la oposición derechista, la Unión Demócrata Independiente (UDI), le ofreció una candidatura al Senado para los comicios legislativos de diciembre.
Dirigentes de la oficialista Concertación por la Democracia y del opositor Partido Comunista acusaron entonces al almirante de incurrir en actos de deliberación política, prohibidos a los miembros de las Fuerzas Armadas por normas constitucionales.
Del mismo modo, el diputado Pablo Longueira, presidente de la UDI, cometió el delito de sedición al entrar en contactos de carácter político con el jefe de una fuerza militar, según parlamentarios de la gobernante coalición de centroizquierda.
El gobierno, a través del ministro de Defensa, Mario Fernández, calificó la situación de «gravísima» y «delicada», y condenó la supuesta actuación de Longueira, aunque se abstuvo de suscribir las acusaciones de deliberación y sedición.
Sebastián Piñera, presidente del Partido Renovación Nacional, aliado de la UDI en el pacto electoral Alianza por Chile, dijo que esta situación implicaba un retroceso tanto para las Fuerzas Armadas como para los esfuerzos del país «para restablecer una sana convivencia entre el mundo civil y militar».
Lagos citó en las últimas horas del jueves a su despacho a Arancibia para exigirle que hiciera efectiva de inmediato su renuncia, y a renglón seguido designó como nuevo jefe de la armada al vicealmirante Vergara, cuarto en la escala de mando de la marina de guerra.
El presidente ejerció así su facultad constitucional de designar a los jefes de las instituciones armadas entre los cinco primeros oficiales en la escala de mando, determinada por antigüedad.
De acuerdo con la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y con la Constitución, heredadas de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), el presidente carece de facultades para remover a un comandante en jefe antes de finalizados los cuatro años de su periodo al frente de la fuerza.
El único mecanismo de remoción anticipada es la destitución del jefe militar con el acuerdo de los dos tercios del Consejo de Seguridad Nacional, organismo en que los comandantes del ejército, la armada, la fuerza aérea y la policía de carabineros representan 50 por ciento de los votos.
Lagos, un socialista moderado, debió ejercer todo el peso moral de su autoridad política, así como la fuerza de sus argumentos, para lograr que Arancibia hiciera efectiva de inmediato su renuncia para entregar el lunes el mando de la armada a Vergara.
Trascendió que la reunión del mandatario con Arancibia, un marino conservador y declarado partidario de Pinochet, fue tensa porque el almirante insistió en su derecho a permanecer en el cargo hasta el 6 de julio.
El presidente le advirtió que su obstinación lo exponía a una acusación constitucional en la Cámara de Diputados, lo cual abatió la resistencia de Arancibia.
El almirante debió considerar que un juicio político en el Poder Legislativo le habría implicado la suspensión temporal de sus derechos ciudadanos, lo cual a su vez le impediría inscribirse como candidato a senador.
La diputada Isabel Allende, hija del ex presidente Salvador Allende (1970-1973) muerto durante el golpe de Estado encabezado por Pinochet y actual vicepresidenta del Partido Socialista, señaló este viernes que sigue en pie la posibilidad de acusar constitucionalmente a Arancibia.
El presidente del Senado, Andrés Zaldívar, del cogobernante Partido Demócrata Cristiano, reiteró a su vez que la Cámara de Diputados debe designar una comisión que investigue la actuación de Longueira y determine si el líder de la UDI puede ser igualmente objeto de un juicio por transgredir la Constitución.
En círculos políticos se comentó que la derrota de Arancibia fue doble, pues Lagos desechó la posibilidad de designar como nuevo jefe de la armada al vicealmirante Alex Waghorn, quinta jerarquía y a quien el comandante saliente promovía como su sucesor.
En una perspectiva más integral, este episodio fue una señal positiva para los afanes de completar la transición chilena, despejando la politización que la dictadura de Pinochet introdujo en las Fuerzas Armadas y hacer que éstas se subordinen al poder civil.
El ministro del Interior, José Miguel Insulza, señaló que la crisis provocada por Arancibia plantea la necesidad de reformas legales que pongan fin a la llamada inamovilidad de los comandantes de las Fuerzas Armadas.
El gobierno de Lagos mantiene conversaciones con los partidos por la aprobación de una ley en ese sentido, lo cual requiere de respaldo entre la oposición derechista, sobre todo del Partido Renovación Nacional, que después del caso Arancibia tiene en la UDI a un aliado poco confiable. (FIN/IPS/ggr/mj/ip/01
