Las personas desplazadas de sus hogares por la violencia en Colombia suman 55.580 en el primer trimestre del año y 52 por ciento de ellas son niños y adolescentes, advirtió la Iglesia Católica.
El informe de la Iglesia señala que el área abandonada abarca 183.805 hectáreas, en zonas donde los paramilitares de derecha tienen mayor presencia que las guerrillas izquierdistas.
Otra investigación, el Estudio sobre Desplazamiento Forzado, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, identifica ese departamento del noroeste como la zona de mayor huida de población rural.
El mismo estudio indica que la ciudad de Bogotá es la principal receptora de campesinos desplazados, seguida de Medellín, capital de Antioquia y uno de los mayores centros urbanos de Colombia.
Dos millones de personas han debido huir de la violencia, pero el problema, pese a su magnitud, aún no es tomado en cuenta debidamente por la comunidad internacional y «en el país ocupa una atención marginal», dijo a IPS la socióloga María Teresa Uribe, directora del instituto que realizó la investigación.
«Es una vergüenza nacional. El desplazamiento no tiene lugar en la preocupación del gobierno, que sigue mirando a los desarraigados de su tierra como si fueran producto de una catástrofe natural», observó Uribe.
Por su parte, un representante del Observatorio para el Desplazamiento Forzoso en Cartagena, que pidió no ser identificado por razones de seguridad, dijo a IPS que muchas veces el desplazamiento de personas no es atendido por las autoridades «porque trae consigo una mala imagen para el país».
Analistas sostienen que los esfuerzos del gobierno de Andrés Pastrana han sido mínimos y que sólo la Iglesia Católica y los organismos humanitarios internacionales desarrollan acciones concretas para atender las necesidades inmediatas de las familias desplazadas de sus hogares.
La ley 387, de 1997, establece que las personas desplazadas deben recibir una compensación por daños económicos y sociales y garantías de seguridad, además de reparación moral por las heridas psicológicas y las pérdidas afectivas que sufrieran.
La investigación de la Universidad de Antioquia recomienda también acciones para la inclusión social de los campesinos expulsados por la violencia.
«A los desplazados se les debe asumir como ciudadanos con capacidad de discernimiento, con criterios propios para encarar su vida y su futuro, y no como discapacitados e incapaces», anotó Uribe.
La experta explicó que el desplazamiento interno por razones de guerra es extensivo, recurrente, diferenciado por regiones y por ciclos y que han sido comprobadas «migraciones forzosas de pueblos enteros».
Las emigraciones forzadas en cadena también son frecuentes. Se registran sucesivos éxodos de las mismas personas y familias, que son expulsadas hasta tres y cuatro veces de los lugares en que se habían asentado, lo cual hace muy difícil el seguimiento acabado de su situación, comentó.
Para Uribe, aunque las cifras son dramáticas al punto de que ubican a Colombia en el primer lugar en el mundo en esta materia, el caso no ha tenido la misma «connotación internacional que los desplazados de Kosovo, Sudáfrica o Mozambique.
Informes de organizaciones defensoras de los derechos humanos indican que entre 1985 y este año se ha registrado el desplazamiento forzado de casi dos millones de personas, 4,6 por ciento de los 41,6 millones de habitantes del país.
El problema, pese a que es predominantemente de carácter interno, ya ha cruzado las fronteras en las zonas de Urabá (noroeste) hacia Panamá, del Arauca (noreste) y Vichada (sudeste), hacia Venezuela, y Putumayo, Caqueta y Guaviare (sur) hacia Ecuador y Perú.
«Ese desplazamiento fronterizo puede incrementarse con la implementación del Plan Colombia y la erradicación de cultivos ilícitos en el sur del país», advirtieron Uribe y Jorge Rojas, de la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.
El Plan Colombia, puesto en marcha por el gobierno de Pastrana con ayuda especial de Estados Unidos, pretende terminar con el narcotráfico e implementar proyectos de desarrollo alternativo en las zonas de erradicación de los cultivos de coca y amapolas.
Según el estudio de la Universidad de Antioquia, el desplazamiento forzado es la más grave consecuencia del conflicto armado, que se prolonga desde hace casi cuatro décadas.
«La situación de Colombia es diferente a la de otros países, donde las identidades preexistentes son la razón de ser de las persecuciones y del abandono de territorios», sostuvo Uribe.
Los grupos armados que obligan a huir a los campesinos justifican los asesinatos, las persecuciones y las órdenes de desalojo acusando a sus víctimas de colaborar con las guerrillas, los paramilitares o el ejército, según el caso, recordó la investigadora.
Otra causa del desplazamiento son proyectos como la construcción de la central hidroeléctrica de Urrá, en el norte del país, la explotación de recursos mineros en la región de Urabá, y la actividad petrolera en el oriente. ((FIN/IPS/yf/dm-ff/hd/01
