Ambientalistas y ejecutivos de compañías mineras de Estados Unidos aguardan con ansiedad una decisión del gobierno sobre la suspensión de las normas de protección del ambiente y la salud pública para esa industria.
Ambas partes presionaron con fines opuestos a la Oficina de Administración Agraria, una unidad del Departamento del Interior que promueve la suspensión de la regulación de la minería de piedra dura, la industria más contaminante del país, según la Agencia de Protección Ambiental.
La secretaria del Interior, Gale Norton, propuso a fines de marzo que las normas, en vigor desde enero, fueran suspendidas.
La propuesta enojó a los ambientalistas pero complació a los ejecutivos mineros opuestos a las cláusulas que les exigen financiar cualquier limpieza futura vinculada con la contaminación causada por sus minas.
Se prevé que la Oficina de Administración Agraria anunciará su decisión a mediados de julio.
La Oficina abrió un período de 45 días, finalizado el mes pasado, para comentarios del público sobre el anuncio de Norton.
Funcionarios del organismo informaron que unas 30.000 personas enviaron comentarios y que los partidarios de preservar las normas actuales superaron a los contrarios en una relación de 50 a uno.
La regulación actual entró en vigor luego de cuatro años de estudios y audiencias públicas, y exige a las compañías mineras realizar depósitos de garantía antes de comenzar la explotación de un yacimiento, de modo que si la mina contamina el lugar, haya suficiente dinero disponible para la limpieza.
Si el gobierno deroga las normas en vigencia desde enero, volverían a entrar en vigor otra serie de normas elaboradas en 1980.
Grupos ambientalistas y comunidades afectadas por la contaminación minera recordaron que, bajo esas normas, las empresas mineras privadas podían explotar tierras públicas y luego declararse en quiebra, dejando la cuenta de la limpieza a los contribuyentes.
«Las viejas normas que esta administración desea reimponer permitieron una devastación ambiental en gran escala en tierras públicas», afirmó Steve D'Esposito, director ejecutivo del Centro de Política Mineral, de Washington.
«Derogar la regulación actual sería una violación de la Ley Nacional de Política Ambiental», sostuvo.
Los ambientalistas arguyen que las normas de 1980 no tenían en cuenta la capacidad de la tecnología minera moderna.
Desde entonces, la industria cambió drásticamente al incorporar el uso de cianuro y ácido sulfúrico en las minas a cielo abierto, que pueden tener miles de metros de profundidad y abarcar miles de hectáreas.
Por otra parte, las compañías mineras señalan que la disposición de los residuos de minería ya está estrictamente regulada por la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos, la Ley de Aguas y varias leyes estaduales.
Jack Gerard, presidente y director general de la Asociación Nacional de Minería, advirtió que las nuevas normas podrían reducir la producción de la industria y provocar la pérdida de empleos en comunidades rurales.
«La propuesta de la Oficina de Administración Agraria refleja la búsqueda del equilibrio entre importantes objetivos de protección ambiental y el desarrollo responsable de los recursos minerales de nuestra nación», dijo.
La asociación que dirige Gerard y la firma Newmont Mining Corp., de Denver, presentaron demandas judiciales en un intento por bloquear las nuevas normas.
La minería de piedra dura figura en primer lugar en la última lista de emisores de sustancias tóxicas de la Agencia de Protección Ambiental. Este organismo concluyó que la minería es responsable por más de 96 por ciento del arsénico liberado al ambiente.
Según el Centro de Política Mineral, la minería de piedra dura ha contaminado 40 por ciento de las cabeceras de río del oeste de Estados Unidos.
Ambientalistas y funcionarios estimaron el costo de la limpieza de la contaminación causada en el pasado por la explotación minera entre 32.000 y 72.000 millones de dólares.
«Si (el presidente) George W. Bush es un verdadero conservador fiscal, no derogará las actuales normas», dijo Jill Lancelot, directora ejecutiva del grupo Contribuyentes por el Sentido Común.
Aunque todos los contribuyentes comparten los costos de limpieza, los más afectados son los residentes de los estados occidentales, donde tiene lugar la mayor parte de la actividad minera de piedra dura.
Stephanie Shammel, una hacendada del estado de Montana, viajó a la capital para urgir al gobierno a mantener la regulación actual.
«Las compañías mineras contaminaron el agua que bebe mi ganado», acusó Shammel. Derogar las normas actuales sería «una bofetada para todos los habitantes del Oeste que esperan justicia», agregó. (FIN/IPS/tra-en/dk/aa/mlm/en/01
