Concejales varones de Tailandia acordaron reunirse a las 21 horas en un bar a unos 32 kilómetros de su ciudad, y así excluyeron de su deliberación a una concejal que debía atender tareas domésticas y no disponía de un vehículo propio.
Esa anécdota hizo reír a unas 220 integrantes de gobiernos locales, activistas y especialistas participantes en la Cumbre de Alcaldesas y Mujeres Concejas de Asia-Pacífico, que se realiza en la ciudad septentrional tailandesa de Phitsanulok, y fue un claro ejemplo de las dificultades que afrontan las mujeres en política.
En la actualidad, la participación de mujeres en gobiernos locales de la región varía desde dos por ciento en Sri Lanka hasta 33 por ciento en India y Bangladesh, donde ese porcentaje es la cuota reservada para mujeres en tales gobiernos, y las elegidas para ocupar cargos no están libres de discriminación.
«Las que tienen éxito son consideradas 'mujeres afortunadas', y si alguna fracasa se dice que eso se debe a que 'es mujer y no sabe de política'», comentó Sonomi Tanaka, especialista en cuestiones de género y desarrollo social del Banco Asiático de Desarrollo, con sede en Manila.
La reunión, organizada por la Comisión Económica y Social para Asia-Pacífico (ESCAP, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas, junto con otras instituciones, comenzó el martes y terminará este viernes, con el objetivo de discutir iniciativas para promover la igualdad política de género.
Las propuestas en la materia han incluido generalizar el régimen de cuotas en organismos de gobierno local, aplicado en varios países de la región, establecer criterios similares de cuotas para el gobierno nacional y lanzar campañas de concientización de votantes.
En Bangladesh, el régimen de cuotas significó «pasar de una presencia mínima de mujeres en gobiernos locales al reconocimiento de que las mujeres tienen derecho a la presencia en esos gobiernos», sostuvo Jean Drage, de la neozelandesa Universidad de Victoria, en un informe encargado por la ESCAP.
Las cuotas deteminan que haya 33 por ciento de mujeres en los gobiernos locales de India y 24 por ciento en los de Nepal, pero en ambos países las mujeres en cargos de gobierno central son sólo 7,9 por ciento.
Activistas participantes en la reunión opinaron que el ideal sería asegurar mediante cuotas que la mitad de los cargos de gobierno fueran ocupados por mujeres.
El derecho a la participación política es uno de los derechos humanos. No hay democracia si más de la nitad de la población es excluida de la toma de decisiones», arguyó Sheila Villaluz, de la organización no gubernamental (ONG) Centro para el Desarrollo Legislativo, con sede en Manila.
Las cuotas implican reconocer que las oportunidades políticas son desiguales para varones y mujeres, pero son sólo «el primer paso. El siguiente debe ser asegurar que las elegidas por cuotas sean capaces de cumplir su papel y de marcar un estilo político diferente», apuntó Drage.
En Bangladesh, el acceso de mujeres a cargos de gobierno local por el régimen de cuotas es considerado menos legítimo que el de los varones por muchas personas, y eso reduce el poder de las elegidas mediante ese sistema, afirmó un funcionaria de ese país.
«Son mujeres quienes formulan a menudo las mayores críticas al régimen de cuotas, al cual consideran un apartamiento indebido del tradicional acceso 'por méritos' a cargos de gobierno», señaló Drage.
Alcaldesas y concejales enfatizaron el alto costo de las campañas electorales, que a menudo excluye a las mujeres de la postulación.
«Necesito dinero para el combustible aunque sepa manejar», dijo la concejal filipina Remedios Manzanilla.
Mujeres líderes comunitarias sostuvieron que el princiapl problema reside en tradiciones culturales que deben ser superadas mediante la educación de las propias mujeres, para desarrollar su confianza en sí mismas.
«Muchas concejales son víctimas de burlas por su actitud sumisa ante colegas varones», señaló una representante del gobierno malasio.
«La gente dejará de tratarnos como a víctimas y nos respetará como adultas cuando nosotras mismas dejemos de sentirnos víctimas», enfatizó Margaret Shields, funcionaria de un gobierno local de Nueva Zelanda. (FIN/IPS/tra-eng/cn-js/js/mp/ip hd/01
