Los cortes de rutas, una forma de protesta que se hizo habitual en Argentina, aumentaron de cuatro a 71 por mes desde el segundo semestre de 1998, cuando comenzó la recesión económica que se agrava sin perspectivas de salida.
La virulencia de las protestas aumenta junto con su frecuencia. Desde 1997, siete personas murieron en cortes de rutas, dos de ellas por la represión registrada la semana pasada en la provincia de Salta, al noroeste del país.
Existe «una situación de malestar general en todo el país», alertó este viernes el gobernador de la provincia central de Santa Fe, Carlos Reutemann. Todos los gobernadores con los que suele dialogar, dijo, comparten su temor a un «efecto contagio» desde Salta.
Los saqueos de supermercados registrados el miércoles en José C. Paz, una populosa localidad de la provincia de Buenos Aires, revelan que «la gente tiene hambre y está perdiendo la paciencia», dijo el intendente Mario Ishii.
Cuarenta por ciento de la fuerza de trabajo de José C. Paz carece de empleo y 60 por ciento de la población vive por debajo del índice de pobreza, y los planes de empleo y de ayuda social son insuficientes, advirtió Ishii.
Las protestas son atribuidas a la grave situación social y económica, si bien agrupaciones radicalizadas y hasta francotiradores son responsabilizados de los incidentes de violencia.
En 1997, año en que el producto interno bruto creció 8,7 por ciento, hubo 11 cortes de rutas mensuales promedio, un total de 132, realizadas para atraer la atención de los dirigentes y de los medios de comunicación sobre el rechazo popular a la política económica.
Estos datos figuran en un informe de los ministerios de Economía, Trabajo e Interior, sobre el modo en que las protestas que expresan la conflictividad social acompañan la crisis económica y el alto desempleo, que afecta a casi 15 por ciento de la fuerza de trabajo.
Los protagonistas de esta nueva modalidad de protesta son conocidos como «piqueteros». Se trata de trabajadores de empresas cerradas que carecen de alternativa de empleo, así como de desocupados que sobreviven con subsidios públicos y amenazados ante el menor déficit presupuestario.
Las mujeres también son figuras claves de las protestas. Se instalan en tiendas de campaña y allí cocinan para todos y cuidan a sus hijos. A la noche, regresan a sus hogares y en el lugar quedan sólo los hombres, vigilando que ningún automóvil o camión viole la barrera de neumáticos encendidos.
«Mis hijos juegan a los piqueteros», comentó Victorina Ruiz, de la provincia de Salta. Su esposo, ex empleado de la privatizada petrolera YPF, recibe 160 dólares mensuales por su inclusión en un plan de trabajo implementado por el Estado. Tienen cinco hijos y ella asegura que preferiría no participar en cortes de rutas.
El domingo, el corte en Salta de la ruta nacional 34, iniciado 20 días antes, terminó en una tragedia. La Gendarmería reprimió a los manifestantes y como saldo hubo dos muertos y decenas de heridos.
El desempleo en esa región salteña supera 40 por ciento y son más de 50 por ciento las familias que viven por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, es en la provincia de Buenos Aires donde se concentran la mayoría de los cortes de rutas, 30 por ciento del total.
A mediados de 1998, el crecimiento económico se frenó y en el último trimestre de ese año mostró signo negativo. De 1997 a 1998, los cortes de rutas se redujeron de 11 a solo cuatro por mes.
En 1999, año crítico que comenzó con la depreciación del real en Brasil como coletazo de la crisis del rublo en Rusia, el producto interno bruto cayó 3,4 por ciento y los cortes de rutas aumentaron a 21 por mes. En 2000, el producto retrocedió otro 0,5 por ciento, y hubo 42 cortes mensuales.
Desde enero último, con previsiones de una nueva caída económica al cabo del año, los cortes de rutas se elevaron a 71 por mes. Ya se registraron 425 desde enero.
La gravedad de la situación social y la tragedia en Salta llevaron a las autoridades a considerar fórmulas diferentes para anfrontar el problema, aunque por el momento no se pusieron en marcha.
Un grupo de funcionarios de las áreas de economía, trabajo y acción social esperan el fin de las protestas en Salta para trasladarse el próximo lunes a la provincia con la misión de poner en marcha un programa de microempresas.
En caso de prosperar, la iniciativa oficial se transformaría en una novedosa forma de solucionar conflictos sin subsidios que resultan, apenas, un paliativo de corto plazo. (FIN/IPS/mv/mj/lb/01
