La situación de los derechos humanos está en franco retroceso en América Central, debido al aumento de la violencia callejera, la presencia de ex represores latinoamericanos y la desintegración regional, aseguró un estudio divulgado hoy.
La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca), la principal organización no gubernamental de su tipo en la región, manifestó su «preocupación» por ataques a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en el istmo.
«El panorama apunta sombrío para la región», señaló el informe de Codehuca, que estudió la situación humanitaria en 2000 en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
El documento de 48 páginas sostuvo que la mayor manifestación contra los derechos básicos en América Central ha sido la represión desatada por algunos gobiernos para enfrentar las protestas callejeras de oposición a la venta de empresas públicas.
«Muchos sectores están protestando por la privatización de servicios como el agua, la electricidad, la telefonía y el transporte público, y tememos que esa espiral de violencia se incremente», declaró a IPS Celia Medrano, coordinadora general de Codehuca.
En América Central, con excepción de Costa Rica, se desarrolla en la actualidad un proceso de privatizaciones, por el cual varios gobiernos han eliminado monopolios estatales para propiciar la llegada de inversiones privadas extranjeras.
Medrano apuntó que las ventas de activos públicos no han beneficiado a las clases populares y, por el contrario, han aumentado el costo de los servicios y provocado el consecuente descontento popular.
El informe anual de Codehuca añadió que los países que más preocupan por el deterioro de los derechos humanos son Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
En Guatemala y en Honduras se persigue a ecologistas, periodistas y activistas humanitarios. En tanto, la situación social se deteriora y la pobreza aumenta en El Salvador y Nicaragua.
La Codehuca, que agrupa a 12 organizaciones humanitarias del istmo, también alerta sobre la instalación de negocios dirigidos por antiguos violadores de los derechos humanos, que colaboraron con las dictaduras latinoamericanas de los años 70.
En una separata del documento se cita el caso de Miguel Angel Cavallo, el ex represor argentino con negocios en El Salvador y en México, acusado de formar su capital con el patrimonio de decenas de personas desaparecidas durante la dictadura militar de su país (1976-1983).
Cavallo fue detenido el 24 de agosto en el aeropuerto de Cancún, México, y ahora enfrenta el pedido de extradición del juez español Baltazar Garzón, ya aceptado por la justicia mexicana y a la espera de la decisión final del gobierno de ese país.
El informe de Codehuca señala que Cavallo es accionista de Servicios de Transporte Centroamericano (Sertracen), la única compañía autorizada por el gobierno de El Salvador para expedir licencias de conducir, permisos de circulación y las placas de los vehículos. Su hermano, Oscar Cavallo, es el gerente de Sertracen.
«América Central se ha convertido en un paraíso para ese tipo de empresarios, debido a su debilidad institucional», puntualizó Medrano.
El estudio también identifica a Oscar Espinosa Villareal, ex alcalde por designación de la capital de México, quien espera en Nicaragua el resultado del pedido de extradición a su país. Está requerido por la justicia mexicana como presunto responsable de un millonario desvío de fondos públicos.
El tercer ejemplo con el cual Codehuca fundamenta sus temores es el del exiliado cubano Luis Posada Carriles, detenido en Panamá y acusado de intentar asesinar al presidente de Cuba, Fidel Castro, durante la Cumbre Iberoamericana realizada en noviembre en la capital panameña.
La tesis de que el estado de los derechos humanos en América Central está en franco deterioro también se sustenta en la crisis del Sistema de Integración Centroamericana.
Los conflictos limítrofes entre Guatemala y Belice y el que enfrenta a Nicaragua con Honduras y con Costa Rica son un fiel reflejo de la ineficacia del proceso de integración, anotó la organización humanitaria.
«El asunto de Nicaragua es el caso más lamentable. Es un país que está peleado con toda la región, y eso muestra la incapacidad de sus gobernantes», añadió Medrano.
A pesar de ese panorama de retroceso de los derechos humanos, Codehuca se manifestó optimista ante la importancia adquirida por los grupos de la sociedad civil en la región, como los campesinos y las organizaciones que promueven la recuperación de la verdad histórica sobre los crímenes del pasado dictatorial. (FIN/IPS/nms/dm/hd/01
