La Carta Democrática Interamericana, un proyecto que prevé sanciones políticas y económicas a los países que sufran golpe de Estado, ocupará el centro de la XXXI Asamblea General de la OEA, que comenzará este domingo en la capital costarricense.
El ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Roberto Rojas, destacó que la iniciativa «permitirá lanzar a la OEA (Organización de Estados Americanas) al siglo XXI con una visión de libertad y de humanismo».
Los cancilleres de los 34 países miembros de la OEA, todos los americanos excepto Cuba, se reunirán durante tres días en San José para celebrar la Asamblea General del foro continental, que también considerará la situación de los derechos humanos en la región.
Pero la discusión que concentrará la atención de los delegados y de la prensa será la relativa a la Carta Democrática Interamericana, iniciativa impulsada en la última Cumbre de las Américas, celebrada entre el 20 y el 22 de abril en Québec, Canadá.
El texto propone que cualquier país de la OEA en que se interrumpa el sistema democrático quedará impedido de participar en los procesos políticos y de integración regional.
«Ya hay varias versiones de la Carta que están circulando, como la elaborada por el gobierno de Perú. Esperamos que al final de la asamblea logremos un borrador de consenso», explicó Rojas.
Entre los puntos propuestos se incluyen sanciones económicas para los países que abandonen la democracia e incluso la exclusión de las negociaciones para la creación del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Algunos países, ubicados por los analistas en la «línea dura», también proponen que la Carta establezca que cualquier país suspendido pierda el derecho de acceso a créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En esa postura se alinean Canadá, Estados Unidos y Perú, mientras que México, Venezuela y algunos países del Caribe prefieren un contenido más moderado.
En la historia de la OEA, creada el 30 de abril de 1948 en Bogotá y cuya carta fundacional entró en vigor el 13 de noviembre de 1951, el único país separado fue Cuba, en enero de 1962.
Rojas indicó que la idea de la Carta Democrática nace porque, aunque a lo largo de los años el foro ha adoptado resoluciones enérgicas ante países con regímenes autoritarios, no existe un instrumento que sistematice «el sentir democrático de la región».
Esta XXXI Asamblea General cobra mayor importancia por la integración de las delegaciones. Se destaca la figura del secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, Colin Powell. Washington había enviado representantes de segundo nivel a las dos asambleas anteriores.
Además, también confirmó su participación en calidad de observador el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Simón Peres.
Analistas regionales esperan que la presencia de representantes de alto nivel, la discusión de la Carta Democrática y las negociaciones para asignar más recursos a los organismos regionales de derechos humanos le den un nuevo impulso a la OEA.
«La Carta Democrática es un paso adelante en el perfeccionamiento de los instrumentos hemisféricos para mantener la democracia», dijo a IPS el historiador y politólogo costarricense Luis Guillermo Solís.
Solís, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica conocido en toda América Central, dijo que aunque la iniciativa es buena habría que esperar a que los países muestren voluntad de aprobarla y luego para aplicarla.
«No creo que la Carta se apruebe en esta asamblea, pero sería muy positivo que se logren avances en su borrador», indicó el experto.
Por otra parte, Costa Rica presentará una propuesta para aumentar los recursos económicos destinados al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La iniciativa pretende aumentar el presupuesto conjunto de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 5,7 a 10 por ciento del presupuesto total de la OEA.
«Estamos viviendo el primer año del nuevo siglo y del nuevo milenio, así que las cuestiones que se toquen en esta asamblea marcarán el derrotero de las relaciones políticas en la región en los próximos años», explicó Arturo Garzón, director de conferencias de la OEA.
Los organizadores de la asamblea revelaron que su celebración costará 500.000 dólares, de los cuales 332.700 fueron aportados por el gobierno de Costa Rica. El resto procedió de instituciones públicas y privadas. (FIN/IPS/nms/mj/ip hd/01
