La celebración hoy del Día Mundial del Medio Ambiente está empañada por el estancamiento del Protocolo de Kyoto para el control del recalentamiento global, que no será ratificado por Estados Unidos.
Universidades y grupos ambientalistas convocaron a un foro para examinar las implicaciones para la biodiversidad terrestre de la política del gobierno de George W. Bush, quien anunció el 28 de marzo que no propondrá al Congreso la ratificación del Protocolo.
«Estados Unidos produce 25 por ciento de los gases que causan el recalentamiento global», recordó la bióloga costarricense Lorena San Román, coordinadora del programa del Consejo de la Tierra para América Latina y el Caribe, en el seminario realizado el lunes en San José.
San Román explicó que «las consecuencias de ese fenómeno ya son evidentes en variaciones de la temperatura ambiente, que afectan la fauna y la flora, en los cambios en la precipitación pluvial, en el aumento del nivel de los mares y en el incremento de desastres relacionados con trastornos climáticos».
A su vez, el economista Olman Segura, director del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, de Costa Rica, cuestionó a Washington por oponerse a ratificar el Protocolo de Kyoto con el argumento de que la economía de ese país «está por encima del ambiente».
Ese pretexto «no es válido, pues ninguna de las dos cosas es más importante que la otra. Pensar de ese modo sería justificar la destrucción del ambiente en aras del crecimiento económico, cuando la humanidad puede y debe proteger los recursos naturales desarrollando alternativas de producción sustentables», señaló.
Pero la negativa de Estados Unidos se suma a otros obstáculos que han impedido avanzar hacia la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto, un tratado firmado por 65 países en 1997 y que obliga a las partes a reducir la emisión de gases que provocan el recalentamiento de la atmósfera terrestre.
La Sexta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático terminó el 25 de noviembre sin un acuerdo sobre los mecanismos específicos para implementar el Protocolo, tras dos semanas de discusión en La Haya.
El fracaso de las conversaciones se debió al desacuerdo entre Estados Unidos, gobernado por Bill Clinton hasta el 20 de enero, por un lado y la Unión Europea (UE) y los países en desarrollo por otro.
Estados Unidos se aferró en esa oportunidad a los mecanismos de flexibilidad previstos en el Protocolo, entre ellos el intercambio de emisiones y la compensación de éstas con «sumideros» de carbono, es decir, plantaciones forestales o tierras agrícolas, mientras la UE y las naciones en desarrollo promovían políticas domésticas de reducción directa.
El Protocolo de Kyoto establece la reducción de las emisiones de gases dañinos en 5,2 por ciento por debajo de los niveles que emitían en 1990.
Esa disminución debería efectuarse en el periodo 2008-2012, pero antes es necesario que 55 naciones ratifiquen el acuerdo para que pueda entrar en vigor, y que las mismas sean responsables por al menos 55 por ciento de las emisiones.
Estados Unidos ya encabezaba en 1990 la lista de países que más dióxido de carbono expulsaba a la atmósfera, con 6.049 millones de toneladas ese año, seguido de la UE, con 4.208 millones de toneladas, y por Rusia, con 3.040 millones de toneladas.
«El dióxido de carbono derivado de la quema de combustibles fósiles, en especial en el Norte, y los cambios en el uso de la tierra en América Latina son las dos principales causas del llamado efecto invernadero en la atmósfera terrestre», explicó el biólogo David Clark.
«Eso provoca la elevación de la temperatura del planeta, con múltiples consecuencias», precisó Clark, investigador de la Estación Biológica La Selva, en el foro de San José.
Las discusiones sobre cambio climático tendrán una nueva instancia en julio en Bonn.
«Los gobiernos deben entender que es posible el crecimiento económico igual o mayor que Estados Unidos sin contaminar el ambiente», afirmó Segura.
«Estados Unidos y Canadá tienen un alto ingreso por personas y altas emisiones de dióxido de carbono, pero otros países, como Noruega, Japón y Dinamarca, han alcanzado también un elevado ingreso de sus habitantes a la par de reducir las emisiones de gases dañinos», precisó.
Los expertos coincidieron en la necesidad de involucrar a la sociedad civil en la elaboración de propuestas y en la adopción de decisiones concretas para revertir la situación actual y proteger el ambiente.
Segura opinó que una de las acciones necesarias consiste en incentivar el pago de servicios ambientales, basado en el concepto de quien «contamina paga».
Esta política se aplica en Costa Rica para servicios relacionados con el agua, captura de carbono y la protección de la biodiversidad.
«Unas personas contaminan con el humo de sus carros (automóviles) y de sus fábricas, emitiendo dióxido de carbono, mientras otras contribuyen a capturar ese gas y a liberar oxígeno limpio al proteger los árboles de su propiedad en la montaña. Eso es un servicio, y debe ser pagado por los contaminantes», explicó.
Segura y San Román criticaron la actitud de Estados Unidos y también la de Australia, que anunció el 15 de abril que tampoco ratificará el Protocolo de Kyoto.
«El gobierno australiano siguió los pasos de Bush por razones económicas, y dijo que el acuerdo no va a prosperar sin el apoyo estadounidense, pero hay un grupo grande en América que está luchando para que los demás países industrializados lo ratifiquen», apuntó San Román.
A diferencia de Bush, su antecesor Clinton se declaró «muy satisfecho» en 1997, tras la firma del Protocolo de Kyoto, y lamentó sólo que los países en desarrollo no se incluyeran en los esfuerzos para limitar las emisiones contaminantes.
Clinton puntualizó en ese momento que el recalentamiento del planeta «no es un problema sólo de Estados Unidos o de los países ricos, sino global». Sin embargo, senadores estadounidenses anunciaron entonces que tenían previsto «matar» el acuerdo. (FIN/IPS/fm/dm/en/01
