El 2001 parece ser el año de los indígenas en Venezuela, debido a la coincidencia de nuevas leyes y proyectos de desarrollo para reivindicar los derechos y la cultura de etnias que constituyen 1,3 por ciento de la población.
En diciembre fue ratificado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y promulgada la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat de los Pueblos Indígenas, y en mayo comenzó a debatirse la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, confirmó a IPS el diputado indígena Guillermo Guevara.
Todo este movimiento legislativo tendrá su punto más alto en noviembre, cuando se presente a la Asamblea Nacional (parlamento) el proyecto de Ley Orgánica de Pueblos Indígenas.
Adicionalmente, varias entidades oficiales han anunciado la intención de implementar planes de desarrollo, respetando las peculiaridades de las comunidades aborígenes, para enfrentar la pobreza y exclusión de 315.000 indígenas de 28 pueblos.
Noelí Pocaterra, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas del parlamento, informó a IPS que el proyecto de ley aguardado para noviembre implica consultas a todas las etnias para lograr un instrumento que contemple sus demandas, realidades y cultura.
"También debemos estar atentos a otras leyes, por ejemplo de tierras, de seguridad social, de salud, de identificación. Todas mos tocan de alguna manera como indígenas y debemos estar atentos para que en ningún texto se filtren cuestiones contra nuestros derechos", dijo la diputada.
Pocaterra encabezó en 1999 un intenso debate que permitió incluir en la Constitución, por primera vez, un capítulo completo dedicado a los derechos indígenas. El preámbulo de la Constitución advierte que la sociedad venezolana "es multiétnica y pluricultural".
Los nuevos instrumentos legales reflejan la concepción de desarrollo y relación con el medio natural de las comunidades aborígenes, y en el ámbito educativo buscan preservar la cultura de esos pueblos.
"El Estado venezolano ha creado zonas de protección para la fauna y la flora, pero ahora se trata de proteger al indio, a la gente que vive en esos lugares. Podemos tener especies de flora y fauna, pero se va a acabar la gente", indicó la diputada.
Para Pocaterra, de la etnia wayúu, la más numerosa del país, "el indio no está por encima de la naturaleza, el indio forma parte de la naturaleza, entiende perfectamente esa relación que hay con la naturaleza".
Las autoridades reconocen el impacto negativo que una serie de proyectos de desarrollo en áreas protegidas han tenido para el ambiente y para las comunidades indígenas. Respecto del caso más sonado, el tendido eléctrico a Brasil, el Ministerio del Ambiente comenzó un estudio de impacto ecológico y cultural de la obra.
Según Pocaterra, uno de los grandes retos para este año es realizar planes de desarrollo sustentable, de acuerdo con la idiosincrasia de las etnias y acompañados de la participación de esas comunidades.
"Nuestros indígenas son los que están en extrema pobreza, los que están más discriminados, los más maltratados y explotados", afirmó la diputada, quien cree que el comienzo del gobierno de Hugo Chávez, en febrero de 1999, marcó un antes y un después en materia de atención del Estado a los indígenas.
"En Venezuela tuvimos la suerte de encontrarnos con un gobierno que le abrió la puerta a los indígenas, porque hay países en que los pueblos indios ni han oído las palabras hábitat y derechos ", comentó.
Entre los programas anunciados el 29 de abril por Chávez se cuenta la creación de 25 granjas administradas cooperativamente por las comunidades indígenas del meridional estado Amazonas, cuatro centros de acceso a servicios de telecomunicaciones y el financiamiento de un plan de becas para estudios agrícolas de jóvenes indígenas.
Mientras, el recién creado Banco de la Mujer tendrá una línea de atención a las mujeres indígenas, confirmó a IPS la presidenta de la entidad, Nora Castañeda.
El plan comprenderá, junto con especialistas de la vicepresidencia de Venezuela, estudiar las condiciones de vida en los lugares de origen y alternativas "para que se mantengan dignamente, con condiciones de vida justas y sin emigrar a las ciudades". (FIN/IPS/ac/ff/pr/01
