La justicia peruana deberá apelar a instrumentos internacionales de derechos humanos si pretende la extradición del ex presidente Alberto Fujimori, acusado por una fiscal del asesinato hace 10 años de 15 sospechosos de subversión, indicó hoy el Procurador de la República, José Ugaz.
Fujimori, destituido en noviembre por el parlamento y refugiado en Japón, «no podrá ser extraditado a Perú porque lo protege su nacionalidad japonesa, a menos que encontremos un juez (Baltasar) Garzón nipón», dijo Ugaz, en alusión al magistrado español que persiguió penalmente al ex dictador chileno Augusto Pinochet.
La fiscal Nelly Calderón acusó formalmente el miércoles a Fujimori de la matanza perpetrada en Lima el 3 de noviembre de 1991 por el Grupo Colina, una unidad especial del servicio de inteligencia del ejército.
El Grupo Colina ametralló a los asistentes de una fiesta en la que supuestamente se recolectaban fondos para la organización insurgente Sendero Luminoso.
«Tenemos dos caminos: demostrar que Fujimori no es japonés sino peruano para lograr la extradición, señalando que antes el gobierno de Tokio lo reconoció como peruano y presidente de Perú, o apelar a la jurisdicción universal acusándolo de un delito contra los derechos humanos, para que un juez japonés le abra juicio», comentó Ugaz.
Las acusación lanzada por Calderón es la undécima contra Fujimori desde su reemplazo en el poder por el presidente provisorio Valentín Paniagua.
Las autoridades de Japón se rehúsan a entregarlo a la justicia peruana, por considerar que las denuncias manejadas por el Poder Judicial y por el parlamento tienen trasfondo político y porque su legislación prohíbe la extradición de japoneses.
Mientras, antiguos aliados de Fujimori creen que Calderón actúa como instrumento de venganza política del actual gobierno. El parlamentario y ex canciller Francisco Tudela afirmó que la fiscal «carece de instrumentos probatorios».
Los testigos de Calderón «han sido convencidos con promesas de trato especial en los juicios que se les seguirá por su participación personal en el crimen en el tratan de involucrar al ex presidente», dijo la fujimorista Carmen Lozada, integrante de la subcomisión parlamentaria que investiga al ex mandatario.
De prosperar la acusación, Fujimori podría ser condenado a cadena perpetua «por su coautoría en la matanza» de 1991, señaló el penalista independiente Luis Lamas Puccio.
Los adversarios de Fujimori acusan a éste de haber desempeñado la presidencia de modo ilegítimo, pues no sería peruano, sino japonés, por su incripción como tal en el consulado de Japón en Lima.
Pero Ugaz, que investiga al ex presidente y a su jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos, aadvirtió que ahora se deberá cambiar el argumento, para lograr que Japón lo entregue.
«En las anteriores denuncias hubo un evidente apresuramiento y se acusaba a Fujimori antes de recolectar las pruebas suficientes, lo que era aprovechado por los fujimoristas para afirmar que las investigaciones estaban movidas por venganza política. Pero ahora tenemos testigos», señaló.
La Fiscalía y la subcomisión del Congreso que investiga a Fujimori, presidida por el izquierdista Daniel Estrada, aseguran tener el respaldo testimonial de tres miembros no identificados del Grupo Colina para sosntener su pedido de procesamiento de Fujimori.
Los testigos, cuya identidad es mantenida en reserva, aseguran que Fujimori felicitó a través de Montesinos a los efectivos que participaron del sangriento operativo.
Se mencionan también, como pruebas del conocimiento y apoyo de Fujimori a la acción del Grupo Colina, dos notas que el entonces presidente remitió en junio y agosto de 1991 para pedir al ejército recompensa y ascenso para integrantes del grupo por su trabajo de inteligencia «en las universidades del país».
En los documentos no se especifican las operaciones de inteligencia o represión adjudicados al Grupo Colina en el ambiente universitario.
Pero entre febrero y abril de 1991 fueron asesinados o secuestrados por un grupo paramilitar varios estudiantes a quienes los servicios de seguridad consideraban colaboradores de Sendero Luminoso.
Cuatro integrantes del Grupo Colina confesaron en 1993 haber participado en julio de 1992 en el asesinato de nueve estudiantes y de un profesor universitario.
Los cuatro oficiales fueron sentenciados a penas entre ocho y 14 años de reclusión en una cárcel militar. Una ley de amnistía de 1995 determinó su libertad, al exonerar de responsabilidad a los militares, policías y civiles que hubieran cometido violaciones a los derechos humanos en el combate contra organizaciones revolucionarias.
La ley de amnistía es impugnada por grupos humanitarios, que se niegan a aceptarla como «cosa juzgada» y exigen sanciones para quienes cometieron crímenes en el curso de la virtual guerra civil librada desde 1980 hasta 1997, cuando Fujimori la declaró oficialmente concluida. (FIN/IPS/al/ff/ip hd/01
