La detención de un legislador acusado de traición, un delito que se castiga con la horca, aumentó la tensión política en Kenia y la incertidumbre acerca de la sucesión del presidente Daniel Arap Moi, que el próximo año concluirá su segundo y último período de gobierno.
Maina Kamanda, un legislador del distrito de Starehe en Nairobi, fue arrestado la semana pasada por declarar en un mitin político que Moi merecía ser atacado a balazos si tenía intenciones de alcanzar un tercer mandato que la Constitución le prohibe.
Kamanda, que espera su juicio en la prisión de Embu, una localidad a unos 300 kilómetros al norte de la capital, dijo haber encomendado su destino «a las manos de Dios».
La libertad bajo fianza no está permitida por la ley keniana en caso de traición, un delito para el que se contempla la pena de muerte.
«Confío en que seré liberado algún día, pues soy inocente», aseguró Kamanda a periodistas. En un extraño gesto, las autoridades carcelarias le permitieron ofrecer una conferencia de prensa.
La detención de Kamanda podría ser una advertencia a los opositores que rechazan la posibilidad de la amnistía para los funcionarios implicados en violaciones a los derechos humanos.
Se espera que los comicios generales de 2002 marquen el fin de los 22 años de gobierno de Moi. El futuro de este país de Africa oriental sería incierto si no se produce una sucesión presidencial transparente.
Quienes se oponen a la amnistía señalan que ésta podría sentar un peligroso precedente para futuros dictadores y estimular el abuso del poder.
Organizaciones radicales, como el grupo de presión Muungano wa Mageuzi (Movimiento Swahili por el Cambio), sostienen que una amnistía no curará las heridas de las familias de aquellos que fueron asesinados o desplazados por motivos políticos desde 1990.
Más de 2000 personas fueron asesinadas y miles de familias fueron desplazadas en hechos de violencia étnica en los que estuvieron implicados autoridades de gobierno.
El Movimiento también acusa al gobernante partido Unión Nacional Africana de Kenia de frustrar el proceso de revisión constitucional para facilitar un tercer gobierno de Moi.
Los grupos que apoyan la amnistía, por su parte, arguyen que el proceso a autoridades corruptas sería sumamente complejo, lo que abriría antes que curar las viejas heridas de un país cuya economía está cerca del colpaso debido a la extendida corrupción.
«Los que están en el poder no quieren abandonarlo sin tener las garantías de inmunidad, pues temen ser juzgados por sus abusos», afirmó el abogado Kiraitu Murungi, experto en Derecho Constitucional.
«La moral pública exige que el culpable sea castigado, pero para que se alcancen las metas de paz y reconciliación nacional es necesario cerrar esta dolorosa página de la historia», agregó.
La Iglesia Católica también considera la amnistía un elemento clave en la transición política del país. «No existe justicia tan severa que no pueda ser mitigada con la misericordia», afirmó Mutava Musyimi, del Consejo Nacional de Iglesias de Kenia.
Los políticos de línea dura del partido gobernante consideran que el debate sobre la amnistía es un insulto al presidente, quien, según dicen, no hizo nada malo en sus 22 años de poder. (FIN/IPS/tra-en/ja/mn/rp/aq/ip-hd/01
