Los filipinos se cuestionan estos días la validez del «poder del pueblo», el instrumento de la revuelta popular que usaron para derrocar al dictador Ferdinand Marcos hace 15 años y al presidente Joseph Estrada hace tres meses.
La causa del cuestionamiento es una serie de violentas protestas iniciadas a tempranas horas del martes, cuando decenas de miles de partidarios de Estrada irrumpieron en terrenos del palacio presidencial para exigir la remoción de su sucesora, Gloria Macapagal-Arroyo.
Los manifestantes exigían también la reinstauración en el poder de Estrada, arrestado la semana pasada por cargos de saqueo.
Ante las protestas, que según analistas pusieron a Filipinas al borde de la guerra civil, Arroyo decidió actuar con firmeza y declarar el martes el «estado de rebelión».
Además, la justicia ordenó el arresto de al menos tres líderes opositores por conspirar para derrocar al gobierno.
«Estoy seguro de que peleamos por una causa justa, pero debemos hacerlo por medios pacíficos», declaró Estrada desde su prisión de las afueras de Manila, adonde fue transferido el martes.
Lo que sacudió a las clases media y alta, empresarios, sindicatos, la Iglesia Católica y la izquierda -elementos clave del «Poder del Pueblo II», como se llamó a la incruenta revuelta de enero contra Estrada- no es que Arroyo haya adoptado una actitud dura contra la oposición.
Lo más desconcertante es que el sitio del palacio presidencial de Malacanang desenmascaró «el lado oscuro» del publicitado «poder del pueblo» al estilo filipino, que inspiró a movimientos democráticos de todo el mundo, opinó el sociólogo Randolf David.
«Hasta ahora habíamos tenido suerte. Nunca habíamos tenido disturbios reales hasta esto», dijo sobre la violencia de esta semana, que incluyó más de 10 horas de enfrentamientos entre los manifestantes y la policía y dejó al menos seis muertos y más de 100 heridos.
La naturaleza no violenta de las dos primeras revueltas populares (contra Estrada en 1986 y contra Estrada el pasado enero) se debió al apoyo de la Iglesia Católica y de la izquierda organizada, caracterizada por la disciplina de sus miembros, señaló David.
Pero la multitud que irrumpió el martes en el palacio presidencial estaba compuesta por auténticos partidarios de Estrada y fanáticos del ex actor, grupos religiosos opuestos a la Iglesia Católica, gente congregada por políticos defensores de Estrada y grupos con su propia agenda política, explicó.
«Los pobres sienten un afecto auténtico por Estrada», destacó el sociólogo.
Lo que demostraron las revueltas de este mes es que «el poder del pueblo puede ser un instrumento muy peligroso, porque puede usarse para cualquier propósito», dijo, y agregó que «para muchos, la posibilidad de degeneración de ese instrumento fue una sorpresa».
El gobierno acusó a los candidatos a senadores Juan Ponce Enrile y Gregorio Honasan -quienes habían sido vinculados a fallidos intentos golpistas contra el gobierno de Corazón Aquino en los años 80- de haber planificado un golpe de Estado.
Fuentes de inteligencia militar revelaron que el plan consistía en la irrupción de una multitud en el palacio de Malacanang al amanecer del martes y la toma del poder por una junta civil- militar.
Sin embargo, los aliados de Estrada negaron cualquier participación en ese plan.
«Niego absolutamente haber participado en cualquier acto o movimiento para desestabilizar la república», declaró Enrile, el primero de los detenidos.
Otra lección aprendida de este tercer intento de utilizar el «poder del pueblo» es que «no podemos basar nuestra vida política» en acciones directas o extraconstitucionales, observó David.
«Hasta ahora no habíamos tomado conciencia de que la democracia no puede sobrevivir a un estado constante de movilización», concluyó. (FIN/IPS/tra-en/ms/js/mlm/ip-hd/01
