Argentina se embarcará este lunes en un costoso proyecto para aplazar los vencimientos de la deuda externa, dejando atrás la euforia de hace seis meses, cuando el gobierno creyó equivocadamente que un paquete internaciomal de apoyo financiero sería la llave para salir de la recesión.
El canje, que tendrá una magnitud sin precedentes en el mundo, permitiría a este país postergar el pago de 17.000 millones de dólares sobre un total de 80.000 millones que vencerán a lo largo de los próximos cinco años.
Se calcula que el costo será entre cinco y seis puntos porcentuales superior al que pagan los bonos de corto plazo.
Argentina se transforma así, de nuevo, en un banco de pruebas de una receta económica, si bien esta vez prescindirá de la ayuda de organismos multilaterales de crédito y del tesoro estadounidense. Este programa fue diseñado por un puñado de bancos privados que cobrarán comisión por el trabajo.
El respaldo de 40.000 millones de dólares aportado seis meses atrás por el Fondo Monetario Internacional y otros organismos y países, denominado «blindaje financiero», fue presentado entonces por el gobierno de Fernando de la Rúa como la solución y la garantía necesaria para poner en marcha la economía.
Pero su efecto de dar confianza a los agentes económicos se licuó en dos meses.
Los acreedores externos de Argentina, que tiene una deuda de 145.000 millones de dólares y ninguna perspectiva de crecimiento para responder en el corto plazo, comenzaron a temer un cese de pagos, sensación que de nuevo se intenta disolver ahora, pero con la postergación de los plazos.
«Es un alivio», «un respiro», «una solución temporaria» o «una manera de patear la pelota hacia delante», coincidieron analistas, banqueros y empresarios ante el anunciado canje, lanzado con cautela por el gobierno.
En un recinto de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires colmado de banqueros y empresarios con gesto adusto, el ministro de Economía, Domingo Cavallo anunció el jueves, sin su entusiasmo habitual, el lanzamiento de los nuevos bonos, que estarán a la venta desde el lunes y por cinco días hábiles.
De esta manera, el gobierno espera liberarse de las presiones financieras más acuciantes para dedicarse a la recuperación de la economía, que desde hace tres años sufre una profunda depresión, con un mercado doméstico cada vez más retraído y un desempleo de casi 15 por ciento.
«Si el blindaje no sirvió y su efecto se licuó en dos meses, esta solución es igual: un esquema caro que produce un alivio limitado y de corto plazo, y que después nos dejará como resultado una deuda agigantada», aseguró a IPS Eduardo Curia, economista del opositor Partido Justicialista (peronismo).
Curia recordó cómo se aceleró la crisis. En diciembre, el entonces ministro de Economía José Luis Machinea obtuvo el blindaje. En febrero, se vieron los primeros signos de falta de confianza. El funcionario renunció en marzo.
En su lugar asumió Ricardo López Murphy, que en apenas 15 días debió entregarle la cartera a Cavallo.
Curia consideró «insensato» que se ofrezca un nuevo negocio a los tenedores de bonos a quienes se les pagará una tasa de interés mucho mayor que la actual, además del costo que tendrá la comisión de las siete entidades financieras que organizaron el canje.
La mayoría de los economistas y analistas que trabajan para la banca y los grupos empresarios coinciden con la opinión de Curia. Alberto Ades, de la corporación financiera Goldman Sachs, también sostuvo que se trata de una «solución temporaria». Algunos fueron aún más drásticos para calificar la operación.
«El canje resulta hoy tan necesario como la morfina para un enfermo terminal: ayuda a calmarlo pero no le salva la vida, implica cambiar deuda cara por otra todavía más cara, dejando una herencia pesadísima en materia de intereses», advirtió Carlos Rodriguez, viceministro de Economía en los años 90.
«Si el canje se hace a tasas muy altas, el impacto sobre la economía será negativo», sostuvo el economista Héctor Valle, de la Fundación de Investigaciones Económicas. Valle consideró que el costo redundará en una profundización del déficit fiscal y postergará de nuevo el crecimiento.
Casi todos los economistas coinciden en que el éxito del canje dependerá de otras medidas. Las recomendaciones varían según sea la entidad a la que representa cada técnico: ajuste fiscal, reducción del gasto público, profundización del Mercosur o libre comercio con Estados Unidos.
Curia es de los pocos que respalda una propuesta rechazada por el Ministerio de Economía: un cese voluntario de los pagos de la deuda.
Esa fórmula implicaría reconocer que, tal como se teme, Argentina no podrá hacer frente a sus compromisos en lo inmediato, y que necesita que los bonos se degraden para cancelarlos.
«Esto es lo que podría pasar finalmente, incluso aunque el gobierno no se lo proponga, porque si los acreedores siguen sin confiar en la recuperación económica, y Argentina no consigue reactivarse para hacer frente a los vencimientos, volverá el fantasma» del cese de pagos, advirtió.
Ni el presidente participó en el anuncio del canje de bonos, como lo había hecho cuando se lanzó el blindaje, ni tampoco se transmitió la noticia con euforia. Cavallo se cuidó de presentar la propuesta como una «solución» y más bien fue transmitida como un precio a pagar para conseguir más tiempo.
El producto interno bruto de Argentina decrece desde hace tres años, un fenómeno que implica no solo caída del empleo y del consumo, sino también un déficit fiscal que redunda en una mayor recesión y en el encarecimiento del crédito para la actividad privada.
Cada vez que el Estado colocó bonos en el mercado interno, los compradores pidieron tasas de interés muy elevadas, y así fue como se diluyó el efecto deseado del blindaje, que consistía en un cronograma de préstamos de respaldo para reducir las tasas.
El nuevo canje dista mucho más aún del Plan Brady, gestado en 1993 para que Argentina postergara vencimientos por 25.000 millones de dólares. Entonces, el Ministerio de Economía, que como ahora estaba encabezado por Cavallo, obtuvo bajas tasas de interés porque la economía estaba en plena expansión.
Ahora, los analistas estiman que las tasas de interés que pedirá el mercado por postergar el cobro de los papeles que vencían entre este año y 2005, podría llegar a 15 por ciento, un peso alto para una economía que no crece y que tiene que apurar el ajuste de sus gastos de funcionamiento. (FIN/IPS/mv/mj/if/01
