La justicia militar de Israel actúa con lentitud, si es que actúa, para procesar las acusaciones por uso indebido de armas de guerra contra la población palestina, aseguró la organización de derechos humanos israelí B'tselem.
Apenas nueve casos de supuesto abuso de armas han sido investigados por la justicia militar desde el inicio en septiembre de la actual intifada (levantamiento palestino), pero ninguna concluyó aún, señaló B'tselem. Ningún portavoz del ejército israelí aceptó comentar este asunto a IPS.
En el marco de la intifada, murieron 444 palestinos y 15.000 resultaron heridos. También murieron 88 israelíes.
El ejército israelí causó muchas muertes «evitables», según el informe de la comisión internacional encabezada por el ex senador estadounidense George Mitchell, conocido esta semana.
Organizaciones de derechos humanos palestinas e israelíes acusan al ejército de abusar de las armas y de poner así en peligro vidas palestinas. Por eso, el reclamo de una fuerza internacional que controle esos ataques es una cuestión central para la resolución del conflicto, según los palestinos.
El segundo jefe del estado mayor del ejército, Moshe Yaalon, anunció en febrero la investigación de la muerte de Fátima Abu Jish, de 22 años, secretaria del Hospital Especializado Arabe de Rafidya, cerca de Naplusa, Cisjordania.
Pero el ejército no tiene novedades sobre el caso cuando ya pasaron tres meses.
Abu Jish fue alcanzada por un disparo en la oscuridad cuando regresaba a su casa en el asiento posterior de un automóvil conducido por su cuñado.
El vehículo circulaba por un camino polvoriento usado por los palestinos para eludir una barricada. La bala atravesó el maletero e impactó en el corazón de la mujer por la espalda.
Yaalon aseguró en un primer momento que el soldado había disparado a los neumáticos del automóvil, y luego admitió que aquél «había cometido un error».
«No conozco otro ejército en el mundo que tenga nuestros valores morales. Nos sentimos tremendamente apenados por cada vida que se pierde», dijo el primer ministro israelí Ariel Sharon.
Si bien el informe Mitchell no acompaña el reclamo de crear una fuerza internacional de paz que garantice la seguridad en territorio palestino, criticó en forma específica a las fuerzas de seguridad israelíes por no investigar los casos de uso indebido de armas.
La organización B'tselem sostuvo que a mayoría de los disparos efectuados por los soldados ocurren en instancias en que su vida no está en juego.
Durante la primera intifada (1987-1993), el ejército israelí investigaba las circunstancias de cada muerte de un palestino a manos de un soldado israelí, siempre que no hubiera ocurrido para reprimir un acto terrorista, según una definición propia del ejército.
Pero esa política cambió en el enfrentamiento actual. Las fuerzas de seguridad israelíes argumentan que sus tropas están involucradas «en un conflicto armado que es casi una guerra».
Por tanto, no hay necesidad de investigar la simple existencia de bajas del otro lado, a menos que se sospeche de la existencia de «una seria desviación» de conducta.
La comisión Mitchell tomó nota de la nueva definición del ejército y de su falta de autocontrol, y declaró que los civiles que se manifiestan contra Israel desarmados o los que arrojan piedras no pueden ser tratados como terroristas.
Si la policía militar volviera a cumplir con las investigaciones obligatorias, «el gobierno de Israel podría ayudar a mitigar la violencia y reconstruir la confianza mutua», sostuvo el informe.
Las autoridades de Israel tampoco han dado respuesta a los pedidos de la Asociación de la Prensa Extranjera (FPA) en Israel acerca de ataques contra periodistas desde que estalló la violencia en octubre.
Nueve reporteros recibieron disparos en ese periodo, todos a distancias cortas, sin que se produjera intercambio de fuego y en situaciones que permitían identificar a los periodistas con claridad.
El último ataque fue la semana pasada, cuando el periodista francés Bertrand Aguire recibió un disparo en el tórax, que no resultó grave pues llevaba un chaleco antibalas.
«Estamos en situación de combate, donde hay violencia, que fue desatada por el lado palestino. Deben pagar un precio. Si ellos detienen la violencia, no saldrán dañados», sostuvo el coronel Olivier Rafowicz, portavoz del ejército israelí.
El ex ministro de Defensa Moshe Arens, actual diputado del partido oficialista Likud, rechazó afirmaciones de la comisión Mitchell.
«No creo que sepan realmente lo que pasa, porque no tuvieron oportunidad de investigar en profundidad», sostuvo Arens. El número de investigaciones es bajo porque «hubo pocos casos de abuso de armas de guerra», aseguró.
Pero al no investigar los hechos, «el gobierno envía un mensaje de impunidad a los soldados. Pueden hacer lo que quieran, no serán castigados. Esta actitud solo provocará más muertes», dijo Noga Kadman, de B'tselem.
Un reservista que custodiaba un asentamiento judío en Gaza dijo a la prensa que los soldados tenían la impresión de que obtendrían el respaldo de sus superiores si abrían fuego «por error».
El reservista recordó que soldados dentro de un tanque con equipo para visión nocturna, incapaces de diferenciar si las figuras humanas estaban fuera o dentro de una zona restringida, abrieron fuego contra civiles palestinos ubicados lejos de los límites.
El soldado atribuyó el «gatillo fácil» a un sentimiento de arrogancia que prevalece en Israel.
«Sentimos que ofrecimos mucho en las negociaciones de paz, que los palestinos lo rechazaron, que tenemos razón y estamos unidos en nuestra causa y que, por lo tanto, tenemos cierto espacio para conductas indebidas», dijo el soldado.
«En los últimos 34 años de ocupación, los israelíes nos acostumbramos a dar menos valor a las vidas palestinas que a las nuestras», dijo el diputado Musi Raz, del partido centroizquierdista opositor Meretz.
«En medio de la lucha, cuando ellos nos matan y nosotros los matamos, es natural que el valor de sus vidas se vuelva menor aún. Y decir que es natural no significa que no sea malo», dijo Raz. (FIN/IPS/tra-en/bl/mn/dc/mj/hd/01
