La justicia chilena dispuso hoy una nueva postergación del fichaje penal de Augusto Pinochet, previo a su juzgamiento por crímenes contra los derechos humanos, mientras persiste el acoso judicial internacional contra el ex dictador y se reabre el debate sobre su posible enriquecimiento ilícito.
Una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió por dos votos contra uno un recurso de no innovar presentado por la defensa de Pinochet y postergó hasta el día 31 su fichaje, procedimiento que consta de la toma de fotografías y huellas dactilares.
El juez Juan Guzmán había ordenado el cumplimiento del trámite a partir de este miércoles.
El magistrado, quien el 29 de enero formalizó cargos contra el ex dictador (1973-1990) como coautor e inductor de 18 secuestros y 57 homicidios de presos políticos en octubre de 1973, ordenó el martes la «filiación (fichaje penal) en ausencia» del general retirado de 85 años.
Esa modalidad significa abrir el prontuario penal de Pinochet con fotografías y huellas dactilares ya depositadas en el Registro Civil, que la justicia militar deberá solicitar y remitir a Guzmán, evitando así que el ex gobernante de facto cumpla una diligencia que sus seguidores consideran vejatoria.
La abogada Carmen Hertz, una de las acusadoras del ex dictador, dijo que la nueva postergación del fichaje carece de fundamento jurídico, pues se trata de un trámite «obligatorio e inevitable» para todo procesado, que debe cumplirse con prontitud.
Hertz añadió que también hacia fines de mes la justicia debería resolver acerca de un recurso presentado por la acusación para que se repongan los cargos contra Pinochet como coautor e inductor de los crímenes de la llamada «caravana de la muerte», que la Corte de Apelaciones rebajó a encubrimiento en marzo.
La postergación del fichaje fue una discreta victoria para la defensa de Pinochet, luego de que el dictador tuviera en la víspera un «martes negro», según el comentario del diario electrónico El Mostrador.
En efecto, el veterano general retirado y desaforado senador vitalicio se vio el martes acosado desde tres frentes.
El primer golpe procedió desde Bermudas, donde el vicegobernador Tim Gurney confirmó el embargo de una cuenta del ex dictador en una compañía aseguradora, a petición del juez español Baltasar Garzón.
Este magistrado instruye desde 1996 en Madrid procesos contra las antiguas dictaduras de Chile y Argentina (1976-1983) por masivas violaciones de derechos humanos en el marco de la llamada Operación Cóndor, que coordinó aparatos represivos sudamericanos en los años 70.
En octubre de 1998, Garzón logró el arresto de Pinochet en Londres y que la justicia británica acogiera una solicitud de extradición a España.
Pero ese juicio quedó trunco cuando el ministro del Interior de Gran Bretaña, Jack Straw, liberó al ex dictador por razones humanitarias y permitió su regreso a Chile en marzo de 2000.
También el martes, la Cámara Federal (tribunal de apelación) de Argentina rechazó un recurso de prescripción de los abogados de Pinochet y mantuvo los cargos en su contra como instigador del asesinato en Buenos Aires del ex comandante en jefe del ejército chileno, general Carlos Prats, y de su esposa, Sofía Cuthbert.
Prats y su esposa murieron en septiembre de 1974 en un atentado organizado por la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), policía secreta de la dictadura chilena, cuyo jefe, el entonces coronel Manuel Contreras, recibía órdenes directas de Pinochet.
En el proceso que desarrolla la jueza María Servini de Cubría, fue condenado a cadena perpetua el ex agente de la Dina Enrique Arancibia Clavel, pero la magistrada acusó a otros siete chilenos, incluyendo a Pinochet y Contreras.
El tercer trago amargo del martes para el ex dictador fue el rechazo de Guzmán al pedido de sus abogados de que se postergara su fichaje penal, decisión revertida este miércoles por la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que extendió a 15 días el plazo para esta diligencia.
Según informes extraoficiales, los activos que Pinochet mantiene en la Standard Life Assurance de Bermudas consisten en una póliza de seguros, cuyo monto se ignora.
Tanto los familiares como los abogados defensores del ex dictador restaron importancia a este hecho y fustigaron a Garzón, a quien acusaron de usar el caso Pinochet con un afán persecutorio y con fines de protagonismo.
Marco Antonio Pinochet, hijo menor del ex gobernante, sostuvo que su padre no tiene cuentas en el exterior, en tanto su hermana Lucía insistió en que la familia ha gastado prácticamente todo su patrimonio en la defensa y estancia del ex dictador en Londres y ahora en la causa judicial que se le sigue en Chile.
El gobierno de Ricardo Lagos reprobó la incautación solicitada por Garzón e insistió en que los tribunales chilenos son los únicos que tienen jurisprudencia para procesar a Pinochet.
La abogada Hertz, en cambio, recordó que la legislación española sobre delitos de genocidio, terrorismo y tortura, cargos de los que se acusa a Pinochet, faculta a Garzón para perseguir internacionalmente esos delitos e incautar fondos de los imputados.
Eduardo Contreras, otro de los abogados de la acusación contra el ex dictador, dijo que la justicia chilena debería imitar a la española y disponer tanto la investigación como el embargo de los bienes y fondos que Pinochet reunió bajo su prolongada dictadura.
La incautación de la cuenta de Pinochet en Bermudas reabrió en sordina en Chile el debate sobre el posible enriquecimiento ilícito del ex gobernante.
Se trata de un tabú del proceso de transición a la democracia, regulado desde 1989 por una norma que prohibe investigaciones parlamentarias sobre los bienes de los ex funcionarios de la dictadura.
En declaraciones telefónicas desde Madrid al diario Las Ultimas Noticias, el abogado Enrique Santiago, uno de los acusadores de Pinochet en España, dijo conocer otra cuenta en Luxemburgo a nombre de uno de los hijos del ex dictador.
Según Santiago, los montos que mantiene Pinochet en cuentas en el exterior «no son menores», ya que estarían vinculados a operaciones de compra de armas, como la que el ex dictador efectuaba en Europa en el momento de su arresto en Londres.
El dinero que se requise tendría como destino final indemnizar a las víctimas de la Operación Cóndor, lo cual podría significar el pago de unos 20 millones de dólares, señaló el abogado. (FIN/IPS/ggr/mj/hd/01
