La iniciativa de ayuda financiera para grupos opositores en Cuba del senador estadounidense Jesse Helms podría perjudicar en vez de beneficiar a los disidentes que dicen buscar cambios en paz en la isla.
El proyecto, presentado esta semana por Helms, del Partido Republicano, patrocinado por otros 10 senadores y denominado Ley de Solidaridad con Cuba 2001, propone destinar 100 millones de dólares durante cuatro años a grupos opositores de este país.
Los disidentes podrían recibir el dinero en efectivo o en medicamentos, comida, máquinas de fax y teléfonos, entre otros suministros, explicó Helms, coautor también de la ley que en 1996 reforzó el embargo estadounidense de cuatro décadas contra Cuba.
«Ideas como esa no ayudan a que la oposición pacífica gane su espacio en el país», comentó a IPS Rafael León, de Proyecto Demócrata Cubano, una de las cinco agrupaciones que componen la opositora Mesa de Reflexión.
Para León, se trata de un «gesto de injerencia, y así lo interpretará el gobierno», que tendrá nuevos argumentos para sostener que «la disidencia es solventada por potencias extranjeras».
El proyecto, es apoyado por la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), que nuclea a sectores del exilio fuertemente adversos al gobierno socialista de Fidel Castro.
Sin embargo, generó discrepancias en el Congreso estadounidense, donde coexisten percepciones divergentes respecto de la política hacia Cuba.
«Lo importante aquí es buscar la mejor forma de ayudar al pueblo cubano, y la mejor forma de hacerlo es con el fin del bloqueo económico y de la prohibición de los viajes a Cuba», subrayó el senador Christopher Dodd, del Partido Demócrata.
Helms sustentó su iniciativa en la idea de conceder a los disidentes cubanos un apoyo similar al recibido en la década del 90 por los opositores del gobierno comunista de Polonia de parte del gobierno de Ronald Reagan.
Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, consideró erróneo comparar la experiencia polaca con el caso de Cuba.
En opinión de Sánchez, un ex profesor de marxismo que milita en filas opositoras desde hace más de 30 años, el totalitarismo llegó a Polonia sobre los tanques de la desaparecida Unión Soviética, mientras el sistema cubano lo hizo luego de una «popularísima» revolución.
«La diferencia es raigal. En Cuba no están presentes una serie de elementos como la religiosidad, la amplitud del movimiento pro democracia y el peso del campesinado», estimó.
Por su parte, Héctor Palacios, del Centro de Estudios Sociales, advirtió que la iniciativa de Helms creará más tensiones y justificaciones (al gobierno) para no cambiar».
Palacios y Sánchez figuran entre los principales promotores de la búsqueda de consenso en la fragmentada oposición cubana, toda en la ilegalidad, en torno al denominado «Proyecto Varela».
El Proyecto es definido por sus impulsores como la plataforma política que abre el camino «para lograr garantías legales» en el ejercicio de derechos, como la libertad de prensa, de expresión, de propiedad y otros.
Según reportes hechos llegar a la prensa extranjera acreditada, 136 personas firmaron hasta ahora la convocatoria opositora de apoyo a la demanda de un plebiscito sobre esa iniciativa.
En esa consulta «el pueblo decidirá soberanamente sobre los cambios que deben realizarse en las leyes, para que garanticen la participación libre y responsable de los ciudadanos en la vida económica, social y política de nuestra sociedad», detalló un comunicado.
La Constitución cubana establece que una iniciativa de esa naturaleza promovida por los ciudadanos requiere la firma (ante notario público) de 10.000 electores.
«Hasta ahora no hemos sido molestados» en el trabajo de recoger firmas, aseguro Palacios, quien se mostró preocupado de que la propuesta de Helms sirva al gobierno de Castro de pretexto «para atacarnos».
La Habana ha sostenido siempre que Estados Unidos financia «grupúsculos» dentro de la isla para promover la subversión interna, al extremo de convertir las actividades contrarrevolucionarias en un «modo de vida fácil».
La iniciativa de Helms incluye además asistencia a prisioneros políticos y a sus familias, a economistas y a periodistas independientes y a miembros de grupos religiosos.
Así mismo, trataría de llevar recursos hacia bibliotecas independientes o grupos agrícolas en Cuba.
Medios de prensa añadieron que también intentaría modificar la prohibición comercial estadounidense para permitir que algunos cubanos que trabajan por cuenta propia pudieran vender sus productos en Estados Unidos. (FIN/IPS/pg/dm/ip/01
