La explosión este año de varias bombas en las tres principales ciudades de Colombia, con un saldo de 13 muertos y 253 heridos, desconcierta a las autoridades que temen estar ante una estrategia terrorista de los paramilitares de derecha o de la guerrilla izquierdista.
La Fiscalía involucró a cinco personas en los dos ataques explosivos perpetrados el viernes cerca de la estatal Universidad Nacional, en Bogotá, dos de las cuales fueron detenidas y se cree integran las llamadas Milicias Bolivarianas, brazo urbano de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Sin embargo, los investigadores no descartan que la colocación de las dos bombas, detonadas con una diferencia de 20 minutos y que causaron la muerte de cuatro personas y heridas a otras 25, haya sido obra de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La hipótesis es abonada por el destino de los ataques, la Universidad Nacional, que muchos identifican con sectores de izquierda.
Mientras, las AUC se responsabilizaron de la colocación de una bomba de 250 kilogramos de dinamita camuflada en un vehículo estacionado cerca del semanario Voz, del Partido Comunista, que fuera desactivada por la policía bogotana también la semana pasada.
En cuanto al atentado perpetrado el 16 de este mes en Medellín, donde un coche-bomba estalló en un centro comercial con un saldo de siete personas muertas y 138 heridas, las autoridades locales lo atribuyeron a una disputa de las AUC con sus antiguos socios de Las Terrazas, grupo de sicarios (asesinos a sueldo).
Ese grupo también fue responsabilizado de otra explosión de un automóvil cargado de explosivos en la misma noroccidental Medellín, ocurrida el 11 de enero y en el que murieron dos personas y 53 resultaron heridas.
Las Terrazas habían pasado a ocuparse del narcotráfico por orden de las AUC, tras la desaparición del Cartel de Medellín que sobrevino a la muerte a manos de la policía de su jefe Pablo Escobar, en diciembre de 1993.
Medellín, la segunda ciudad industrial del país después de Bogotá y que tiene 1,7 millones de habitantes, fue el centro de las operaciones de Escobar, quien junto al Cártel de Cali manejaba 80 por ciento del comercio de cocaína con destino a Estados Unidos.
Además, datos de la policía la ubican como el centro urbano con mayor cantidad de ataques terroristas, con un promedio de 11 por mes.
Pero, la ola de ataques no perdona tampoco a Cali, ubicada en el oeste del país y que con 1,5 millones de habitantes es considerada la tercera ciudad industrial.
Cali, escenario del también desaparecido cártel del mismo hasta la detención en 1995 de sus jefes, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, fue el blanco de dos atentados explosivos en lo que va del año.
El primer coche bomba explotó el día 4 frente a un hotel en el sector exclusivo de Cali y dejó 36 heridos, mientras que otras dos cargas de dinamita fueron detonadas en forma simultánea en la sede de la policía de la ciudad la madrugada del domingo pasado ocasionando heridas a una persona y daños en 36 edificios.
Las autoridades policiales creen que el atentado del 4 de este mes obedece a un enfrentamiento entre dos grupos de narcotraficantes, en tanto el segundo se presume que fue un ataque guerrillero.
El informe sobre criminalidad de la policía de Colombia indica que Cali, pese a tener cuatro millones menos de habitantes que Bogotá, encabeza las estadísticas de atentados terroristas, con un promedio mensual de ocho casos frente a siete registrados en la capital del país.
Alejandro Gaviria, de la privada Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), dijo a IPS que aparentemente «no hay una conexión clara» entre los atentados ocurridos en las tres ciudades.
El experto indicó que un primer análisis demuestra que los hechos terroristas tienden a contagiarse», porque el «éxito» de un grupo enseña a los «los otros que causa impacto en la gente y atención de los medios de comunicación y, aunque no tengan una conexión directa entre ellos, comienzan a imitarlos».
Ese impacto, que el investigador de Fedesarrollo denomina «de demostración» puede hacer pensar que los ataques indiscriminados que se están dando «van a continuar por algún tiempo».
Por su parte, Ligia Galvis, de la Universidad Nacional, apuntó que una de las consecuencias más graves de los últimos atentados es la desestabilización sicológica que genera en la sociedad.
Galvis entiende que la población teme salir de su casa, ir al trabajo, a un centro comercial o a los centros de estudio.
Agregó que detrás de los atentados están grupos con intereses tan fuertes que no quieren que «el país se estabilice» y quieren llevar la población a no creer en la paz.
La referencia de Galvis es al proceso de negociaciones del gobierno de Andrés Pastrana con las FARC, iniciado en 1999, y el acercamiento con el Ejército de Liberación Nacional, afectado por el rechazo de las AUC a permitir la desmilitarización de una zona del norte del país a ese efecto.
La Red de Solidaridad, plan gubernamental de asistencia a víctimas del conflicto armado interno, informó que las muertes por atentados y masacres suman unas 900 personas en los cuatro primeros meses del año, 100 por ciento más que en el mismo lapso de 2000. (FIN/IPS/yf/dm/hd/01
