El ex presidente de sudafricano Nelson Mandela, mediador en el conflicto de Burundi, necesita una nueva estrategia para impulsar el estancado proceso de paz en ese país, donde murieron 200.000 personas en los últimos ocho años, según expertos y activistas.
«Es obvio que Mandela está cansado de las negociaciones de paz en Burundi», dijo Françoise Grignon, del International Crisis Group (ICG), organización no gubernamental radicada en Bélgica que publicó esta semana un nuevo informe sobre Burundi, titulado «Rompiendo la parálisis».
«Se necesita más trabajo diplomático, un equipo más fuerte y una fórmula nueva en lugar de la de Arusha», dijo Grignon a los periodistas en Nairobi.
El 1 de diciembre de 1999, Mandela fue escogido como mediador en el conflicto burundés, y la sede de las conversaciones se estableció en la ciudad turística de Arusha, en el norte de Tanzania.
El acuerdo impulsado por Mandela fracasó de tal modo que pocos creen que sirva de base para un cese del fuego.
En agosto de 2000, cuatro partidos de la minoría étnica tutsi y los dos principales de la mayoría hutu se negaron a firmarlo, pese a la presión diplomática y a la presencia de cinco jefes de estado africanos y del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, que viajó a Tanzania especialmente.
El documento proponía un periodo de transición de tres años, en el cual el país debía celebrar elecciones, pero los hutu, que constituyen la mayoría de la población, y los tutsis, que dominan el gobierno y el ejército, están divididos en cuanto a las condiciones y los candidatos para la transición.
Los grupos hutu más importantes —las Fuerzas de Defensa de la Democracia (FDD) y el Frente de Liberación Nacional (FNL)— procuran nuevas iniciativas de mediación en Gabón y Sudáfrica, respectivamente.
«No creo que el acuerdo sea implementable. Todos las partes están recorriendo Europa oriental en busca de armas, es decir que se preparan para nuevas batallas», dijo Akasha Alsayeed Akasha, director del Centre for Strategic and Peace Research, con sede en Nairobi.
El conflicto iniciado en 1993 en Burundi, país con una población de 6,5 millones de habitantes, causó 200.000 muertes y fue un reflejo del que había estallado en Ruanda en 1994, cuando unos 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados por las milicias hutu.
La guerra civil en Burundi enfrentó al gobierno y el ejército, donde predomina la elite tutsi, con los grupos insurgentes hutu, mayoritaria en la población.
Cualquier entendimiento en Burundi debería ser coherente con los acuerdos de paz que se implementan en la vecina República Democrática del Congo (RDC), dijo Grignon.
En 1998, varias facciones contrarias al entonces presidente de RDC, Laurent-Desiré Kabila, se rebelaron con el apoyo de los gobiernos de Burundi, Ruanda y Uganda, mientras Angola, Namibia y Zimbabwe se alineaban detrás del líder congolés.
A su vez Kabila, armó y alojó a los grupos hutu de Burundi. Su hijo, el actual presidente Joseph Kabila, es una figura clave para terminar con las rebeliones en Burundi, Ruanda y Uganda.
El tono conciliatorio de sus últimas manifestaciones hace prever un posible acuerdo regional. Por otra parte, Kabila afronta una grave crisis financiera que le impide continuar con las tácticas desestabilizadoras de su padre.
Entre 4.000 y 12.000 rebeldes ingresaron a Burundi desde la RDC el mes pasado. Si bien los insurgentes poseen armas, no están preparados para una guerra prolongada, según varios expertos.
Por otra parte, el presidente de Burundi, Pierre Buyoya, acusó reiteradas veces a Tanzania de acoger a guerrilleros hutu.
«Es una vieja discusión que mantenemos con Tanzania. Ellos negaron por años que los insurgentes utilizaran su territorio, pero ya no se molestan en contestar. Esto es increíble, porque las pruebas son abrumadoras», dijo Buyoya al semanario East African.
Según el ICG, el último y fracasado intento de golpe de Estado liderado por un teniente del ejército al frente de un puñado de estudiantes del liceo militar fue una señal de lo que puede ocurrir en los próximos meses.
La decisión de Buyoya de cerrar el liceo militar y enviar a los amotinados (la mayoría de los cuales pertenecen a familias de la elite tutsi) al frente de batalla, es un intento de mostrar firmeza sin ofender a la clase dominante. El teniente que lideró el levantamiento permanece detenido.
La primera reacción del presidente fue crear una comisión especial para juzgar a los complotados, en lugar de una corte marcial, prueba de la frustración de Buyoya ante la minoría tutsi que se niega a cualquier negociación con los rebeldes.
Si bien el ejército aún controla la situación, los insurgentes lograron controlar un suburbio de la capital durante dos semanas. «Ellos saben que están luchando contra un régimen débil. Si pueden llegar hasta la capital, ¿por qué deberían negociar?», dijo Buyoya.
Existen incluso rivalidades entre dos intentos separados por nuevas iniciativas de mediación.
El líder del FDD, Jean Bosco Ndangikurukiye, inició contactos en busca de mediadores de habla francesa en Libreville, mientras el dirigente del FNL, Agathon Rwasa, se reunió con representantes de Burundi en Pretoria, para discutir un cese del fuego y una reforma de las fuerzas armadas.
En lugar de continuar procesos separados, el documento del ICG recomendó dividir responsabilidades entre Pretoria y Libreville, con Mandela como principal negociador.
Una de las principales sugerencias del ICG es que Buyoya sea invitado a Sudáfrica para discutir las condiciones de una salida honorable del gobierno, lo cual constituiría el acuerdo de Pretoria.
Si éste se negara, debería ser amenazado con sanciones personales, como el bloqueo de sus depósitos bancarios en el extranjero, acciones legales o restricción de viajes, sostuvo el ICG.
Por otra parte, el presidente Gabón, Omar Bongo, podría encabezar las conversaciones para el cese del fuego y el pedido de una inmediata tregua entre Buyoya, Rwasa y Ndayikengurukiye, el objetivo central del acuerdo de Libreville.
«Los insurgentes que se nieguen a negociar deben ser condenados y oficialmente declarados como fuerzas negativas», finalizó el informe. (FIN/IPS/tra-en/ja/mn/dc/mj/ip/01
