Dos importantes senadores de Brasil afrontaron hoy en el parlamento más de cuatro horas de un careo que puede llevarlos a la proscripción política y que acaparó la audiencia de la televisión, como una especie de novela de la vida real.
El Consejo de Etica del Senado promovió el interrogatorio para decidir si abre un proceso contra Antonio Carlos Magalhaes, ex presidente del Congreso Nacional legislativo, y José Roberto Arruda, ex líder del oficialismo en la cámara alta, acusados de violar normas parlamentarias.
Está en juego no solo la carrera de dos políticos sino la credibilidad del parlamento brasileño y la estabilidad de la coalición que respalda el gobierno de Fernando Henrique Cardoso.
La crisis, que desde el año pasado empantana la política brasileña, comprende así mismo numerosas denuncias de corrupción contra el actual presidente del Senado, Jader Barbalho, que también preside el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, una de las tres fuerzas principales de la coalición.
Magalhaes, además de dirigente del derechista Partido del Frente Liberal, es el jefe político casi absoluto del nororiental estado de Bahía, al que ya gobernó tres veces. Arruda debió dejar el Partido Socialdemócrata después de que 79 diputados de su mismo grupo pidieran su expulsión.
Los dos son sospechosos de haber violado el secreto de votación en una sesión realizada el 28 de junio pasado, cuando el Senado inhabilitó uno de sus miembros, Luiz Estevao Oliveira, involucrado en desvío de fondos públicos.
El careo, inédito en los 177 años de historia del Senado, fue convocado ante varias discrepancias entre testimonios anteriores de Magalhaes, Arruda y la ex directora del servicio de informática del Senado, Regina Peres Borges.
La técnica admitió haber dirigido la operación ilegal que permitió conocer el voto de cada uno de los 81 senadores, que por amplia mayoría condenaron a Estevao a la pérdida de su escaño y de sus derechos políticos por ocho años.
Pero Peres Borges aseguró que lo hizo por «determinación» del Arruda, entonces líder del oficialismo en el Senado, «en nombre» del presidente del Senado y del Congreso. Una única copia de la lista de los votos fue entregada a los senadores.
El delito sólo fue conocido por el público en febrero por indiscreción de Magalhaes en un diálogo reservado con tres fiscales, en que dijo conocer cómo votaron los senadores en la sesión del 28 de junio.
Uno de los fiscales rompió el acuerdo de secreto, grabó la conversación y la reveló a la revista semanal Isto E. Así se desató el escándalo que pasó a ser investigado por el Consejo de Etica del Senado.
Un examen de las computadoras, hecho por expertos de la Universidad de Campinas, constató la violación del sistema, pero no logró rescatar el programa usado con ese fin.
La investigación del Consejo ganó dramaticidad, y el testimonio de Peres Borges en audiencia pública el 19 de abril reveló en detalle toda la operación, comprometiendo gravemente a ambos senadores.
Arruda, que el día anterior había negado con vehemencia cualquier participación en la operación para desentrañar la votación secreta, sorprendió a sus pares y a la opinión pública cinco dias después, con una admisión de culpa que incluyó llantos y pedidos de disculpa incluso a sus hijos por la mentira.
Pero no admitió haber ordenado a Peres Borges violar el secreto de votación, sino que aseguró haberle hecho una simple «consulta» sobre la seguridad del sistema contra posibles fraudes que pudieran alterar los votos emitidos por los senadores a través de botones instalados en sus sillones.
La técnica habría entendido mal la consulta, según el senador.
Tal confusión no es creíble para la mayoría de los senadores ni para la población que, por abrumadora mayoría, según las encuestas, considera mentirosos y culpables a los senadores.
La reafirmación de la funcionaria de que recibió la «determinación» de obtener la lista de votos estableció la primera de varias discrepancias entre ella y los dos senadores y entre éstos, dejando al Consejo de Etica la tarea de establecer quienes mintieron.
Magalhaes, un líder político temido, negó haber inducido a Arruda, como éste aseguró, a consultar a Peres Borges sobre «cualquier asunto» relacionado con el sistema de votación electrónica.
Pero tampoco logró explicar razonablemente por qué aceptó tranquilamente la lista de votos y no adoptó ninguna medida, en su condición de presidente del Senado, contra Arruda ni contra la funcionaria, por el delito cometido.
Magalhaes atribuyó su silencio a la intención de evitar un escándalo que podría anular la votación que proscribió a un senador involucrado en corrupción.
Pero la justificación no aclara el mantenimiento de Peres Borges en su cargo, ni la falta de providencias para evitar nuevos fraudes en el sistema de votación.
Los 16 integrantes del Consejo de Etica del Senado deberán decidir si realiza un juicio político contra Magalhaes y Arruda en base a un informe que el relator Saturnino Braga prometió concluir en 10 días.
Si la celebración del juicio político es aprobada por la mayoría del Consejo, una sesión plenaria del Senado será convocado para emitir un fallo.
La inhabilitación política por ocho años es la pena máxima, seguida de suspensión por tiempo determinado, advertencia y censura.
Los hechos evidencian la violación del Código de Etica parlamentario y del reglamento interno, y la opinión pública reclama la inhabilitación, según los sondeos.
Pero inhabilitar a un líder de la estatura de Magalhaes sería un «terremoto político» dificil de afrontar, según analistas como Franklin Martins, de la red Globo de Televisión. (FIN/IPS/mo/mj/ip/01
